La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este martes 13 de enero de 2026 en Bogotá que se tomarán medidas para “garantizar los derechos de las y los consumidores y protegerlos ante eventuales abusos que se presenten en el marco de la aplicación del salario mínimo vital”.
La entidad emitió un comunicado en respuesta a la discusión nacional sobre la determinación del salario mínimo vital para 2026, de cara a los potenciales incrementos en los costos de consumo, que, eventualmente, comenzarán a mostrar tarifas más elevadas.
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Las inquietudes y temores no son desde luego solo en las empresas. Los consumidores, especialmente quienes no devengan salarios basados en la cifra del nuevo salario mìnimo vital para el 2026, que verían sus bolsillos resentidos y una posible pérdida de capacidad adquisitiva,
Sin embargo, de acuerdo con la SIC, el modelo de economía social de mercado en Colombia exige a las empresas y comerciantes que actúen “con un sentido lógico y racional en la fijación de las condiciones de comercialización de sus bienes y servicios”.
Por lo tanto, la entidad recordó que la legislación vigente prohíbe “la fijación de precios inequitativos (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones en la libre determinación de las condiciones de comercialización con las que cuentan los agentes económicos”.
Además, la autoridad de competencia aseguró que se mantendrá alerta para “evaluar las distintas denuncias y quejas que puedan surgir en el marco de estas funciones”.
SIC recordó los derechos de los consumidores
En su rol de autoridad de consumo, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirmó su compromiso con “la garantía de los derechos las y los consumidores”.
El organismo recordó que el Estatuto del Consumidor protege a los compradores frente a prácticas que puedan afectar su derecho a la información, la imposición de cláusulas contractuales abusivas, la publicidad engañosa y el incumplimiento en materia de garantías.
Respecto al sector vivienda, uno de los que puede resultar con más variables en las tarifas, según el la SIC señaló que, desde febrero de 2025, la Circular No. 4 de 2024 obliga al sector constructor a que “la publicidad y la fijación de los precios de los proyectos de vivienda debían hacerse en pesos colombianos, de conformidad a lo expuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011”.
En el contexto de esa vigilancia, la entidad pidió información a más de 20 constructoras para “determinar las condiciones actuales de comercialización de los proyectos inmobiliarios, y verificar el cumplimiento de estas instrucciones”.
Adicionalmente, la entidad comentó que la Delegatura de Reglamentos Técnicos y de Metrología legal reforzará las acciones de verificación en los distintos regímenes de libertad regulada y control de precios, especialmente en sectores estratégicos como medicamentos y dispositivos médicos.
La SIC indicó que actualmente supervisa “un total de 36 mil productos” en el sector salud.
El comunicado concluyó que “desde la SIC, emprenderemos las acciones necesarias para garantizar las garantías y derechos de las y los consumidores, la preservación de un modelo de mercado en el que primen los intereses de los consumidores, se materialicen los principios fundantes de la economía social de mercado, en el que se repriman las prácticas abusivas que atenten contra el mercado y los consumidores”.
Mientras tanato, un incremento del 23% en el salario mínimo y un IPC anual de 5,1% determinarán el ajuste en los principales gastos de los hogares colombianos durante 2026.
Arriendos, matrículas educativas, peajes, servicios públicos y varias tarifas administrativas se actualizarán con base en la inflación, mientras que otros servicios, como el cuidado de personas y el servicio doméstico, reflejarán directamente el alza del salario mínimo.
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