Esquemas de seguridad, la clave que conecta los magnicidios de Galán y Uribe Turbay en Colombia

Hay polémica en Colombia por la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no imputar cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez, por su posible responsabilidad en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

En un principio, se afirmó que la audiencia sería programada por el cargo de prevaricato por omisión, puesto que se podría considerar que Rodríguez no atendió de manera oportuna las peticiones de reforzar el esquema de seguridad del precandidato presidencial.

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Como argumento para declinar la imputación, la fiscalía explicó en un comunicado que la decisión deberá ser tomada por un delegado de la unidad de vida y no de uno de la administración pública.

“Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores”.

En su defensa, en una atención a medios, Augusto Rodríguez se mostró preocupado por la situación y declaró que podría haber alguna “cosa extraña” en el desarrollo de la investigación.

“Hemos entregado toda la información y todos los archivos, pero nunca me han llamado para referirme al tema, lo cual me parece muy curioso y no sé si de pronto hay algún interés o alguna cosa extraña que estén moviendo los técnicos”, indicó el director de la UNP.

De la misma forma, el director de la UNP defendió su gestión y reafirmó que no se registró ningún tipo de omisión respecto a la seguridad del precandidato asesinado en Bogotá.

“Desde el principio se quiso mostrar que el presidente Petro estaba detrás, o había propiciado, o había ambientado un clima de hostilidad y todas esas cosas, y que la Unidad Nacional de Protección había omitido sus funciones. Y resulta que nunca, nunca omitimos nuestras obligaciones”.

Comparan caso con el asesinato de Luis Carlos Galán

Las especulaciones sobre el asesinato de Uribe Turbay han hecho que se compare lo registrado en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, con el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989.

Respecto al esquema de seguridad de los candidatos presidenciales, en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay, se ha señalado que se registraron hasta 23 solicitudes para que fuera reforzado el personal, mientras que antes del asesinato del líder liberal se presentó un cambio del personal que llamó la atención y abrió la puerta para que el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fuera investigado.

En ese caso, Miguel Maza Márquez, director del DAS en 1989, fue juzgado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Luis Carlos Galán, registrado el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha. El proceso judicial se centró en su papel como jefe del organismo encargado de la protección de Galán y en las decisiones que afectaron el esquema de seguridad del político.

Investigadores identificaron que Maza Márquez ordenó cambios en el equipo de escoltas asignados a Galán poco antes del atentado, debilitando su protección. El esquema de seguridad fue modificado, retirando agentes experimentados y reemplazándolos por otros menos capacitados, lo que facilitó la acción de los sicarios que asesinaron a Galán en Soacha. La fiscalía argumentó que estas decisiones expusieron al candidato a un riesgo mayor, a pesar de las amenazas conocidas en su contra.

El proceso judicial concluyó que Maza Márquez permitió, mediante su autoridad, la vulneración de la seguridad de Galán y no adoptó las medidas necesarias para protegerlo, lo que derivó en su condena como coautor del homicidio agravado.

En 2016, 27 años después del magnicidio, la Corte Suprema de Justicia condenó a Miguel Maza Márquez a 30 años de prisión como coautor del homicidio agravado. En 2022 intentó someterse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero su solicitud fue rechazada.