A través de las cuentas oficiales del Ministerio de Justicia, se conoció que el responsable de la cartera, Andrés Idárraga, tomaría medidas contra los 17 gobernadores que se negaron a acatar las medidas de emergencia económica decretadas por el presidente Gustavo Petro.
“¡Un exabrupto jurídico ese anuncio! De cómo materialicen en cada gobernación con los actos administrativos concretos la decisión que anuncian, se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno", expresó el ministro encargado.
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Ante la exigencia de los gobernantes de que la Corte Constitucional revise y niegue a Petro la posibilidad de implementar dichos decretos, Idárraga expresó que “lo pretendido usurpa la competencia exclusiva” de dicho ente, “para estudiar y definir la constitucionalidad del Decreto cuestionado”.
El ministro incluso planteó que estuviesen considerando apostar por una excepción de inconstitucionalidad, frente a lo que advirtió que tampoco es un recurso legítimo. “Se estarían abrogando competencias ajenas y desconociendo la constitución Política”, denunció.
El anuncio se produjo luego de que, gracias al ejemplo que puso el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, otros 16 apartamentos (Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío y Valle del Cauca) expresaran su intención de desacatar la instrucción del ejecutivo.
Rendón denunció que el decreto representa una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones, generando una “abusiva carga tributaria” y utilizando las herramientas que la Constitución Política otorga para rechazar acciones que, según él, superan los límites legales definidos. “La urgencia del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario en Colombia”, enfatizó.
Dilian Francisa Toro, gobernadora del Valle del Cauca, expresó en rueda de prensa que los mandatarios departamentales se reunieron para evaluar las medidas y sus efectos en la economía de las regiones.
“Y hoy estamos reunidos precisamente para tomar una decisión al respecto, porque esto va a afectar a nuestros departamentos. Lo he venido diciendo desde antes que saliera. Nos va a afectar primero el contrabando. Segundo, se van a disminuir nuestros ingresos. Tercero, los ingresos que generen los impuestos, según el decreto, se van a venir para el gobierno central. Es decir, van a, a lograr que el impacto de las finanzas disminuidas en los departamentos va a ser, pues en la región” advirtió.
Frente a este panorama de inconformidad entre los gobernadores, Toro siguió el ejemplo de Rendón y advirtió que no aplicarán el decreto de medidas tributarias expedido por Petro.
“Por eso vamos a poner también una tutela. Cada uno de nosotros va a poner una tutela. Y también la federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones, de acuerdo, precisamente, a nuestras particularidades en cada uno de los departamentos. Cada uno de nosotros lo hará, pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer todos”, declaró.
Armando Benedetti estalló contra los gobernadores
El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una dura advertencia directa a los gobernadores del país que anunciaron su negativa a cumplir el decreto tributario expedido por el Gobierno Petro.
Benedetti calificó como grave el llamado de algunos mandatarios departamentales a desobedecer el decreto y afirmó que ese tipo de mensajes afecta el respeto por la institucionalidad.: “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley”.
“La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional”, expresó el ministro, al insistir en que el control de constitucionalidad no recae en los ejecutivos regionales.
El jefe de la cartera política explicó que la desobediencia abierta a una disposición legal puede derivar en responsabilidades individuales, advirtiendo que el debate jurídico no autoriza a desconocer la norma mientras exista.
“Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su peculio. Lo que se pretende recoger de los impuestos que se está poniendo”, afirmó, al referirse a las eventuales consecuencias patrimoniales para quienes adopten esa postura.
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