La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, permanece en suspenso pese a que la Corte Suprema de Justicia negó la tutela presentada por su defensa.
La razón central no es un nuevo pronunciamiento judicial, sino la existencia de un recurso de apelación en trámite contra la decisión del Gobierno, que hoy constituye el principal impedimento para que la entrega a Estados Unidos se haga efectiva, de acuerdo con el informe del medio El Tiempo.
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Aunque el alto tribunal cerró la puerta a la tutela al considerar que no es el mecanismo adecuado para controvertir decisiones administrativas dentro del proceso de extradición, el fallo dejó claro que la Resolución Ejecutiva que autoriza la entrega no se encuentra en firme.
Esa condición se mantiene debido a que la defensa de Marín Silva interpuso oportunamente el recurso de reposición contra la decisión del Ejecutivo, el cual aún debe ser resuelto por el Ministerio de Justicia.
La autorización para la extradición está contenida en la Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro y el entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.
Dicho acto fue notificado el 12 de diciembre, momento a partir del cual empezó a correr el término legal para que la defensa ejerciera los recursos administrativos previstos por la ley colombiana. Mientras ese trámite no concluya, la extradición no puede ejecutarse.
En su pronunciamiento, la Corte Suprema fue explícita al señalar que la existencia de este recurso impide considerar la decisión como definitiva.
El tribunal recordó que la normativa establece un plazo de diez días para interponer la reposición y que, mientras el Ministerio de Justicia no emita una respuesta de fondo, la entrega del requerido no puede materializarse.
En ese sentido, el fallo judicial no habilita de inmediato la extradición, sino que confirma que el trámite administrativo sigue abierto.
El Ministerio de Justicia dispone de hasta 15 días hábiles para resolver la apelación presentada por la defensa de Pipe Tuluá. Esa decisión es determinante: si el recurso es negado, la Resolución Ejecutiva quedará en firme y se abrirá la puerta para coordinar la entrega con las autoridades estadounidenses.
Si, por el contrario, prospera la apelación, la extradición quedaría suspendida y se sentaría un precedente sin antecedentes en el país.
Este escenario adquiere especial relevancia porque Marín Silva no es un comandante de un grupo armado, sino el jefe de una banda criminal urbana.
De mantenerse en Colombia por vía administrativa, sería la primera vez que se frena la extradición de un cabecilla de este tipo bajo el argumento de favorecer eventuales procesos de verdad y pacificación carcelaria, en el marco de la política de “paz total” del Gobierno.
Desde el Ejecutivo, el mensaje oficial ha sido que el recurso no implica una negociación sobre la extradición.
El ministro encargado de Justicia ha reiterado que la figura del recurso hace parte del debido proceso y que su resolución se dará conforme a la ley, incluso si existen acercamientos exploratorios con estructuras criminales.
Mientras se define la apelación, Marín Silva permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, debido a que el Inpec advirtió que no podía garantizar su seguridad en un centro carcelario ordinario.
Las autoridades reconocen que, pese a estar privado de la libertad, mantiene influencia sobre la organización La Inmaculada, que opera en el norte del Valle del Cauca.
En el ámbito judicial interno, Pipe Tuluá cumple una condena de 30 años de prisión por 46 homicidios, mientras enfrenta una acusación en Estados Unidos por narcotráfico y concierto para delinquir, radicada el 11 de septiembre de 2024.
La defensa insiste en su inocencia frente a esos cargos y sostiene que su permanencia en Colombia permitiría aportar verdad sobre dinámicas criminales y contribuir a reducir la violencia carcelaria.
Por ahora, el proceso está en una etapa estrictamente administrativa. La extradición no depende de un nuevo fallo de la Corte Suprema ni de la firma de otra resolución presidencial, sino de la respuesta del Ministerio de Justicia al recurso de apelación.
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