Contraloría advirtió a entidades del Gobierno Petro sobre las duras consecuencias de recorte presupuestal a megaobra clave para el país

El megaproyecto de recuperación ambiental del Canal del Dique, uno de los de mayor relevancia para la región Caribe, enfrenta un escenario de alta incertidumbre tras la decisión del Gobierno colombiano de recortar el presupuesto asignado a esta iniciativa. Esta determinación podría tener consecuencias legales y afecta iniciativas consideradas estratégicas para la mitigación de riesgos ambientales, según advirtieron organizaciones del sector.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) manifestó, según una carta dirigida a las principales autoridades del sector, su profunda inquietud por el recorte de recursos a proyectos relevantes como el del Canal del Dique, estimando que la reducción podría alcanzar los $636.000.000.000.

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Sumado a la preocupación de la entidad, la Contraloría General de la Nación envió una carta al Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) expresando su preocupación por el recorte unilateral de recursos al megaproyecto de restauración del Canal del Dique.

Según puntualiza el documento, la decisión sobre la financiación del megaproyecto tomada por el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, viola decretos establecidos.

“Para la CGR, esta decisión amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en la ADVERTENCIA emitida a las tres entidades que ustedes lideran, mediante el Oficio 2025££0109548 de junio 4 de 2025 y, además, con ella se habría incumplido también lo expresamente establecido en el Decreto 1472 del 29 de diciembre de 2025 expedido por la Dirección Nacional de Planeación (DNP), dos días antes del decreto del MHCP que ordenó dicho recorte”.

La alerta que emitió el ente de control también señala que el recorte del presupuesto trae consigo un efecto negativo que afecta el patrimonio del país.

“No se puede compartir que, habiendo estado siempre disponible para la ANI, la opción cierta de haberlo concertado y pactado en oportunidad con sus concesionarios, ahora, en aras de la legitima aspiración de optimizar los recursos públicos, se haya modificado una condición contractual vigente de manera unilateral y por decreto, que además podría derivar en la generación de un daño fiscal al Patrimonio del Estado”.

Basado en sus preocupaciones, exigió al Gobierno nacional entregar información sobre “justificación técnica, legal y financiera de la necesidad de reprogramación de vigencias futuras por parte de la entidad u órgano ejecutor, en relación con el proyecto de Asociación Público-Privada específico que incluya la manifestación expresa del contratista del proyecto de Asociación Público-Privada, en la que conste su conformidad con los ajustes financieros y presupuestales”.

Así mismo, solicitó la “propuesta de la entidad u órgano ejecutor del nuevo cronograma de compromisos anuales de vigencias futuras, indicando los montos por vigencia fiscal, que asegure la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los compromisos económicos y financieros para la ejecución del proyecto de Asociación Público-Privada”.

En la carta, la Contraloría subrayó la necesidad de enviar la documentación que revele detalles sobre el aspecto contractual de la megaobra.

“Certificación por parte del Representante Legal de la entidad u órgano ejecutor en la cual conste que la reprogramación de vigencias futuras no implica incremento del valor total del contrato respecto de la autorización inicial, y que la modificación contractual de mutuo acuerdo prevista se adecúa a los límites en materia de plazo,adiciones y prórrogas establecidos en la Ley 1508 de 2012, y las normas que la reemplacen, adicionen o reglamenten”.

Y agregó: “Concepto previo favorable del Ministerio o entidad cabeza del sector sobre la viabilidad de la reprogramación de la vigencia futura solicitada y en el que se certifique que los valores incluidos en la propuesta de reprogramación de vigencias futuras cuentan con disponibilidad dentro del monto del límite anual sectorial asignado, de conformidad con el artículo 2.2.2.1.11.2 del presente Decreto”.