
A través de sus redes sociales, David Luna, exsenador y actualmente candidato presidencial, denunció el miércoles 14 de enero el desacato judicial del Gobierno de Gustavo Petro por no entregar información relacionada con la compra de 17 aviones de combate Gripen. La acusación se dio a conocer debido a la existencia de una orden judicial que obliga a la Presidencia y al Ministerio de Defensa Nacional a suministrar los datos solicitados sobre este multimillonario contrato.
En su publicación en X, en la que compartió copia de la decisión judicial a su favor, Luna señaló que han transcurrido 29 días desde el fallo sin cumplimiento por parte del Gobierno. Y afirmó que las autoridades “se escudan ahora en una supuesta ‘reserva legal’ para no rendir cuentas sobre el gasto de fondos públicos en esta adquisición”, por lo que fue enfático en señalar el peligro institucional si “el poder pretende ponerse por encima de la ley”.
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En el fallo del Juzgado 29 Administrativo de Oralidad de Bogotá, notificado el 16 de diciembre de 2025, se ordenó a la Presidencia y al Ministerio de Defensa resolver de manera clara la solicitud presentada por Luna mediante derecho de petición, en un plazo máximo de cinco días. Este requerimiento exigía información detallada sobre los costos, el contrato de compraventa y los análisis técnicos de los aviones adquiridos por parte del Ejecutivo, para reemplazar los Kfir.

Además, la sentencia establecía que la versión pública del contrato y sus anexos debía publicarse oficialmente; además de ordenar la remisión de los documentos a organismos de control fiscal, como la Contraloría General de la República, para permitir su revisión técnica y financiera. Pese a que la determinación judicial quedó en firme, lo dispuesto en la misma no se ha cumplido, por lo que Luna presentó una solicitud formal de desacato ante tribunales.
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¿Cuál es el argumento de la administración Petro para negar la entrega de la información?
Pese a la orden judicial, el Gobierno rechazó la entrega de la información citando motivos de “reserva legal”. La Presidencia y el ministerio argumentaron que parte de la documentación se mantiene confidencial, lo que ha impedido publicar y acceder a todos los detalles del contrato y sus anexos, pese a la promesa que había hecho el titular de la cartera de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, que había anunciado la publicación de gran parte del documento.

La operación, efectuada en noviembre de 2025, abarca la compra de 17 aviones Saab Gripen E/F de fabricación sueca para la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El paquete consiste en 15 monoplazas (E) y dos biplazas (F). El valor estimado asciende a $16,5 billones, equivalentes a 3.135 millones de euros, según la tasa de cambio, y el mismo se financiará con vigencias futuras hasta 2032, iniciando con un desembolso de 4100.000 millones al comienzo de 2026.
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Está previsto que los primeros aviones lleguen a Colombia a principios de 2027, con entregas escalonadas hasta completar la flota en 2032. El acuerdo incluye, además, cláusulas de transferencia tecnológica no militar, aplicadas a proyectos civiles como energías renovables, tratamiento de agua y desarrollo en salud y ciberseguridad, en pro de sustituir la antigua flota, que ya supera los 30 años de operación y que dificulta la obtención de repuestos.

Como era de esperarse, la billonaria transacción desató una intensa controversia política y social. Diferentes políticos, entre ellos Luna, recordaron que Petro, en su etapa de candidato, cuestionó compras de armamento similares. Organismos de control, como la Contraloría General, han reclamado acceso a la documentación para fiscalizar el proceso y garantizar la transparencia en el uso de recursos del Estado, frente a las múltiples observaciones en cuanto al monto.
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