El Decreto 1474 de 2025 emitido por el Gobierno de Gustavo Petro incrementó los impuestos a licores, ya que se elevó el IVA del 5% al 19%, por lo que se ajustó el impuesto al consumo. Las medidas, en vigor desde el 1 de enero de 2026, provocaron un alza importante en los precios del aguardiente, ron y whisky, así como un fuerte impacto en la economía de los consumidores, la industria y las regiones.
El objetivo principal de la normativa es aumentar los ingresos del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 para cubrir el déficit dejado ante el fracaso de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, estimó un recaudo fiscal de cerca de $11,1 billones gracias al nuevo paquete de tributos.
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Asimismo, el Decreto 1474 de 2025 introdujo dos ajustes tributarios clave. Por un lado, el IVA para licores fuertes, incluido el aguardiente y ron, que pasó del 5% al 19% para 2026. Por otro, se aumentó en un 119% la tarifa del componente específico del impuesto al consumo, que ascendió de $342 a $750 por grado alcoholimétrico en unidades de 750 mililitros.
Además, el componente ad valorem (según el valor) aplicado sobre el precio de venta al público subió del 25% al 30%. Las modificaciones incrementaron de manera considerable la carga fiscal sobre las bebidas alcohólicas en Colombia, lo que generó un clima de preocupación en la industria licorera y entre las autoridades territoriales.
Efecto en los precios de los licores
Por ejemplo, el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Esteban Ramos, explicó que la subida de impuestos tuvo un efecto inmediato en los precios al consumidor. Afirmó a LaFM que “hoy en día, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 mililitros está a $40.000 y pasaría a $60.000, muy seguramente, para el consumidor final”.
El impacto se repite con otras marcas y regiones:
- Aguardiente (750 mililitros): de $50.000 a $63.000.
- Ron: de $55.800 a $70.470.
- Whisky: de $63.980 a $80.313.
La Industria Licorera de Caldas (ILC) precisó que una botella de Aguardiente Amarillo de Manzanares de 750 mililitros pasó de $49.705 en 2025 a $71.112 en 2026, un incremento del 43%. Mientras que el Ron Viejo de Caldas tradicional, en la misma presentación, subió de $54.545 a $84.604, una variación del 55%.
En las bebidas importadas también se observan subidas notorias.
- Old Parr 12 años (750 mililitros): de $135.000–$165.000 en 2025 a $136.000–$178.000 en 2026.
- Buchanan’s estándar: de $147.000–$180.000 a $170.000–$215.000, según el establecimiento y el tipo de presentación.
Impacto económico y recursos regionales
La Industria Licorera de Caldas advirtió, por medio de un comunicado, que el incremento del IVA y de otros impuestos amenaza la viabilidad del sector. “Consideramos que este aumento del IVA y otros impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas ponen en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país”, señaló la empresa al recordar que la industria aporta alrededor del 1,5% del PIB colombiano y genera más de 200.000 empleos, directos e indirectos.
Antes de las nuevas medidas, la FLA tenía previsto un ajuste de precios del 5,5% en 2026. Sin embargo, el decreto obligó a un aumento de hasta el 40%. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que “solo suponiendo que las ventas de este año en la fábrica de licores se mantengan, le girarían a la nación $720.000 millones. Si no se mantienen las ventas, entonces, la pérdida para el departamento va a ser doble”.
Según el mandatario, el cambio tributario impedirá que Antioquia reciba hasta $200.000 millones destinados con anterioridad a proyectos sociales, lo que afecta la financiación de iniciativas como la construcción de viviendas de interés social para unas 12.000 familias.
La ILC resaltó que en los últimos dos años aportó cerca de $1,2 billones en impuestos al consumo, de los que $120.000 millones se asignaron a Caldas. Sin embargo, la empresa advirtió que estos recursos “se verían afectados por el exagerado aumento de precio de los productos y por el incremento de la ilegalidad”.
La normativa ahora exige que los departamentos transfieran al Presupuesto General de la Nación el excedente recaudado gracias al aumento del impuesto al consumo, lo que implica que una menor proporción de los fondos se destinará a la salud y la educación en las regiones.
Riesgos de ilegalidad y contrabando
El encarecimiento de los licores legales encendió la alerta sobre el crecimiento del mercado ilícito y el contrabando. Según afirmó Ramos al medio, la subida de tarifas “incentivaría la búsqueda de licor adulterado, así como el contrabando”.
La ILC apoya esta preocupación con cifras. De acuerdo con datos citados por la empresa, “en Colombia cerca del 24% del licor consumido es ilegal, cifra que podría aumentar a niveles alarmantes ante el alza en los precios de las bebidas”. La compañía destacó que en otros países, incrementos semejantes han promovido el consumo de “bebidas de origen ilegal”, lo que implica un riesgo a la salud de la población.
Consecuencias en el consumo y la recaudación
Para el fundador de la firma Raddar, Camilo Herrera Mora, las bebidas alcohólicas representan el 3,88% del gasto de los hogares y tienen un peso próximo al 1,7% en el índice de precios al consumidor (IPC) del Dane. El salto del IVA elevó los precios cerca de un 13%, lo cual incrementó en un 0,22% el IPC total.
De acuerdo con Valora Analitik, Herrera explicó que “básicamente, la medida puede generar recaudo para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y menos recaudo a los departamentos”. Además, subrayó que los aumentos de precio pueden reducir la compra legal de licores y, por tanto, los recursos disponibles para salud y educación en los territorios.
Controversia política y demandas jurídicas
La expedición del decreto provocó debates políticos y acciones legales. El senador Fernando Motoa, del Partido Cambio Radical, presentó el 14 de enero una demanda ante la Corte Constitucional para que se revise la validez de la emergencia económica.
El congresista argumentó que “desde el Congreso de la República alertamos durante todo 2025 sobre el deterioro de las finanzas públicas, la baja ejecución del presupuesto, la crisis de seguridad y orden público, y el menoscabo del sistema de salud, sin que el Gobierno adoptara correctivos oportunos. Pese a esas advertencias, hoy se pretende presentar como ‘emergencia’ una situación que fue diagnosticada, debatida y advertida públicamente desde el Legislativo y los órganos de control”.
El traslado de recursos desde las regiones hacia la Nación por medio de los nuevos tributos ha encontrado resistencia entre autoridades departamentales, que advierten sobre la presión adicional que ello supone en contextos ya restringidos presupuestalmente.
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