Posible cartelelización en contratos del Icbf investiga la Superintendencia: los contratos siempre se los ganan los mismos

La vigilancia sobre el uso de los dineros públicos vuelve a estar en el centro del debate. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició dos actuaciones administrativas para determinar si hubo coordinación indebida entre oferentes en contratos financiados con recursos estatales.

Uno de los casos involucra procesos relacionados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el otro se concentra en una entidad territorial de La Mesa, en el departamento de Cundinamarca.

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Las indagaciones preliminares apuntan a posibles acuerdos para repartirse adjudicaciones o manipular condiciones de participación, conductas que, de comprobarse, configurarían prácticas restrictivas de la competencia. Este tipo de esquemas —conocidos como carteles— distorsionan los procesos de selección y pueden inflar los costos de bienes o servicios pagados con presupuesto público.

De acuerdo con la información oficial, la autoridad detectó señales de alerta en la forma como se presentaron algunas propuestas y en patrones de comportamiento entre empresas que coincidieron en las licitaciones. Entre los indicios que suelen activar este tipo de revisiones están similitudes inusuales en documentos, rotación sistemática de ganadores o renuncias estratégicas que despejan el camino a un competidor específico.

En el expediente relacionado con el Icbf, la revisión se centra en contratos destinados a programas sociales. Aunque la entidad no ha revelado los montos exactos bajo análisis, el foco está en determinar si hubo coordinación previa entre oferentes para fijar precios o distribuirse zonas de operación. Dado que se trata de recursos orientados a población vulnerable, cualquier sobrecosto tendría un impacto directo en la cobertura y calidad de los servicios.

El segundo caso pone la lupa sobre procesos adelantados en La Mesa, municipio de Cundinamarca, donde se habrían presentado conductas similares en la contratación local. Allí, la SIC busca establecer si existieron acuerdos para limitar la competencia efectiva en convocatorias públicas, lo que podría traducirse en menor pluralidad de proponentes y en condiciones menos favorables para la administración.

Estas nuevas investigaciones se suman a un balance que la propia autoridad ha presentado desde comienzos de 2024: 136 agentes sancionados y multas que superan los 65.000 millones de pesos por prácticas anticompetitivas en distintos sectores. Las cifras reflejan un patrón recurrente en la contratación estatal, donde los incentivos para coordinar ofertas pueden ser altos cuando hay grandes sumas en juego.

Según la entidad esto se da cuando varios proponentes actúan como si compitieran, pero en realidad pactan condiciones, se rompe la lógica de mercado que debería garantizar mejores precios y calidad para el Estado.

El proceso que ahora arranca no implica una sanción automática. Las empresas o personas naturales vinculadas tendrán la oportunidad de ejercer su defensa, aportar pruebas y controvertir los hallazgos preliminares. Solo tras agotar las etapas probatorias la SIC podrá determinar si existió o no infracción al régimen de competencia.

Sin embargo, la autoridad está reforzando el escrutinio sobre los procesos contractuales, especialmente en sectores sensibles como los programas sociales y la contratación territorial. En un contexto de estrechez fiscal, cualquier peso que se pague de más por falta de competencia representa menos recursos para inversión pública.

Dentro de sus facultades, la entidad puede practicar visitas administrativas, solicitar información financiera y contractual, y analizar patrones de comportamiento entre oferentes para establecer si existieron acuerdos previos destinados a alterar la libre competencia en licitaciones públicas.

Mientras avanzan las investigaciones, los expedientes sobre el Icbf y La Mesa se convierten en un nuevo capítulo de la batalla contra la colusión en Colombia. El desenlace dependerá de las pruebas que logre recaudar la autoridad y de la capacidad del sistema para demostrar, más allá de la sospecha, si hubo acuerdos clandestinos que terminaron afectando la competencia y el bolsillo de los contribuyentes.