La Procuraduría insiste en cumplimiento estricto de la Ley de Garantías en contratación pública, por decreto del Ministerio de Trabajo

La Procuraduría General de la Nación reiteró la plena vigencia de la prohibición de modificar la nómina estatal y vincular nuevo personal en la administración pública durante los cuatro meses previos a las elecciones legislativas y presidenciales, una restricción clave de la Ley 996 de 2005.

“La Procuraduría General de la Nación reiteró a los nominadores, jefes de personal y jefes de control interno de las entidades del Estado las restricciones en materia de empleo público previstas en la Ley 996 de 2005, con ocasión de los procesos electorales de Congreso de la República y de Presidente y Vicepresidente para el periodo constitucional 2026 – 2030″, se observa en el comunicado del Ministerio Público publicado en su página oficial.

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Esta advertencia adquiere especial relevancia tras el reciente decreto del Ministerio de Trabajo, que anunció la creación de 1.141 empleos temporales en ese despacho, en un contexto preelectoral que exige el máximo cumplimiento de la normativa para no incurrir en irregularidades susceptibles de investigaciones y sanciones disciplinarias.

La Ley de Garantías, según el comunicado oficial de la Procuraduría, establece que las restricciones comienzan a regir desde el 8 de noviembre de 2025 para las elecciones de Congreso y a partir del 31 de enero de 2026 para los comicios presidenciales.

El ente de control precisó que estas limitaciones se mantienen vigentes hasta la fecha de cada elección, o en caso de segunda vuelta presidencial, hasta junio de 2026.

El incumplimiento de dichas disposiciones puede derivar en responsabilidades disciplinarias para los funcionarios, por lo que la Procuraduría solicitó a los jefes de control interno fortalecer los mecanismos de verificación y acompañamiento institucional para evitar sanciones en la administración pública actual.

“Finalmente, el Ministerio Público instó a los jefes de control interno a fortalecer las acciones de verificación y acompañamiento institucional,recordando que el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la Ley 996 de 2005 puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias, en el marco de la función preventiva que ejerce la Procuraduría General de la Nación”, se agrega en el documento.

Fuentes del Ministerio de Trabajo informaron a Blu Radio que el propósito del decreto es formalizar el nombramiento de entre 300 y 500 personas antes del 31 de enero, fecha clave tras la cual queda prohibida toda contratación temporal debido al inicio formal del periodo de Ley de Garantías para las elecciones de 2026.

No obstante, esta postura ha sido cuestionada por diversos actores políticos, que sostienen que podría tratarse de una estrategia gubernamental para otorgar “prebendas” a pocos meses de la contienda electoral, algo que la cartera laboral niega, asegurando que la medida no obedece a intereses políticos.

La Procuraduría enfatizó que ninguna de las nuevas disposiciones anunciadas “implica la creación de nuevos requisitos, autorizaciones previas ni ampliaciones del período de aplicación de la Ley de Garantías” y subrayó: “La autonomía y discrecionalidad de los nominadores deben ejercerse conforme a la Constitución y la ley, sin afectar indebidamente la gestión del talento humano”.

De este modo, el Ministerio Público reiteró el llamado a nominadores, jefes de personal y directivos de control interno en las entidades estatales, para que velen por el cumplimiento estricto de las restricciones legales en materia de empleo público durante el periodo electoral.

La modificación o afectación de la nómina estatal, así como la vinculación de personal, solo están permitidas bajo excepciones expresamente contempladas en la ley.

La Procuraduría recalcó que su función preventiva se enfoca en evitar que la administración actual incurra en irregularidades, recordando que cualquier vulneración a la Ley 996 de 2005 será objeto de investigación y posible sanción disciplinaria.