
En medio de los enfrentamientos entre altos funcionarios del Gobierno, ambos cercanos al presidente de la República, Gustavo Petro, se conoció el martes 20 de enero de 2026 la renuncia de Andrea del Pilar Verdugo: esposa del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, insinuara en medios que la hoy exfuncionaria judicial estaría detrás de la imputación en su contra.
Pese a que el órgano acusador confirmó la suspensión del proceso que se había iniciado en contra de Rodríguez, el titular de la unidad acusó a Idárraga de ejercer influencia sobre los procesos en la Fiscalía; en especial en los que manejaba su cónyuge, que ante la controversia decidió dar un paso al costado. Este escándalo sería una muestra más de las pugnas por el poder al interior del Ejecutivo, en una creciente controversia que alimentaría la tesis del “fuego amigo”.
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La mujer, que es abogada de la Universidad Libre, y cuenta con una especialización en alta dirección del Estado por la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP y en gestión de desarrollo administrativo por la Universidad Militar Nueva Granada, se desempeñaba como la Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, y su determinación de retirarse de la entidad ya fue aceptada por la fiscal General Luz Adriana Camargo, según trascendió a la prensa.

Aunque no ofreció declaraciones sobre los motivos de su desvinculación, las especulaciones sobre los motivos de su decisión estarían relacionadas con los enfrentamientos mediáticos de su esposo, el ministro (e), con miembros del propio Gobierno. Todo esto pese a que Verdugo no tendría incidencia directa en casos judiciales de alto perfil, pues sus funciones estaban ligadas más a aspectos administrativos y no con procesos como los que expuso Rodríguez.
Las graves acusaciones del director de la UNP a la esposa del ministro de Justicia (e)
La controversia estalló luego de que la Fiscalía General de la Nación anunció el retiro de la imputación de cargos contra Rodríguez, señalado inicialmente por el delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El proceso, que involucraba a una de las figuras de la protección de funcionarios y líderes sociales en Colombia, fue suspendido después de cuestionamientos sobre la competencia del fiscal que impulsó la acusación en su contra.

En su decisión, el ente acusador argumentó que la solicitud de imputación fue presentada por un fiscal sin competencia para el caso, motivo por el cual la entidad decidió frenar el proceso para “evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado”. Tras esta decisión, la preocupación se apoderó de los familiares de la víctima, que esperaban avances en el esclarecimiento de los hechos.
Como si no fuera suficiente polémica la que causó este reversazo, Rodríguez hizo públicas sus sospechas sobre una supuesta injerencia del ministro encargado de Justicia en la Fiscalía. “Hay alguna presión por parte de personas como, por ejemplo, el doctor Idárraga, que se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí que desde la Unidad Nacional de Protección lo tenemos chuzado o que manejamos el famoso Pegasus”, adelantó en sus declaraciones.

De acuerdo con el director de la UNP, el jefe de la cartera recurrió a su pareja sentimental para enlodarlo. “Él ostenta lo que siempre utiliza para sus cosas, de que su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía, entonces yo no descartaría que pueda de pronto ser una de las razones por las cuales se está llevando este proceso de una manera que no es normal”, agregó el director de la unidad, que enfiló sus acusaciones hacia Verdugo, debido a su puesto en la entidad.
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