Gustavo Petro pidió que entidades públicas no hagan despidos masivos, en época electoral, en medio de polémica por ‘feria de contratos corbata’

En las recientes jornadas han salido a la luz denuncias sobre una presunta “feria de contratos ‘corbata’” en algunos ministerios —como el de Salud, de acuerdo a la denuncia del representante a la Cámara, Andrés Forero— que estarían realizando contrataciones millonarias y masivas, en el inicio de la época electoral.

Sin embargo, se conoció que desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se emitió una circular por instrucción del presidente Gustavo Petro, en la que advierte que no se pueden realizar desvinculaciones laborales masivas sin causa justa.

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Incluso, en el mes de octubre de 2025, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, denunció despidos masivos —661.000 contratos— en varias entidades de la Rama Ejecutiva, antes de que se reportaran las nuevas contrataciones que ahora despiertan el interés del país político.

La circular 100-002-2026 del Dapre fue emitida el 9 de enero de 2026, y aunque se divulgó en la mañana del 13 de enero, está ubicada en la página web del Departamento Administrativo de Función Pública.

Allí se lee que, en vísperas del congelamiento de la nómina por la Ley de Garantías Electorales, el Gobierno de Gustavo Petro busca frenar los despidos masivos en el sector público y exige a las entidades actuar con medida.

La advertencia toma relevancia a pocos días del 31 de enero, fecha en la que entrará en vigor la restricción mencionada y en medio de crecientes tensiones políticas de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Textualmente, el documento indica: “Por instrucción del señor presidente de la República se exhorta a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos”.

Durante los últimos compases antes del inicio de la Ley de Garantías, numerosas entidades han acelerado procesos internos para modificar su estructura laboral, guiadas no solo por la dinámica electoral, sino también por el uso tradicional de los empleos públicos como plataforma política.

Ante esto, la circular oficial recuerda que el empleo público debe proteger la dignidad humana, la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, e instruyó a los jefes de cada organismo a ser especialmente estrictos en cualquier cambio en la nómina.

La comunicación oficial establece que toda decisión vinculada a despidos o cambios contractuales debe “responder a criterios técnicos, objetivos y verificables, y no a consideraciones coyunturales”.

El documento también exige que cualquier determinación relevante en este campo esté debidamente sustentada, consultada con la máxima autoridad y respetando siempre la autonomía de las entidades.

Por su parte, el documento no hace mención de nuevos contratos masivos en instituciones del Ejecutivo.

Maria Fernanda Cabal pidió acciones de la Procuraduría para que monitoree presunta “feria de contratos ‘corbata’”

En el mismo contexto, la senadora y opositora María Fernanda Cabal anunció en sus redes sociales que pedirá que los organismo de control comiencen a hacer revisiones ante el incremento de contratos en las entidades de la Rama Ejecutiva.

"Ante las graves denuncias sobre la feria de contratos ‘corbata’ en el gobierno Petro, acabo de radicar solicitud formal al @PGN_COL Gregorio Eljach para que actúe de inmediato. Con Petro no dejarán la olla raspada. ¡Se la llevarán!“, escribió Cabal en sus redes sociales.

En su petición escribió: “Me permito solicitar de manera urgente la designación de un equipo especial de la Procuraduría para ejercer vigilancia preventiva y estricta sobre los procesos de contratación que se vienen adelantando en distintas entidades del Gobierno Nacional, en vísperas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías”.

Agregó: “Según la información revelada, se estarían suscribiendo contratos de manera masiva, con apariencia de favorecer intereses políticos y eludir las restricciones legales que aplican en épocas electorales. Casos como los del Fondo de Minigualdad, donde se destinaron más de $70.000 millones a contratos temporales coincidiendo con el calendario electoral, y la vinculación acelerada de personal en el Dapre, el Ministerio de las TIC, la Adres, el Ministerio de Salud y otras entidades, configuran un patrón de comportamiento preocupante”.