Petro pidió la liberación de Jorge Glas y aseguró que el exvicepresidente de Ecuador “sufre de tortura psicológica”

El pronunciamiento del jefe de Estado colombiano se produjo luego de que difundiera una imagen reciente del exfuncionario y recordara que Glas cuenta con la nacionalidad colombiana, otorgada en 2025

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Petro señaló que Glas es ciudadano colombiano y equiparó su caso con llamados previos por presos políticos en Venezuela y Nicaragua - crédito Iván Valencia/AP y @petrogustavo/X
Petro señaló que Glas es ciudadano colombiano y equiparó su caso con llamados previos por presos políticos en Venezuela y Nicaragua - crédito Iván Valencia/AP y @petrogustavo/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó públicamente la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por casos de corrupción, al afirmar que su estado físico evidencia afectaciones asociadas a tortura psicológica.

El pronunciamiento fue realizado a través de una publicación en la red social X, acompañada de una imagen reciente del exfuncionario ecuatoriano, que permanece privado de la libertad en un centro penitenciario de ese país.

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En su mensaje, el mandatario colombiano identificó a Glas como ciudadano colombiano y relacionó su situación con llamados previos que ha hecho sobre personas detenidas en otros países de la región. Petro señaló que su solicitud se enmarca en una postura que ya había expresado frente a presos políticos y sostuvo que el exvicepresidente ecuatoriano debería ser liberado en consideración a su condición actual de reclusión.

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Este es Jorge Glas, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe liberado (sic)”, escribió en X.

En una segunda parte del mismo mensaje, Petro añadió una referencia directa al estado de salud del exvicepresidente: “Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”. Ambas afirmaciones fueron difundidas en una sola publicación que generó reacciones inmediatas en el ámbito político y diplomático regional.

Gustavo Petro pidió la liberación de Jorge Glas al asegurar que su estado físico evidencia "tortura psicológica" - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió la liberación de Jorge Glas al asegurar que su estado físico evidencia "tortura psicológica" - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento de Petro se produce meses después de que, en septiembre de 2025, el Gobierno colombiano otorgara la nacionalidad a Jorge Glas. El anuncio fue realizado por el propio presidente el 16 de septiembre a través de una publicación en plataformas digitales, en la que informó que su administración concedió la ciudadanía colombiana al exvicepresidente que ocupó ese cargo durante los gobiernos de Rafael Correa (2013-2017) y Lenín Moreno (2017-2018).

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En esa ocasión, Petro adjuntó la imagen del acta de juramento firmada por Glas, diligencia que se llevó a cabo en el consulado de Colombia en Quito. En el mensaje, el mandatario señaló: “El ciudadano Jorge Glass (sic) obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones”. La publicación fue posteriormente eliminada, aunque alcanzó a generar amplias repercusiones mediáticas tanto en Ecuador como en Colombia.

Tras recuperar la libertad provisional en 2023, Glas fue nuevamente condenado por el caso Reconstrucción de Manabí - crédito @DanielNoboaOk/X
Tras recuperar la libertad provisional en 2023, Glas fue nuevamente condenado por el caso Reconstrucción de Manabí - crédito @DanielNoboaOk/X

Tras el anuncio de la nacionalidad colombiana, la Cancillería de Ecuador, por instrucción del presidente Daniel Noboa, emitió un pronunciamiento en el que subrayó que, independientemente de la obtención de otra ciudadanía, Glas continúa siendo ciudadano ecuatoriano. El organismo precisó que “el señor Glas sigue siendo ciudadano ecuatoriano, sin perjuicio del otorgamiento de una nacionalidad por parte de otro país”, y recordó que los procesos judiciales en su contra se mantienen vigentes.

Glas enfrenta varias condenas por corrupción que, en conjunto, superan los veinte años de prisión. Entre ellas se encuentra la sentencia por el caso Sobornos. Aunque en 2023 obtuvo libertad provisional, durante ese periodo inició, junto con su equipo jurídico, un proceso para acceder al beneficio de la prelibertad. No obstante, la situación cambió tras ser condenado en el caso de corrupción conocido como Reconstrucción de Manabí.

Pronunciamientos internacionales frente a las condiciones de reclusión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para garantizar su salud y permitir visitas familiares - crédito @DanielNoboaOk/X
La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para garantizar su salud y permitir visitas familiares - crédito @DanielNoboaOk/X

Como consecuencia de esa sentencia, Glas fue recluido inicialmente en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, y posteriormente, en noviembre de 2025, trasladado a un nuevo centro penitenciario ubicado en la provincia de Santa Elena. Las condiciones de reclusión en estos establecimientos han sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos.

En La Roca, el exvicepresidente permanecía en una celda sin ventanas, con una hora diaria fuera de ella y bajo vigilancia permanente, según reportaron varios medios internacionales. Estas circunstancias motivaron la adopción de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó al Estado ecuatoriano garantizar su salud y permitir visitas familiares. A estas actuaciones se suman informes del alto comisionado de la ONU, que documentaron presuntos episodios de malos tratos y tortura durante su reclusión.

La defensa de Glas ha calificado su situación como un “acto de humillación” y ha insistido en que su encarcelamiento constituye un castigo de carácter político. Por su parte, el Gobierno ecuatoriano ha sostenido que las decisiones adoptadas responden a criterios administrativos y de seguridad, orientados a preservar el orden interno y a mantener separados a los reclusos considerados de alta peligrosidad.

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