Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, permanece como prófugo por presunta corrupción en el millonario caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
A pesar de una orden internacional de captura a través de una circular roja de Interpol, se encuentra actualmente alojado en una casa de lujo en el barrio Las Colinas de Managua, Nicaragua, beneficiado por asilo político y apoyo diplomático, según reveló Caracol Radio.
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El fugitivo reside en una urbanización cerrada, con altos muros y estrictos controles de seguridad, a poca distancia de la Embajada de Colombia. La vivienda, identificada como la número 2 en un conjunto de solo cuatro casas, se enclava en un sector frecuentado por diplomáticos rusos.
De acuerdo con Caracol Radio, González llegó a Managua con ayuda de León Fredy Muñoz, entonces embajador de Colombia en Nicaragua, quien le facilitó tanto la entrada al país como el asilo.
Durante un periodo, vivió sin coste en la residencia oficial de la embajada y utilizó un vehículo con placas diplomáticas para su movilidad en la ciudad.
Por ese tiempo, la estadía y el transporte del prófugo fueron costeados por recursos públicos colombianos. Posteriormente, González se instaló en la vivienda de Óscar Muñoz, colaborador cercano de León Fredy y quien también asumió como embajador encargado tras el relevo diplomático.
De manera paradójica, Óscar Muñoz debía tramitar la extradición de su propio compañero de vivienda.
En diciembre, con motivo de una celebración en la embajada, González fue invitado y fotografiado bailando junto al embajador encargado durante la fiesta. Las imágenes, difundidas por el periodista Rafael Alberto Aristizabal, generaron controversia en Colombia y reavivaron el debate sobre los beneficios y el trato otorgado al prófugo por parte de funcionarios diplomáticos.
Tras la exposición mediática, Óscar Muñoz fue trasladado a otra legación diplomática. Además, la Procuraduría inició una investigación interna, cuyos resultados aún no han sido divulgados, de acuerdo con Caracol Radio.
González vive en Managua junto a su esposa, Luz Dana Leal, exdirectora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de Colombia, quien ocupó ese alto cargo hasta hace pocos meses.
La entorno inmediato de la residencia y el propio barrio, Las Colinas, están bajo especial vigilancia, incrementada por la presencia regular de diplomáticos rusos en la zona. La vivienda también cuenta con sistemas adicionales de seguridad y privacidad, dificultando la labor de las autoridades interesadas en su captura.
En un contexto paralelo, emergió una investigación sobre labores de inteligencia relacionadas con altos funcionarios colombianos.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció posibles actividades de vigilancia en su contra, mencionando al sargento viceprimero Darwin Ramírez Pertúz.
Según una fuente del Ministerio de Defensa citada por Caracol Radio, Ramírez Pertúz trabaja como parte del equipo de protección del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no pertenece al área de inteligencia y carece de funciones para ejecutar seguimientos judiciales. Esta fuente subrayó que sus labores se restringen a la seguridad de las autoridades y sus familias, y negó instrucciones oficiales para vigilar a otros funcionarios, incluyendo al ministro Idárraga.
Aun así, el medio comunicó que, en El Reporte Coronell, se accedió a un documento del Comando de Contrainteligencia donde se instruye identificar fuentes de información vinculadas a Andrés Idárraga, lo que añade una dimensión adicional de incertidumbre sobre posibles actividades de vigilancia interna en el Gobierno colombiano.
La verdadera propiedad de la exclusiva vivienda en Las Colinas que ocupa González continúa siendo un misterio bajo fuertes restricciones informativas y falta de transparencia en Nicaragua. Repitiendo el patrón de opacidad en el caso, hasta ahora no ha sido posible clarificar quién es el dueño real de la residencia, lo que mantiene vivas las dudas sobre la protección y el alcance de los privilegios que rodean al exfuncionario.
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