Qué paso con la fortuna de Carlos Ramón González antes de la acusación de la Fiscalía por el caso Ungrd: casi la mitad desapareció

La Fiscalía General de la Nación puso el foco no solo en las presuntas maniobras de corrupción que involucran a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El ente investigador también analiza los movimientos recientes de su patrimonio, que registró una disminución significativa justo antes de que se formalizara el escrito de acusación en su contra.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo y consignada en documentos oficiales, la fortuna declarada por González ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) pasó de cerca de 12.000 millones de pesos en septiembre de 2024 a 6.500 millones de pesos en el más reciente informe conocido por las autoridades judiciales.

La reducción, de casi el 46%, se produjo en un periodo clave: los días previos a la citación de la Fiscalía y a la imposición de una restricción migratoria que le impidió salir del país.

Ventas y transferencias de bienes en el círculo familiar

Este ajuste patrimonial coincide con una serie de transferencias y ventas de bienes realizadas por González y por su esposa, Luz Dana Leal, operaciones que hoy hacen parte del análisis probatorio del ente acusador.

Según la investigación, Leal compró al exfuncionario su participación en una propiedad ubicada en el norte de Bogotá por 550 millones de pesos, una transacción que permitió a González desprenderse de uno de sus activos inmobiliarios más relevantes.

A esto se suma la venta de un apartamento de alto valor en el sector de El Chicó, que estaba a nombre de Leal y fue transferido a su hija, la abogada Tania América González Millares, por 675 millones de pesos.

Tras estas operaciones y luego de presentar su renuncia a un cargo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Leal salió del país con destino a Nicaragua, Estado que posteriormente concedió asilo político a Carlos Ramón González.

La investigación por cohecho, peculado y lavado de activos

Para la Fiscalía, estos movimientos financieros no pueden analizarse de forma aislada.

El escrito de acusación, radicado ante la Corte Suprema de Justicia y cuya audiencia está programada para el 29 de enero, atribuye a González los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, en el marco de un presunto esquema de desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según el ente investigador, parte de los fondos públicos asignados originalmente para la atención de emergencias habrían sido utilizados para asegurar apoyos políticos en el Congreso, con el objetivo de destrabar reformas clave del Gobierno, como la pensional y la sanitaria.

En ese contexto, la Fiscalía sostiene que el patrimonio de González y su variación reciente podrían estar relacionados con la necesidad de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

El documento judicial señala que el monto del peculado imputado, a favor de terceros como Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, asciende a 4.000 millones de pesos, mientras que las ofertas iniciales de sobornos habrían superado los 60.000 millones, aunque finalmente se concretaron pagos por 3.000 millones y 1.000 millones de pesos.

Las autoridades también analizan la relación de González con entidades como las corporaciones Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia, así como con la empresa Dansgold S.A.S., organizaciones que habrían canalizado préstamos políticos y obtenido contratos estatales.

Estas conexiones, según la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de una estructura diseñada para mover recursos públicos y privados en función de intereses políticos.

La Fiscalía advierte que la presunta ocultación o reorganización del patrimonio no solo agrava la situación jurídica del acusado, sino que afecta gravemente la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

“El procesamiento de los dineros evidencia una estrategia para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilegal”, sostiene el escrito.