
El desmantelamiento de una red criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en el departamento de Antioquia dejó al descubierto el impacto económico y social de estas actividades ilícitas en la región.
Las autoridades estiman que las operaciones de esta organización ocasionaron pérdidas superiores a 2.000 millones de pesos a la economía nacional, afectando especialmente los recursos destinados a áreas sensibles como la salud y el deporte.
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La acción coordinada entre la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía General de la Nación permitió ejecutar registros y allanamientos clave en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado.
Las autoridades lograron su desmantelamiento al capturar a cinco personas en Medellín y Itagüí, según informaron tras los recientes allanamientos.

La investigación reveló que la estructura no solo comercializaba los cigarrillos de contrabando, sino que también abastecía a pequeños comercios.
Esta modalidad permitía que los productos llegaran a consumidores finales a un precio menor que los cigarrillos legales, y a la vez ampliaba el alcance de la operación en distintos sectores de Medellín.
El grupo, de acuerdo con los investigadores, recurría a vehículos de servicio público para trasladar la mercancía. Esta táctica les facilitaba movilizar grandes volúmenes sin despertar sospechas, lo cual fue clave para el crecimiento de la red durante varios meses.
La mercancía, según las autoridades, ingresaba a Colombia desde Panamá y Venezuela. Una vez en el país, los cigarrillos eran distribuidos en el área metropolitana y ofrecidos sin ningún tipo de control sanitario, lo que representa un riesgo adicional para la salud de los compradores.

El operativo se desarrolló de forma simultánea en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el suroccidente de Medellín.
En esos puntos, los allanamientos permitieron la captura de los presuntos miembros de la estructura, quienes ahora deberán enfrentar cargos por concierto para delinquir y por facilitar el ingreso y la venta de mercancía ilegal.
De acuerdo con el reporte oficial, las pérdidas fiscales derivadas del contrabando impactaron directamente en los recursos públicos, dada la evasión de impuestos que implica esta actividad. Además, se investiga si la red extendía sus operaciones a otros municipios del área metropolitana.
Mientras se avanza en la identificación de posibles cómplices y nuevas rutas de distribución, las cinco personas detenidas quedaron a disposición de la justicia, que determinará su responsabilidad en este caso de contrabando que sacudió la región.
Medellín prohíbe cigarrillos electrónicos y vapeadores en colegios, universidades y demás centros educativos
Las autoridades de Medellín dieron un paso decisivo en la protección de la salud pública al convertir todos los centros educativos en espacios completamente libres de humo y emisiones. La medida, que abarca desde los jardines infantiles hasta las universidades, implica un cambio integral en la convivencia escolar.

La Alcaldía determinó que en ningún establecimiento educativo, ya sea público o privado, se podrá consumir, activar, vender ni promocionar productos que contengan tabaco, nicotina o dispositivos electrónicos similares.
La motivación detrás de esta resolución radica en la creciente preocupación por el uso de cigarrillos electrónicos entre niños, adolescentes y jóvenes universitarios.
La administración distrital reveló que “el 40% de los estudiantes escolares y el 37,9% de los universitarios han usado estos dispositivos alguna vez”, cifras que reflejan una tendencia al alza entre la juventud.
El documento oficial establece también la prohibición de cualquier patrocinio relacionado con estos productos dentro de las instituciones educativas. Con esta acción, Medellín busca prevenir la normalización del consumo de tabaco y vapeadores en los espacios donde se forman las nuevas generaciones.
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