Sistema de salud en Colombia inició 2026 con un déficit financiero histórico y mayores barreras de acceso: esto reveló reciente informe

El sistema de salud colombiano comenzó 2026 en un contexto de fragilidad financiera y operativa, de acuerdo con un informe presentado por Así Vamos en Salud, en el que se recopilan los principales indicadores económicos, presupuestales y de acceso correspondientes al cierre de 2025 y al arranque de la nueva vigencia.

El reporte advierte que la combinación de déficit patrimonial creciente, insuficiencia de recursos y rezagos en la ejecución presupuestal ha generado presiones adicionales sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y sobre la prestación efectiva de los servicios a los usuarios.

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El documento señala que los datos financieros disponibles muestran un deterioro sostenido del balance del sistema, al tiempo que persisten limitaciones para contar con información completa y oportuna de algunos de los principales actores. A esto se suma un incremento en los indicadores de insatisfacción ciudadana, reflejado en el aumento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), así como de las acciones de tutela relacionadas con el acceso a servicios de salud.

Déficit patrimonial y pérdidas operacionales

Uno de los principales hallazgos del informe tiene que ver con la situación patrimonial del sistema. El déficit patrimonial se ubicó en -$15,8 billones, lo que representa un aumento significativo frente al cierre de 2024, cuando el patrimonio negativo ascendía a -$9,7 billones. De acuerdo con Así Vamos en Salud, esta evolución confirma que la brecha entre activos y pasivos del sistema se ha ampliado de manera acelerada en los últimos años.

En materia de resultados operacionales, el análisis indica que a noviembre de 2025 las pérdidas superaron los $7,3 billones, sin que se observe una reversión de esta tendencia. La siniestralidad global se mantuvo por encima del 100%, situándose alrededor del 108%, lo que significa que los costos de la atención continúan superando los ingresos recibidos por las EPS, en especial en el régimen contributivo.

El informe advierte que este panorama se ve agravado por la falta de reporte oportuno de información financiera por parte de algunas entidades de gran tamaño. En particular, se señala que la ausencia de datos completos de la Nueva EPS limita la posibilidad de dimensionar con mayor precisión el riesgo real que enfrenta el sistema en su conjunto, dado el peso que tiene esta entidad en términos de afiliación y flujo de recursos.

Presupuesto y limitaciones de liquidez

Otro de los aspectos analizados corresponde a la ejecución del presupuesto máximo, mecanismo destinado a financiar servicios y tecnologías en salud no cubiertos con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el reporte, para la vigencia 2025 se estimó una necesidad cercana a los $4,4 billones; sin embargo, a diciembre solo se habían ordenado para giro $2,4 billones, generando presiones de liquidez para las EPS y afectaciones en la continuidad de la prestación de estos servicios.

El inicio de 2026, de acuerdo con Así Vamos en Salud, no muestra un escenario más favorable en este frente. Si bien el presupuesto aprobado para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) asciende a $110,7 billones, el presupuesto máximo comenzó el año con apenas $1 billón asignado, cifra que resulta inferior a las necesidades observadas en la vigencia anterior.

En paralelo, el informe analiza el ajuste de la UPC para 2026. El incremento fue fijado en 16,49% para el régimen subsidiado y 9,03% para el régimen contributivo, porcentajes que, según las estimaciones presentadas, no logran compensar las presiones de costos acumuladas. Como resultado, se proyecta un faltante inicial entre $2,7 y $3,1 billones solo en el régimen contributivo, déficit que podría ampliarse en un contexto en el que el cálculo inicial no contempló un aumento del salario mínimo del 23%.

Impacto en el acceso a los servicios

El deterioro financiero descrito en el informe ya presenta efectos visibles en el acceso de los usuarios a los servicios de salud. Así Vamos en Salud proyecta que para finales de 2025 el acumulado de PQRS podría superar los 2 millones, mientras que las tutelas en salud podrían ubicarse por encima de las 300.000. Estos indicadores reflejan, según el análisis, mayores dificultades para acceder de manera oportuna a consultas, procedimientos, medicamentos y tecnologías en salud.

El informe subraya que el aumento de estos mecanismos de reclamación coincide con las restricciones financieras y operativas que enfrentan las EPS, así como con los retrasos en el giro de recursos y la insuficiencia de las primas para cubrir los costos reales de la atención. En este contexto, la organización enfatiza la importancia de contar con información transparente y completa para facilitar el seguimiento institucional y la toma de decisiones.

Finalmente, Así Vamos en Salud advierte que, sin correctivos técnicos oportunos, mayor transparencia en la información y un seguimiento riguroso a la suficiencia de las primas, existe un riesgo de profundización del déficit financiero y de las barreras de acceso a lo largo de 2026. De acuerdo con el informe, este escenario tendría impactos directos sobre la calidad, la oportunidad y la continuidad de la atención en salud para los usuarios del sistema.

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