Un procedimiento discreto, apenas perceptible a simple vista, podría determinar el rumbo de la investigación por el reciente homicidio en el barrio El Peñón en Cali.
Durante la presentación pública de los cinco detenidos, un aspecto sobresalió: todos mantenían las manos cubiertas con bolsas plásticas hasta los codos, una medida que no responde a una formalidad sino a la preservación de evidencia crucial para el esclarecimiento del homicidio, según explicó un agente de la Policía.
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Estas bolsas, lejos de tratarse de un gesto simbólico, cumplen la función de resguardar posibles residuos de disparo en las extremidades de los capturados.
Un agente detalló que la finalidad es evitar la contaminación de muestras antes de la intervención de expertos del CTI de la Fiscalía.
“La prueba no demuestra por sí sola que una persona haya disparado un arma, pero sí constituye un elemento indiciario importante dentro del proceso investigativo”, señaló el funcionario en declaraciones reveladas por El País, subrayando que cualquier contacto o lavado podría interferir con la obtención de resultados precisos.
El asesinato aconteció el pasado fin de semana, cuando un hombre fue ultimado a tiros por un grupo de sicarios mientras almorzaba con su familia en uno de los sectores más concurridos del sur de Cali.
Tras el despliegue policial, las autoridades capturaron a los supuestos implicados y expusieron una mesa con armas confiscadas, municiones y teléfonos móviles frente a los detenidos, que permanecieron de espaldas y con las manos cubiertas.
La medida permite practicar de inmediato la prueba de residuos de disparo, conocida técnicamente como GSR. Este examen forense se basa en la recolección de partículas microscópicas que se liberan al accionar un arma de fuego.
Un perito adhiere cintas o discos especiales sobre la palma y el dorso de las manos, y en ocasiones, también en la muñeca, antebrazo o sobre prendas de vestir. Posteriormente, las muestras se envían a un laboratorio, en el que son examinadas mediante un microscopio electrónico de barrido en las instalaciones del laboratorio de criminalística en el sur de Cali.
Cada año, se registran cerca de mil homicidios en la ciudad. Para enfrentar ese panorama, el trabajo de los funcionarios de Policía Judicial, la Fiscalía y Medicina Legal abarca diversas disciplinas. Entre ellas, la dactiloscopia, que analiza huellas latentes en objetos recolectados para contrastarlas con bases de datos nacionales, y la balística forense, en la que cada proyectil se examina como una suerte de huella individual e irrepetible de la arma utilizada.
Los avances tecnológicos incorporados al laboratorio incluyen sustancias como BlueStar, un reactivo químico capaz de revelar rastros de sangre aún después de intentos de limpieza o de largos periodos de ocultamiento. A esto se suma la intervención de las ciencias forenses para esclarecer trayectorias, patrones y distancias de las lesiones, así como áreas menos visibles pero igual de concluyentes: la grafología y la topografía judicial.
En el caso específico del crimen en El Peñón, la decisión de cubrir las manos de los capturados representa la salvaguardia de una prueba silenciosa e inadvertida que puede ser decisiva en la atribución de responsabilidades penales.
La Fiscalía analiza relación entre asesinatos registrados en El Peñón y el centro de Cali
Las autoridades de Cali analizan dos hechos violentos que reavivaron la preocupación por la seguridad en la ciudad: el homicidio registrado el sábado en un restaurante de El Peñón y otro ataque letal ocurrido pocas horas después en el centro.
Según los investigadores, ambos sucesos podrían estar conectados, aunque se requiere avanzar en la recolección de pruebas para confirmar esta hipótesis. La Fiscalía General de la Nación ya procesa los elementos reunidos para determinar si ambos crímenes corresponden al mismo entramado delictivo.
En los avances iniciales de la investigación, trascendió que la víctima del segundo ataque, Andrés Villamil, conocido como “Paisa”, tendría presuntos vínculos con el tráfico de estupefacientes. Este dato cobra relevancia para los entes judiciales, que trabajan en descifrar la motivación de los homicidios y sus posibles nexos.
El primer episodio tuvo lugar durante la tarde del sábado 24 de enero, cuando Esteven Valencia Serna, de 30 años, fue asesinado en un comercio de el barrio El Peñon.
La víctima, identificada como comerciante de tenis, sufrió heridas de arma de fuego en cabeza, tórax, abdomen, espalda, mano y pierna, según confirmó la Policía. Los registros policiales indican que Valencia Serna no tenía antecedentes judiciales previos, aunque se investiga su posible relación con el cobro de rentas ilícitas.
Horas después, la violencia se trasladó al centro de Cali. En el interior de una panadería, hombres armados arremetieron contra Villamil, de la misma edad, provocando su muerte y dejando a dos personas heridas.
La Fiscalía y la fuerza pública no descartan una conexión directa entre la estructura criminal vinculada a la segunda víctima y los sucesos ocurridos en El Peñón, aunque la línea de investigación aún no es definitiva.
Durante el operativo desplegado tras el asesinato en El Peñón, se produjo la captura de cinco implicados, la mayoría con historial delictivo.
Entre los detenidos figuran Emerson Barreiro (21 años), Jhon Ordóñez (29 años, con antecedentes por porte ilegal de armas en Puerto Tejada, Cauca), Aroon Asprilla (29 años, antecedentes por hurto), Luis Arboleda (37 años, registros de estafa de menor cuantía y tráfico de drogas) y Kevin Osorio (30 años, implicado previamente en hurtos menores, lesiones personales y tráfico de armas). Osorio resultó lesionado durante los hechos.
Como parte del material probatorio incautado, la Policía decomisó dos revólveres, una pistola, un arma traumática y cuatro teléfonos celulares. Estos objetos serán claves en el desarrollo de la investigación para determinar responsabilidades y conexiones entre los involucrados.
La investigación continúa bajo supervisión de la Fiscalía General de la Nación.
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