La controversia en el Congreso de Colombia escaló tras la publicación de un decreto impulsado por el presidente Gustavo Petro que busca reducir los salarios de los legisladores, pero cuya entrada en vigencia fue pospuesta siete meses.
Lina María Garrido, representante a la Cámara por el Cambio Radical, desafió abiertamente al presidente Petro en la red social X, señalando supuestas motivaciones electorales detrás de la medida.
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Las críticas se centraron en el retraso de la aplicación de la nueva normativa y en la viabilidad legal de la propuesta. El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el decreto generó una fuerte reacción en sectores políticos y ciudadanos.
Según explicó Garrido, “ese decreto nació muerto”, haciendo referencia a posibles problemas legales que impedirían su aplicación inmediata.
En un video difundido también en X, Garrido cuestionó la demora en la entrada en vigor de la reducción salarial: “Gustavo Petro, si usted de verdad es tan guapito como ahora quiere posar en campaña, le hago una pregunta: ¿por qué el decreto para bajar la prima a los congresistas se empieza a regir en siete meses y no desde hoy?”. Además, retó de manera pública al mandatario a modificar la norma para que tenga efecto inmediato.
La activista expresó su acuerdo con la reducción de salarios y el recorte del número de legisladores.
Afirmó: “Hoy somos más de 300 congresistas y con la mitad sería más que suficiente”. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con lo que describió como “payaso populista a mentirle a Colombia sacando un decreto que usted sabe que le van a tumbar”.
Garrido argumentó que la ley 4 de 1992 establece que los magistrados de las altas cortes, el procurador, el contralor, el fiscal y otros altos cargos reciben una prima igual a la de los congresistas.
“Si le quita la prima a los congresistas, también se la quita a ellos. ¿Y adivine qué? Pues viene una lluvia de demandas contra ese decreto y lo van a tumbar”, señaló.
La congresista también criticó otras políticas recientes del Gobierno. “Ese mismo populismo es el que aplica cuando sale a decir que van a bajar la gasolina 300 pesitos por galón después de haberle subido más de siete mil pesos por galón”, afirmó. Además, advirtió que el aumento del salario mínimo por encima de la inflación podría generar desempleo.
Garrido cuestionó la falta de reacción del presidente ante las declaraciones de su senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien había comparado el salario de los congresistas con el de los futbolistas: “Nadie discute cuánto es un salario de un futbolista, porque le reconoce su esfuerzo”, expresó la senadora.
La militante de Cambio Radical preguntó por qué el mandatario no se pronunció cuando figuras cercanas a su gobierno, como Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, defendieron el nivel actual de remuneración de los legisladores.
En declaraciones recogidas por la propia Garrido, Bolívar sostuvo: “Por decirle algo, un senador se endeuda en 500 millones porque sabe que puede pagar cuotas de 15 millones, a esa persona no se le puede decir hoy: ‘No, ya no va a ganar 35, sino 25’”.
Garrido concluyó su intervención en X señalando la presunta influencia del ministro del Interior en las estrategias políticas del presidente: “Cómo se nota que Benedetti lo está asesorando para hacer politiquería barata, que sumado a la suya, dan pesar. Qué berracos tan descarados, pero les aseguro que ya no le comen cuento. Petro ilegítimo y mentiroso”.
Petro elimina prima especial de servicios y reduce salario de futuros congresistas
El Gobierno de Gustavo Petro emitió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, eliminando la prima especial de servicios para congresistas, que sumaba $16.914.540 mensuales.
Esta bonificación, diferente a la prima de servicios general, formaba parte de la remuneración legislativa desde 2013.
Petro afirmó en X: “Es muy justo reducir el salario a los congresistas”. La medida, vigente desde el 20 de julio, no aplica retroactivamente y afectará a quienes resulten elegidos en marzo.
El decreto enfatiza que la remuneración congresional resulta desproporcionada y exige ajustes para garantizar sostenibilidad fiscal, equidad y transparencia estatal.
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