Tras el reinicio de actividades de las altas cortes, la candidata presidencial Paloma Valencia presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que suspenda el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro.
La petición fue radicada con el argumento de que la medida no cumpliría los criterios exigidos por la Constitución para declarar un estado de excepción, según información publicada por Semana.
De acuerdo con la senadora, no se configuró un hecho grave, sobreviniente ni imprevisible que habilitara al Ejecutivo para acudir a esta figura extraordinaria.
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En su planteamiento ante el alto tribunal, Valencia expuso que la emergencia económica habría sido utilizada como una vía alterna para adoptar disposiciones de carácter tributario que no superaron el trámite legislativo ordinario.
El documento enviado a la Corte Constitucional señala que el decreto fue expedido después de que el Congreso de la República negara la denominada Ley de Financiamiento. Con esa iniciativa, el Gobierno buscaba obtener recursos para cubrir el déficit fiscal. Según lo expuesto, la reforma pretendía recaudar cerca de 16,3 billones de pesos, cifra que no fue avalada por las mayorías parlamentarias.
Valencia sostuvo que este antecedente es relevante para el análisis constitucional, pues plantea interrogantes sobre el respeto a la separación de poderes y al procedimiento democrático previsto en la Carta Política. En su solicitud, la candidata afirmó que la emergencia económica no puede emplearse para suplir decisiones negativas del Legislativo ni para introducir reformas estructurales por decreto.
El estado de emergencia económica fue declarado por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre de 2025, según consta en los actos oficiales citados en la petición. La senadora recordó que esta figura concede facultades extraordinarias al Ejecutivo, razón por la cual su uso debe estar estrictamente limitado a circunstancias excepcionales que no puedan ser atendidas por los mecanismos ordinarios del Estado.
En su argumentación, Valencia advirtió que el decreto tendría efectos directos sobre la economía de los hogares colombianos, con especial impacto en la clase media. Aunque desde el Gobierno se ha señalado que las medidas apuntarían principalmente a los llamados “megarricos”, la candidata indicó que el alcance real de las disposiciones sería más amplio.
Entre los puntos contenidos en el decreto de emergencia económica, se mencionan incrementos en la carga tributaria, así como la creación y ampliación de impuestos en distintos sectores. De acuerdo con lo expuesto por Valencia, dentro de las medidas se encuentra la aplicación del IVA del 19 % a las apuestas en línea y a los juegos de azar, así como nuevos gravámenes a productos específicos.
La solicitud ante la Corte también hace referencia a impuestos adicionales sobre cigarrillos, dispositivos electrónicos de nicotina y bebidas alcohólicas. Asimismo, se incluye la creación de un impuesto especial a las exportaciones de carbón y petróleo, lo que, según la senadora, tendría implicaciones en sectores estratégicos de la economía nacional.
Valencia señaló que estas disposiciones no solo tendrían impacto fiscal, sino que podrían modificar de manera significativa las reglas tributarias vigentes, sin el debate previo en el Congreso. En ese sentido, reiteró que el control constitucional debe evaluar si el Ejecutivo excedió las competencias otorgadas por la Constitución al declarar la emergencia.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha señalado que el decreto constituye un instrumento para enfrentar las presiones fiscales del 2026, en un contexto de restricciones presupuestales. No obstante, la solicitud presentada por la candidata plantea que la Corte examine si dichas dificultades financieras cumplen los estándares constitucionales para justificar un estado de excepción.
En el trámite ante el alto tribunal, la petición de Valencia se suma a otras solicitudes y conceptos que han llegado para el análisis del decreto. La Corte Constitucional deberá estudiar tanto los argumentos del Gobierno como los cuestionamientos presentados por distintos sectores políticos y económicos.
El expediente quedó en manos de los magistrados, quienes deberán revisar la legalidad del decreto, evaluar la existencia o no de una situación excepcional y determinar si las medidas adoptadas guardan conexidad directa con la supuesta emergencia económica invocada por el Ejecutivo.
La decisión de la Corte Constitucional definirá si el decreto continúa vigente o si se ordena su suspensión, mientras avanza el estudio de fondo sobre su constitucionalidad, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
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