El Gobierno de Colombia eliminó la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República, redefiniendo el régimen salarial para los futuros legisladores.
Esta decisión, formalizada por el Decreto 0030 de 2026, entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026 y forma parte de un esfuerzo para asegurar la racionalidad en el gasto público y ajustar la política remuneratoria parlamentaria a las condiciones económicas del país.
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Este esquema salarial, además de su efecto directo en el Congreso, determina los ingresos de otros funcionarios de otras ramas del poder público en Colombia, debido a normativas de equivalencia.
Dicha estructura está fundamentada principalmente en el Marco Constitucional y la Ley Marco de Salarios (Ley 4 de 1992), junto con decretos específicos que se actualizan anualmente.
El primero hace referencia al artículo 187, el cual establece que la asignación de los congresistas se reajustará anualmente por el Gobierno Nacional, basándose en el promedio ponderado de los cambios en la remuneración de los servidores de la administración central.
Mientras que la segunda normativa consiste en la equivalencia salarial de los servidores públicos del país.
Los cargos afectados por la medida del Gobierno Petro
De acuerdo con lo estipulado por las leyes anteriormente mencionadas, los cargos que dependen de este ajuste o están vinculados a su tope salarial incluyen a los magistrados de las Altas Cortes, entre ellas la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo mantienen sueldos alineados con los parlamentarios, reforzando el principio de jerarquía institucional.
Otros cargos de alto nivel como el Registrador Nacional del Estado Civil y los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) se ven afectados por los mismos criterios de ajuste.
También tienen derecho a igual remuneración el Fiscal General de la Nación y los magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La remuneración de estos funcionarios sigue la evolución de los salarios definidos para los congresistas y magistrados, consolidando una política de uniformidad en las más altas esferas del servicio público.
Así quedaría el salario de los funcionarios
En el caso de los congresistas, los servidores devengaban un salario aproximado de $51.512.446. A partir de la entrada en vigor del Decreto 0030 de 2026, con la eliminación de la prima de servicios que es de $16.914.540, el monto que tendrán desde julio de 2026 será de $34.597.906, respectivamente.
Según los criterios de equivalencia legal, la remuneración para los magistrados de las Altas Cortes colombianas recibirán un total muy similar al nuevo estándar de los congresistas, quedando su salario bruto en el rango de $31,2 millones al mes, tal como lo estipula la normativa.
En el sector de organismos de control, la situación es diversa. El Procurador General de la Nación históricamente recibió un total cercano a $55.313.179 mensuales, cifra que incluía todos los factores salariales de acuerdo con las tablas de 2025, según registros oficiales. Sin embargo, con la fijación del tope máximo para remuneraciones, se anticipa un ajuste a la baja para los nombramientos posteriores a 2026.
Por su parte, el Contralor General de la República tenía una asignación básica y gastos de representación por unos $21.855.508 al mes en 2025, aunque el total efectivamente percibido superaba los $45 millones, gracias a primas y bonificaciones. Según el nuevo esquema, estos montos deberán alinearse con los límites salariales que define la actualización normativa.
Quien ocupa el cargo de Defensor del Pueblo obtendrá un ingreso que se ajusta conforme a la equivalencia con magistrados de altas cortes, pasando a fluctuar entre $31 y $35 millones mensuales según los nuevos lineamientos de 2026.
El Registrador Nacional del Estado Civil, igualmente vinculado a la escala de magistrados, verá reducido su salario al quedar sujeto a la misma eliminación de beneficios, alineándose con los montos que percibirán los altos jueces y parlamentarios colombianos.
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