El reciente ajuste en los esquemas de seguridad para los excombatientes y militantes del partido Comunes, resultado de la expedición de los Decretos 019 y 020 de 2026, ha generado una fuerte preocupación sobre la continuidad y la seguridad del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia.
Desde su firma en 2016, que puso fin a más de 54 años de conflicto armado, el cumplimiento de lo pactado ha sido considerado no solo un mandato constitucional, sino también un compromiso internacional que obliga al Estado colombiano a garantizar la protección de quienes decidieron abandonar la guerra.
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Según el partido Comunes, las nuevas disposiciones, adoptadas sin consulta previa ni verificación con los mecanismos establecidos, representan un retroceso significativo que amenaza la vida y la integridad de los excombatientes y militantes de la formación política.
En un pronunciamiento público, la colectividad señaló que la expedición de los decretos constituye un acto “unilateral y regresivo”, que modifica el esquema de seguridad sin la concertación ni la supervisión de los órganos correspondientes, vaciando de garantías fundamentales el marco de protección previsto en el Acuerdo Final.
“Estos decretos alteran de manera directa el esquema de seguridad y protección de los y las firmantes del Acuerdo Final, sin consulta, sin verificación y en abierto desconocimiento de los compromisos adquiridos por el Estado”, afirmó el partido en su comunicado.
El señalamiento cobra mayor gravedad por lo que Comunes considera un desmantelamiento del carácter especializado de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, que ahora pasaría a formar parte de una estructura general dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según la agrupación, esta decisión contraviene los lineamientos institucionales establecidos en los Decretos 30 y 301 de 2017, incrementando el riesgo sobre una población que continúa siendo víctima de asesinatos, amenazas y persecución en diferentes regiones del país.
“Estas medidas envían un mensaje de fragilidad e incertidumbre a quienes deberían estar protegidos por el Acuerdo Final de Paz”, enfatizó la colectividad. Comunes también destacó que los decretos en cuestión omiten cualquier referencia al Acuerdo, y no se sometieron a verificación ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), organismo creado para garantizar la correcta ejecución de los compromisos adquiridos por el Estado.
El partido hizo un llamado a la comunidad internacional, incluyendo a Naciones Unidas y a los países garantes del proceso de paz, para que se pronuncien frente a esta situación que consideran una violación directa de lo estipulado en el Decreto 1995 de 2016 y el Acto Legislativo 01 de 2017.
Estas normas obligan a todas las autoridades del Estado a actuar con “coherencia, integridad y fidelidad” en la implementación del Acuerdo, garantías que, según Comunes, se vulneran con los cambios recientes.
La denuncia subraya que cualquier derogación o sustitución normativa de los instrumentos de protección, aunque mantenga formalmente algunos elementos previos, solo puede realizarse dentro de los procedimientos y concertaciones previstas en la normativa.
“Advertimos a la comunidad internacional que la derogatoria y sustitución de los instrumentos de protección del Acuerdo Final, aun cuando reproduzcan formalmente contenidos anteriores, constituye un acto de implementación que no puede ejecutarse al margen de los procedimientos, verificaciones y concertaciones establecidas”, señala el comunicado.
La organización política concluye que la adopción de los Decretos 019 y 020 de manera unilateral y sin los mecanismos de control establecidos genera un precedente negativo para la consolidación de la paz en Colombia.
“No puede hablarse de paz sin garantías reales, ni de reconciliación posible cuando se incumple la palabra empeñada por el Estado”, advierte Comunes, responsabilizando al Gobierno de cualquier afectación que puedan sufrir sus firmantes y militantes como consecuencia de estas decisiones.
El líder del partido Pastor Alape también se pronunció frente al reciente informe de la Contraloría sobre los bienes entregados por las desmovilizadas Farc, rechazando las críticas y defendiendo el cumplimiento del proceso por parte de los firmantes del Acuerdo de Paz. Alape destacó que la entrega de los bienes se realizó siguiendo los procedimientos establecidos y dentro del marco legal y constitucional, con supervisión de las autoridades competentes.
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