La decisión por parte del Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín que formuló denuncia penal contra el entonces director de Custodia y Vigilancia de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, sigue dando de qué hablar.
Todo luego de confirmarse por parte de la concejal de la capital antioqueña Claudia Carrasquilla Minami, conocida como ‘La dama de hierro’, la expedición de la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025 en la que se destaca que la salida de nueve cabecillas condenados de la cárcel El Pedregal se habría realizado sin aval judicial.
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Todo con el fin de asistir a un acto público encabezado por el presidente Gustavo Petro en el sector de La Alpujarra, y que fue llamado como “el tarimazo”.
Esa salida del penal, tal y como aseguró el documento que presentó la cabildante desde su cuenta de X la noche del 14 de enero de 2026, “se efectuó sin el aval de un juez, es decir, sin autorización judicial”, reza en el documento que también compartió en su momento el diario El Tiempo.
Por todo lo anterior, y sumado a la reacción de la concejal de Medellín, la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal (Centro Democrático) se sumó a las voces de rechazo por parte de la oposición a uno de los actos públicos más cuestionados hacia el jefe de Estado.
“Gracias a la Zuleta y a Petro, que se creen dictadores haciendo lo que les da la gana”, inicia el mensaje que Cabal dejó en su cuenta de X la madrugada del sábado 17 de enero de 2026.
Seguido a esto, la congresista sentenció: “Ojalá haya sanción disciplinaria y penal para ellos y no solo pague el funcionario que acata por miedo”.
Así fue el famoso “tarimazo” de Gustavo Petro en Medellín que causó polémica en el país político
El hecho se remonta al sábado 21 de junio de 2025, cuando los nueve condenados fueron trasladados a la plazoleta de La Alpujarra en Medellín, donde participaron en un acto público junto al jefe de Estado.
El juzgado precisó en su resolución: “La expedición del documento que permitió la salida de los nueve cabecillas del penal fue ilegal”.
La solicitud para el traslado y escolta de los cabecillas, miembros de la mesa de paz urbana de Medellín, fue realizada por la senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta (coalición del Pacto Histórico), y que representa al gobierno Petro en la delegación de paz urbana en el Valle de Aburrá.
En el oficio enviado al director de custodia de La Paz, Zuleta detalló los horarios de salida y retorno de los condenados. Durante el evento, los procesados acompañaron al presidente en la tarima y dirigieron mensajes al público.
Entre los reclusos trasladados figuran Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Walter Alonso Román, alias El Tigre; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; y Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa.
La decisión de permitir la salida de los cabecillas fue calificada como ilegal e impulsó la apertura de un proceso penal contra el funcionario penitenciario por los delitos de fuga de presos y falsedad en documento público.
El mismo medio local detalló que también se compulsaron copias contra Freyner Alfonso Ramírez García, condenado a 36 años de prisión por homicidio agravado.
En el operativo de traslado participaron miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre, y la propia senadora Zuleta, que escoltaron a los reclusos.
La concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla Minami, conocida como ‘La dama de hierro’, fue quien informó sobre la decisión judicial y el inicio del proceso penal.
“Se abrió un nuevo proceso contra uno de los protagonistas subrepticios de este suceso”, publicó Carrasquilla en su cuenta de X, y añadió que la resolución judicial “pone en evidencia irregularidades en los procedimientos administrativos y penitenciarios que permitieron la salida de los cabecillas de la cárcel de Itagüí”.
A raíz de la controversia, se han abierto procesos adicionales contra la senadora Zuleta y el presidente Petro, señalados por promover y facilitar la presencia de personas condenadas por delitos graves en un evento público.
“La justicia nos va dando la razón: El ‘tarimazo’ con los cabecillas de Itagüí fue ilegal”, señaló la concejal Carrasquilla en el mismo mensaje que dejó en su perfil de X el 14 de enero.
Al final ella calificó: “Esto es gravísimo: usaron a un condenado; violaron la ley y usurparon funciones judiciales. Aquí nadie está por encima de la ley. Ni directores del Inpec. Ni funcionarios arrodillados al poder político".
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