Las finanzas de las universidades públicas en Colombia atraviesan un momento crítico, según el más reciente informe de la Contraloría General.
Entre 2019 y 2024, apenas una de las 34 instituciones logró sostenerse con ingresos propios, mientras que el resto enfrenta una fuerte dependencia del presupuesto estatal y presenta saldos negativos alarmantes.
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La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) destaca como el único caso de autosuficiencia: sus ingresos superaron sus costos y gastos, lo que le permitió cerrar 2024 con un saldo positivo de 35.892 millones de pesos, según datos conocidos por el diario El Tiempo.
Esta resiliencia, según el informe, se debe a la variedad de fuentes de ingreso que ha sabido gestionar. Por el contrario, la Universidad Nacional registró el mayor déficit, con 764.220 millones de pesos en números rojos, mientras que la Universidad Militar tuvo la menor pérdida, de 13.714 millones.
La radiografía empeora al revisar el margen de utilidad bruta. En la Universidad de Sucre, la situación es particularmente grave: por cada peso recibido, pierde más de dos, con un margen negativo de 221,62%.
El documento advierte que esta universidad no podría sobrevivir sin las transferencias del Estado.
Cuando se suman recursos externos, como las transferencias nacionales o territoriales, cambia el panorama. En esa medición, la Universidad Nacional y la Unad reportan excedentes de 323.508 y 164.557 millones de pesos, respectivamente.
Sin embargo, solo cuatro universidades -Unad, Universidad Militar, Tecnológica de Pereira (UTP) y Universidad de Antioquia (UdeA)- pueden cubrir sus nóminas y gastos similares con fondos propios.
El análisis, de 165 páginas, incluyó 186 documentos financieros de 33 de las 34 universidades públicas. La Universidad Autónoma Indígena Intercultural no suministró información. La revisión abarca ingresos, gastos, inversión, solvencia y deudas.
El contexto nacional añade presión. La reciente salida del rector de la UdeA, ordenada por el Ministerio de Educación, y la disputa legal por la rectoría de la Universidad Nacional reflejan el clima de tensión política y financiera que rodea a la educación superior pública.
El informe fue elaborado por la delegada de la Contraloría para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, liderada por Andrey Rodríguez.
El estudio destaca otro reto estructural: el pasivo pensional. Entre 2019 y 2024, este compromiso aumentó de 10,1 a 10,3 billones de pesos en el sector educativo. Aunque el incremento parece leve al dividirse entre todas las instituciones, la Contraloría advierte que sigue siendo una carga significativa para la autonomía y solvencia de las universidades.
“El hecho de que los pasivos pensionales se mantengan en montos tan altos confirma que, más allá de las transferencias estatales, las universidades deben seguir afrontando compromisos históricos que afectan su autonomía financiera, la posibilidad de inversión en proyectos estratégicos para la educación superior y, por ende, se afecta la calidad de la educación superior”, concluye el informe.
El reporte también evidencia una fuerte concentración de recursos: la Universidad Nacional, la UdeA, la Univalle y la Unad reciben el 48 % de los fondos nacionales y el 37 % de los territoriales. La desigualdad en la distribución ha sido motivo de reclamos persistentes en distintas regiones del país.
Las preocupaciones de las propias universidades fueron recogidas en el informe. 19 instituciones reclamaron más recursos estatales y 26 afirmaron no recibir dinero del Sistema General de Participaciones.
A pesar del panorama adverso, la Contraloría señala avances en inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos. En 2024, el sector educativo alcanzó un financiamiento equivalente al 0,83% del PIB, el mayor de los últimos años.
Además, algunas universidades demostraron capacidad para financiar infraestructura y desarrollo a partir de sus propios ingresos, lo que representa “un indicador favorable para la sostenibilidad y el crecimiento institucional a mediano plazo”.
El informe recomienda repensar el modelo de financiación para lograr mayor equidad y diversificación de fuentes. Entre las alternativas planteadas figuran alianzas público-privadas y el fortalecimiento de la educación continua y virtual.
25 universidades proponen reformar la Ley 30 de 1992, especialmente los artículos 86 y 87, para que el ajuste anual del financiamiento se base en un índice educativo multidimensional y no solo en el IPC, permitiendo así incorporar criterios de salarios, infraestructura, tecnología, cobertura, calidad e investigación.
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