
El reciente encuentro entre gobernadores y el Ministerio de Hacienda, realizado el 19 de enero de 2026 y convocado para tratar los decretos de emergencia económica, agudizó la confrontación política entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.
Tras la reunión, Rendón criticó la falta de acuerdos y calificó el espacio como “lleno de humo”. El mandatario departamental sostuvo que los gobernadores y la ciudadanía quedaron sujetos a lo que decida la Corte Constitucional sobre las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.
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Rendón anunció que Antioquia solicitará una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad, buscando que la Corte suspenda los efectos tributarios del decreto de emergencia.
“En cualquier caso, si terminado el mes la corte no se ha pronunciado, el departamento se sostiene en lo que ratificamos; haremos uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad”, afirmó el gobernador, subrayando la defensa de la autonomía fiscal regional.

Rendón también afirmó que el diálogo resultó superficial y que la conversación crucial debió ocurrir antes de la promulgación de los decretos de emergencia. “Esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica”, afirmó.
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El funcionario insistió en que el espacio no permitió un debate profundo sobre las decisiones adoptadas, dejando sin respuesta inquietudes clave sobre el impacto de las medidas para los territorios.
La discusión alcanzó el plano digital, donde Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X. El presidente cuestionó los verdaderos intereses detrás de la acción jurídica de Rendón.
“Lo que busca Rendón no es que se modifique el artículo sobre impuesto al consumo del alcohol, que es nacional, sino que se caiga la reforma tributaria que, como su movimiento, ataca todo intento de ponerle impuestos a los megarricos, para disminuir el déficit fiscal”, escribió Petro.
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Añadió que, siguiendo el ejemplo de Uribe y Carrasquilla, “quieren impuestos sobre la comida y sobre los trabajadores. Ni un peso que pague el GEA”.
Rendón replicó también en X, acusando a Petro de imponer una emergencia económica “a todas luces inconstitucional” y de ignorar al Congreso.

“Presidente, usted desconoció el Congreso para imponer, vía decretazo, una emergencia económica a todas luces inconstitucional. La Constitución se cumple y la autonomía fiscal de las regiones se respeta”, escribió el gobernador.
Según su postura, el decreto presidencial busca “cuadrar caja para empleo militante en época electoral, arrebatando de manera desproporcionada las finanzas departamentales”.
El mandatario antioqueño insistió en que la excepción de inconstitucionalidad es un deber cuando existe contradicción con la Carta Magna.
“La excepción de inconstitucionalidad no es solo una potestad sino un deber de los gobernadores cuando la contradicción con la Constitución es evidente”, argumentó.
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Además, defendió la autonomía de los departamentos: “La CP es la norma de normas; ningún acto administrativo o ley está por encima de nuestra carta magna”.
Rendón también criticó el destino de los recursos recaudados y cuestionó la naturaleza real del decreto. “El recaudo pretendido por el decretazo no justifica el sacrificio de los ciudadanos, especialmente cuando las medidas no superan el juicio de finalidad o necesidad”, aseguró.

Enfatizó que las licoreras son propiedad de los departamentos y que existen, en su mayoría, como empresas industriales y comerciales del Estado.
El gobernador desafió a Petro sobre la coherencia de los argumentos gubernamentales, preguntando: “¿Por qué habla de reforma tributaria, no es entonces una Emergencia Económica? ¿Reconoce acaso que el decretazo es su ahogada reforma tributaria reciclada e interpuesta por la puerta de atrás?”.
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Rendón subrayó que el aguardiente, producto gravado con el nuevo IVA, corresponde al consumo popular y no a sectores de altos ingresos, contraviniendo el discurso presidencial.
El enfrentamiento evidencia profundas diferencias sobre la orientación de la política fiscal y el uso de mecanismos extraordinarios, en medio de un debate nacional sobre la legalidad, el alcance y los efectos de las medidas económicas impuestas por el Gobierno central.
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