Senado convoca sesión para debate de control político por emergencia económica antes de enviar concepto a la Corte Constitucional

A un mes de la expedición del decreto que estableció la emergencia económica en Colombia, el Senado de la República convocó a una plenaria extraordinaria para que los ministros del Gobierno nacional expongan los argumentos detrás de esta decisión y respondan a los cuestionamientos sobre su implementación.

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, insistió en la necesidad de esta citación tras cumplirse los 30 días de vigencia de la medida.

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La declaratoria de emergencia económica fue oficializada el 22 de diciembre de 2025. El periodo de vigencia concluye este 21 de enero de 2026, lo que ha generado inquietudes sobre las acciones y decretos expedidos bajo este régimen.

El propio senador Motoa envió una carta a la mesa directiva del Congreso en la que pidió agendar el debate para que los titulares de las carteras ministeriales comparezcan y ofrezcan explicaciones públicas respecto a las medidas adoptadas.

En el documento, el legislador recordó que el control político en situaciones excepcionales está previsto por la ley y permite que el Congreso exija explicaciones al Ejecutivo una vez transcurridos diez días del término de la emergencia.

Motoa recalcó: “Solicité a la Mesa Directiva del Senado, nuevamente, convocar al Gobierno nacional para que rinda cuentas sobre el decretazo de la llamada ‘emergencia’ económica, porque no puede ser que, pasado un mes desde que Gustavo Petro se tomó esas atribuciones, aún no haya rendido cuentas ni ofrecido explicaciones de ningún tipo”.

La solicitud del senador de Cambio Radical se ha reiterado en tres ocasiones. La proposición de control político fue aprobada el 26 de diciembre de 2025; sin embargo, la mayoría de los ministerios no ha respondido integralmente a los cuestionarios remitidos por el Senado.

Según información oficial, solo el Ministerio de Hacienda entregó respuestas completas, mientras que las carteras de Justicia y Defensa respondieron parcialmente. El resto solicitó prórrogas o no ha presentado respuestas.

Motoa expuso que el 5 de enero de 2026 solicitó la convocatoria urgente a la plenaria para la realización del debate, reiterando su petición el 13 de enero de este año. Hasta la fecha, la plenaria no se había realizado. En sus palabras: “Debe destacarse que la totalidad de los citados al debate no ha dado respuesta integral al cuestionario aprobado por la Plenaria del Senado de la República”.

El presidente del Senado, Lidio García, enfatizó que el legislativo posee autonomía para ejercer control político sin importar el receso de las sesiones ordinarias.

De acuerdo con lo informado por la mesa directiva, la plenaria extraordinaria fue programada para el 27 de enero de 2026, fecha en la que se espera la participación de todos los ministros para ofrecer detalles sobre la declaratoria y los decretos expedidos.

Esta previsto que la sesión extraordinaria se lleve a cabo a las 10:00 a. m. de la fecha mencionada.

El senador Motoa también remitió una queja ante la Procuraduría por la falta de respuestas oportunas de los ministerios y presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el decreto de emergencia económica.

Motoa sostuvo: “Cumplidos los términos previstos en la Constitución y en la Ley, a más tardar el 31 de enero de 2026 se debe convocar el debate de control político sobre la emergencia económica y todos los Ministerios deben dar respuesta”.

La medida de emergencia permitió al Ejecutivo emitir decretos con fuerza de ley hasta el 21 de enero a las 12 de la noche. Diversos sectores han manifestado preocupación por el contenido de estos decretos.

Uno de los puntos que más controversia ha generado es el aumento del IVA sobre el tabaco y los licores, una decisión que no contó con consenso entre el Gobierno Nacional y los gobernadores, quienes han expresado que la medida puede afectar los recursos regionales.

El debate convocado por el Senado busca esclarecer los fundamentos de la declaratoria, la legalidad de los decretos expedidos y las repercusiones sociales y fiscales derivadas. El Congreso, en ejercicio de sus funciones de control, pretende que los ministros respondan a los cuestionamientos y presenten informes claros y detallados sobre el alcance de las medidas adoptadas durante la emergencia.