El proceso judicial contra Sandra Ortiz Nova suma un nuevo capítulo tras la última negativa de libertad. La exconsejera presidencial, quien permanece privada de la libertad en medio del caso por presunto direccionamiento de fondos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), seguirá detenida luego de que el Juzgado 26 de control de garantías negara su liberación por vencimiento de términos.
Ante esta decisión, la defensa encabezada por el abogado Mauricio Camacho anunció la presentación de una acción de hábeas corpus, recurso que busca salvaguardar el derecho fundamental a la libertad personal.
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Según explicó Camacho, una vez radicada la solicitud, el juez encargado debe pronunciarse en un plazo máximo de 36 horas para determinar la legalidad de la detención.
El argumento central de la defensa gira en torno al supuesto agotamiento de los plazos procesales. No obstante, la última decisión judicial desestimó este planteamiento. El juez consideró que parte del tiempo transcurrido no debe ser imputable al Estado, ya que corresponde a periodos en que se resolvían recursos promovidos por la misma defensa, como la solicitud de nulidad de la imputación.
Además, el despacho judicial resaltó otro aspecto determinante: la audiencia preparatoria del juicio fue pospuesta a petición de la propia defensa, que alegó la falta de recaudo de pruebas necesarias para el proceso.
El juez concluyó que esos días también deben descontarse del conteo de plazos atribuibles para solicitar la libertad, lo que dilató aún más las posibilidades de Ortiz de salir en libertad provisional.
La estrategia legal de Camacho incluyó previamente una apelación contra una negativa anterior de libertad, emitida por la jueza 79 de control de garantías a finales de diciembre de 2025.
Sin embargo, según apuntó el abogado, optó por retirar ese recurso debido a la prolongada espera que suelen implicar las resoluciones en segunda instancia. “En el caso de Sandra Ortiz, la segunda instancia no se demora días, como dice el código, sino meses. Si me esperaba a que resolvieran la apelación, me la iban a resolver en marzo”, detalló Camacho ante la prensa.
Mientras tanto, la investigación de la Fiscalía avanza sobre la base de presuntos pagos ilícitos. El expediente sostiene que Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que ese dinero sería destinado al pago de sobornos.
El objetivo: direccionar una orden de proveeduría vinculada con la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua potable a comunidades de La Guajira.
Las posibilidades de libertad para la exfuncionaria quedan ahora en manos de la respuesta judicial al hábeas corpus. El caso sigue generando repercusiones en el entorno político y judicial, mientras el país observa el desarrollo de uno de los procesos más seguidos por presunta corrupción en la gestión de recursos públicos.
Exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla también buscan libertad
La posibilidad de que los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez recuperen su libertad podría definirse en los próximos días, tras la asignación de tres magistradas del Tribunal Superior de Bogotá para analizar sus recursos de apelación. La defensa de ambos solicitó, como alternativa, la detención domiciliaria mientras la investigación sigue su curso.
La magistrada Catalina Guerrero Rosas será la encargada de estudiar los argumentos que buscan revertir la medida de aseguramiento en centro carcelario, decretada el 18 de diciembre de 2025. Junto a ella, Isabel Fernández y Alejandra Ardila Polo conformarán el equipo que decidirá en segunda instancia el futuro inmediato de los exministros, según informó el Tribunal Superior de Bogotá.
Los representantes legales de Bonilla y Velasco insisten en que sus defendidos deberían enfrentar el proceso en libertad, que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia. Además, argumentan que, si no se concede la libertad total, al menos se les permita permanecer en detención domiciliaria.
La acusación de la Fiscalía General de la Nación sostiene que ambos exfuncionarios habrían participado en un esquema para la “compra” de congresistas, a cambio de la aprobación de 74 proyectos regionales con un presupuesto superior a 612.000 millones de pesos.
Así lo señaló la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, quien detalló que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habría conformado una estructura delictiva que impactó tanto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) como al Instituto Nacional de Vías (Invías).
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