Defensoría del Pueblo pide al Estado medidas tras atentado al Inpec en Neiva que dejó un niño de 11 años muerto

Un ataque armado dirigido contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la ciudad de Neiva, Huila, dejó como saldo la muerte de un niño de 11 años, hijo del director del penal, y graves heridas al subdirector del centro de reclusión.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Estado la adopción de “medidas inmediatas y efectivas de protección para los servidores del sistema penitenciario y sus familias”, según expresó en un comunicado oficial tras los hechos ocurridos la mañana del 13 de enero del 2025.

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El atentado se produjo aproximadamente a las 6:48 a. m. en la vía entre Neiva y Rivera, a la altura del cementerio Los Olivos. De acuerdo con la información brindada, el vehículo en el que se desplazaban Édgar Rodríguez, director del Establecimiento de Mediana Seguridad, su hijo de 11 años y el subdirector Renato Solano Osorio fue interceptado por dos sicarios en motocicleta.

Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el automóvil. El menor recibió una herida de bala en la cabeza, mientras que el subdirector resultó gravemente herido.

El director Rodríguez no sufrió heridas físicas. El menor fue trasladado de urgencia a una clínica, donde se confirmó su fallecimiento más tarde. El subdirector permanece bajo atención médica especializada.

Una cadena de ataques contra el personal penitenciario

La Defensoría del Pueblo advirtió que el atentado en Neiva “no puede ser entendido como un caso aislado”, sino que se suma a “una cadena de violencias que incluye, entre otros, el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados contra funcionarios del INPEC en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena”.

El organismo estatal insistió en que “la persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección” implementadas hasta la fecha. Desde octubre de 2025, la Defensoría ha solicitado al Ministerio de Justicia y del Derecho una evaluación integral de las condiciones laborales y de seguridad del personal del sistema penitenciario, así como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la revisión de perfiles de riesgo.

En el documento oficial, la entidad reiteró: “Quienes cumplen esta labor esencial para el Estado y la sociedad lo hacen en contextos de alto riesgo, expuestos a amenazas y agresiones, sin que existan aún respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida e integridad, así como la de sus familias”.

Exigencias de la Defensoría y despliegue institucional

Frente a la gravedad de lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo formuló un llamado puntual a las autoridades competentes:

• A la Fiscalía General de la Nación, para que adelante investigaciones “prontas y eficaces que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”.
• A las autoridades nacionales y territoriales, para que “adopten de manera inmediata medidas efectivas de protección para las y los servidores del sistema penitenciario y sus familias”.
• Al Gobierno nacional, para que fortalezca de forma integral “las acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión”.
• A priorizar el diseño e implementación de una política robusta de protección a la vida e integridad del personal penitenciario y administrativo del Inpec.

El comunicado también señala: “Este llamado, hoy, adquiere una dolorosa vigencia y urgencia”.

Acompañamiento y atención a las víctimas

La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Huila, informó que está brindando acompañamiento institucional a las familias afectadas y siguiendo la actuación de las autoridades en el marco de sus funciones constitucionales. El comunicado subraya que el objetivo es “garantizar una atención adecuada y protección de los derechos de los afectados”.

Además, el organismo hizo énfasis en que “la humanización del sistema penitenciario y carcelario no puede circunscribirse únicamente a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad”, sino que “el Estado colombiano tiene también el deber ineludible de proteger la vida, la integridad y la dignidad de quienes, desde el servicio público penitenciario, cumplen la misión de custodiar, resocializar y garantizar el orden en los centros de reclusión”.

“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad y acompañamiento a los padres y familiares del niño, cuya vida fue arrebatada de manera violenta, así como a la familia del subdirector herido. Compartimos su dolor y nos unimos al llamado por verdad, justicia y garantías de no repetición”, concluyó el comunicado oficial.

Medidas de investigación y seguridad en la región

Las autoridades desplegaron personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para recolectar pruebas y revisar grabaciones de cámaras de seguridad en la zona, con el fin de identificar a los responsables. El Inpec y la Policía Nacional trabajan de manera conjunta en el esclarecimiento de los móviles del ataque, sin descartar vínculos con las funciones penitenciarias de las víctimas.

El ataque ha reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios penitenciarios en Huila y otras regiones del país, donde se han registrado incidentes previos de violencia contra este sector. La situación mantiene bajo presión a las autoridades, que continúan con la investigación y el acompañamiento a los afectados.