El caso que involucra a uno de los hombres más influyentes del actual Gobierno colombiano avanza hacia una de sus etapas clave en los tribunales. La Fiscalía General de la Nación alista el escrito de acusación que presentará ante la Corte Suprema de Justicia contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), una figura que durante años ocupó un lugar central en el círculo de poder político.
El documento, conocido por Noticias RCN, traza una acusación severa. Para el ente investigador, el rol que desempeñó González dentro del Ejecutivo no solo agrava su situación jurídica, sino que eleva el nivel de reproche penal. Así lo plantea de manera explícita el escrito: “Estas especiales condiciones conllevan un mayor reproche punitivo, como quiera que se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República (sic)”.
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La acusación hace parte del escándalo por el presunto desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según la Fiscalía, fondos públicos que debían destinarse a la atención de emergencias habrían sido utilizados como moneda de cambio político, con el objetivo de asegurar respaldos en el Congreso para iniciativas del Ejecutivo. Lejos de tratarse de hechos aislados, el documento sostiene que existió una estructura organizada, con reuniones previas, instrucciones precisas y movimientos coordinados.
En ese contexto, el escrito de acusación señaló que González tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de las conductas atribuidas. “(...) sabía que desplegar éste tipo de comportamientos estaba prohibido por el Estatuto Punitivo, motivo por el cual le era exigible: (i) No OFRECERLE dádivas a los congresistas a cambio de su apoyo en el trámite de los proyectos del ejecutivo que cursaban en el órgano bicameral y, (ii) No DETERMINAR a los servidores públicos OLMEDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ y SANDRA LILIANA ORTÍZ NOVA al ORDENARLES adelantar las acciones ilícitas necesarias para conseguir recursos del Estado asignados a la UNGRD y luego entregarlos en los términos ya puntualizados” (sic).
Uno de los ejes probatorios más relevantes para la Fiscalía está relacionado con el seguimiento a encuentros clave. El expediente incluye registros de celdas telefónicas y grabaciones de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, en los que quedaron documentadas varias reuniones entre Olmedo López, entonces director de la Ungrd, y Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial. De acuerdo con la acusación, esos encuentros fueron determinantes para direccionar contratos y facilitar la salida irregular de recursos.
La Fiscalía insiste en que no existió justificación alguna para esas actuaciones. En el escrito se afirma que “La conducta fue desarrollada SIN JUSTA CAUSA, esto es, no concurrió causal legal de justificación alguna en el despliegue de los comportamientos y puso en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL” (sic). Para el ente acusador, el impacto del presunto esquema no solo fue financiero, sino institucional, al erosionar la confianza en el manejo de los recursos públicos.
Por estos hechos, Carlos Ramón González deberá enfrentar cargos por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. La audiencia de acusación ya tiene fecha, fue programada para el 29 de enero, a las 8:00 a. m., ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, un escenario reservado para los procesos contra altos funcionarios del Estado.
Sin embargo, el proceso avanza con un elemento adicional que complica el panorama. González se encuentra actualmente en Nicaragua, país al que viajó tras salir de Colombia y donde solicitó asilo político. Según su equipo de defensa, no tiene intención de regresar al país, incluso en el escenario de una eventual condena.
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