Tres militares resultaron heridos en la mañana del 22 de enero de 2026 en el municipio de Anorí (Antioquia), tras la detonación de un campo minado durante operaciones militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7.
El Comando de la Séptima División del Ejército Nacional consideró que este hecho “demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH, y con las cuales se pone en grave riesgo a las poblaciones”, según señaló en un comunicado.
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El ataque se atribuyó a una comisión mixta formada por el Frente Héroes y Mártires de Anorí del ELN de las disidencias de las Farc, por lo que la institución responsabilizó a “presuntos narcoterroristas de la comisión mixta de los grupos armados organizados Frente Héroes y Mártires de Anorí, del ELN, y la Estructura Residual 36, de las disidencias de las Farc”.
Tras conocerse el estado de los heridos, se coordinó con el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para su evacuación: “se dispuso de aeronaves para la extracción correspondiente del personal”, detalló el comando castrense.
Los militares afectados “presentan lesiones y afectaciones por causa de la activación de los artefactos explosivos”. El comunicado remarcó además la respuesta inmediata para asistir a los heridos: “A nuestros soldados se les brindó atención de inmediato por parte de enfermeros de combate para su evacuación a los centros médicos donde se les realizará la respectiva atención médica”.
El Ejército Nacional anunció el refuerzo de operaciones en la región: “La Séptima División del Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, intensificará las operaciones ofensivas en la zona, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de este acto criminal, al tiempo que se reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del Nordeste del departamento”.
Enfrentamiento entre soldados en batallón de Malambo deja varios heridos
Una pelea masiva entre soldados del Batallón de Ingenieros de Combate n.º 2, General Javier Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico, dejó varios heridos tras un incidente ocurrido el viernes 16 de enero, inmediatamente después de una ceremonia militar.
El Ejército Nacional de Colombia ha abierto investigaciones disciplinarias y penales, identificando a los implicados y asegurando que el altercado “se originó por diferencias personales y falta de tolerancia”, según un comunicado oficial que también confirmó que dos suboficiales y un soldado recibieron atención médica por heridas leves y actualmente se encuentran estables.
Las denuncias sobre el ambiente interno en la unidad militar suman tensión, especialmente después de que Alexander Chala Sáenz, sargento retirado, señalara en la red social X que el incidente es el resultado de un deterioro continuo en las condiciones internas, agravado por reclamos previos de “presuntos abusos, malos tratos y arbitrariedades”, incluyendo quejas formales del pasado 16 de diciembre contra el comandante, coronel Roni Buitrago Vergara.
La polémica también gira en torno a la calidad de los alimentos suministrados al personal, que habría actuado como detonante del conflicto en el rancho de tropa. El sargento retirado aseguró que durante la jornada del 16 de enero, al intentar los soldados escalar sus quejas, las respuestas del comandante Buitrago fueron descritas como “grosera, irracional y grotesca”, situación que —según testigos citados— provocó la intensificación del enfrentamiento y puso en riesgo la seguridad de civiles y funcionarios.
El video del altercado, ampliamente difundido en redes sociales, muestra a los militares lanzando objetos contundentes y ha reavivado el debate sobre la autoridad interna y el bienestar en los cuarteles del país. Voces externas insisten en que la actuación del mando permitió la escalada de la tensión por la falta de correctivos adecuados.
Entre los afectados se encuentran un sargento segundo, un cabo que quedó inconsciente tras ataques con piedras, y un soldado profesional SL18. Los hechos, resaltó Chala Sáenz, contrastan con la política del presidente Gustavo Petro, quien ha reiterado públicamente la necesidad de dignificar y proteger a las Fuerzas Militares.
Las investigaciones se mantienen en curso mientras la institución castrense sostiene que ninguna conducta de este tipo representa los valores y el código de honor de las fuerzas armadas, y reafirma su compromiso con la disciplina y el respeto institucional.
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