Camacol se enfrentó a Petro por la vivienda VIS y advirtió que las medidas del Gobierno reducirán la oferta

La discusión por el futuro de la vivienda de interés social (VIS) en Colombia volvió a subir de tono. Esta vez, el cruce fue directo entre el presidente Gustavo Petro y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que respondió de forma pública a las afirmaciones del mandatario sobre el impacto del salario mínimo y los topes de precio de la VIS.

El detonante fue un mensaje del jefe de Estado en el que defendió la política del Gobierno frente al ajuste del salario mínimo y los límites a los precios de la vivienda subsidiada. Petro aseguró que “no hay riesgo jurídico” y que “lo que produce el salario vital no eleva sustancialmente el precio de la vivienda porque el costo laboral llega a un 20%”. En su argumentación, sostuvo que el debate de fondo es el techo de precios de la VIS y su impacto en la vivienda popular.

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“Lo que aquí se discute es que si se sube el techo para hacer VIS, se deja de hacer entonces vivienda realmente popular que es el objetivo de la política pública de vivienda”, afirmó el presidente. Además, explicó que la decisión de bajar el techo del precio de la vivienda en salarios mínimos “a 135 que implica realmente es un incremento en pesos por encima del índice de inflación de la vivienda que fue del 3%”.

Petro también fue enfático en señalar una supuesta ilegalidad en el esquema de comercialización del sector. “Lo que sí debe hacer Camacol es pedirle a sus integrantes que no hagan promesas de compraventa medidos en salarios vitales porque eso es ilegal”, dijo.

La respuesta de Camacol no tardó. En un pronunciamiento dirigido al presidente, el gremio pidió “claridad técnica y legal en el debate sobre vivienda de interés social (VIS)” y cuestionó de fondo la idea de imponer controles de precios al sector como mecanismo de política pública.

“Seamos claros: imponer control de precios a la VIS busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios de un ajuste excesivo del salario mínimo”, señaló Camacol. Para el gremio constructor, este tipo de medidas no protege a los compradores, sino que termina afectando la oferta y el acceso al crédito. “El control de precios no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario”, advirtió.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es el comportamiento reciente de los precios de la VIS. Según Camacol, “bajo este Gobierno, el precio máximo de la VIS aumentó 76%, casi tres veces más que en gobiernos anteriores”. Para el gremio, esta cifra contradice la idea de que el ajuste del salario mínimo tenga un impacto marginal sobre el sector.

En ese mismo sentido, Camacol respondió a la afirmación del presidente sobre el peso del costo laboral. “Que el costo laboral sea 20–25% no lo vuelve marginal”, sostuvo. El gremio explicó que el aumento del salario mínimo no solo impacta la mano de obra directa, también el precio de los materiales de construcción. “En conjunto, estos componentes representan cerca del 70% del costo directo, por lo que los costos de nuevos proyectos podrían subir entre 10% y 15%, no 3%”, señaló.

Camacol también buscó aclarar que el debate no se centra en el efecto inmediato sobre viviendas ya vendidas. “Nadie ha dicho que el salario mínimo encarezca automáticamente en un 23% lo ya vendido”, indicó el gremio. Sin embargo, alertó sobre el impacto en la oferta futura. “El riesgo es la oferta futura: frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, más presión sobre los arriendos y la vivienda usada”.

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento se refiere al proyecto de decreto que, según Camacol, introduce un control de precios encubierto. “Hablemos de lo más grave, el proyecto de decreto de control de precios”, afirmó el gremio. En su concepto, obligar a fijar el precio en pesos desde la separación del inmueble y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración “es control de precios, aunque se le intente dar otro nombre”. Además, advirtió que esta medida “genera inseguridad jurídica, afectando decisiones de inversión”.

Frente a la acusación del presidente sobre la supuesta ilegalidad de vender vivienda en salarios mínimos, Camacol fue categórica. “Decir que vender en salarios mínimos es ilegal es falso”, afirmó. El gremio recordó que “la ley permite precios ciertos o determinables, y los topes VIS en Smlmv están definidos en su propio Plan Nacional de Desarrollo”. En ese contexto, señaló que “tope no es igual a precio” y aportó un dato clave: “más del 60% de la VIS se vende por debajo del tope”.

El gremio constructor también puso sobre la mesa las consecuencias sociales que, a su juicio, tuvieron las decisiones recientes del Gobierno en materia de vivienda. “En los últimos años, 55.000 hogares desistieron de comprar vivienda y más de 70.000 familias quedaron en el limbo tras la suspensión de Mi Casa Ya”, señaló Camacol. Para la entidad, estas medidas “no protegen a las familias, las expulsan del mercado formal de vivienda”.

El pronunciamiento cerró con un llamado directo al Ejecutivo. “Desde Camacol insistimos en decisiones legales, técnicas y responsables que garanticen acceso real y sostenible a la vivienda, en lugar de medidas que reducen la oferta y profundizan la exclusión”, concluyó el gremio.