Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Inspección de Policía de Quibdó y la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) permitió intervenir 12 minas ilegales en el corregimiento de Guayabal, municipio de Quibdó, impactando de forma directa en las economías ilícitas y mitigando graves daños ambientales en la zona.
Según el reporte oficial, las autoridades reportaron una afectación económica aproximada de 275 millones de pesos tras la destrucción e inutilización de cinco dragas, veinte motobombas y trece motores, elementos empleados para la extracción ilícita de minerales.
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Esta acción complicó la capacidad logística y financiera del grupo criminal Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, responsable de la explotación de los recursos naturales en el pacífico colombiano.
El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea afirmó que la intervención refuerza el compromiso con la defensa ambiental.
“Al intervenir la minería ilegal no solo afectamos las economías criminales, sino que protegemos los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad que son fundamentales para las comunidades y para las futuras generaciones“, comentó el alto oficial.
El operativo contribuyó a reducir la degradación de ecosistemas estratégicos, prevenir la alteración de la franja forestal protectora y controlar la contaminación de fuentes hídricas causada por el uso de químicos nocivos como el mercurio. Además, se protegió la fauna y flora silvestre, evitando la muerte o desplazamiento de especies por intoxicación.
“Con estas operaciones, la Policía Nacional refleja el compromiso con la protección del capital natural del país al intervenir la minería ilegal. No solamente afectamos las economías criminales de las estructuras multicrimen, sino que también protegemos los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad del país”, puntualizó.
Operativo contra la minería ilegal en el Pacífico colombiano
Este no ha sido la única operación contra los grupos que se dedican a la explotación ilegal de yacimientos mineros en el departamento del Chocó.
El 8 de enero de 2026, en un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía Nacional, dejó inutilizada maquinaria minera valorada en más de 600 millones de pesos, dando un golpe significativo a la estructura financiera de redes criminales vinculadas a la minería ilegal.
Esta acción, enmarcada dentro del Plan Estratégico de Campaña Ayacucho Plus, no solo detuvo la extracción ilícita de oro, sino que también representa una reducción mensual en las ganancias ilegales cercanas a $2.000 millones de pesos, según informó el comandante de la Brigada 15 del Ejército Nacional, brigadier general William Fernando Caicedo.
Además del fuerte impacto financiero, las autoridades confirmaron que estas operaciones impidieron la extracción de cerca de 4.000 gramos de oro cada mes, lo que significa un recorte sustancial en los ingresos de organizaciones como el Clan del Golfo.
“Es allí donde hacen la destrucción de 36 unidades de producción minera, las cuales producían cuatro mil gramos mensuales. Esto es un equivalente a 1.720 millones aproximadamente, que dejan de percibir en economías ilícitas los bandidos del Clan del Golfo aquí en el departamento del Chocó”, indicó el alto oficial.
Durante la intervención en Chocó, las fuerzas públicas inutilizaron nueve dragas tipo buzo y 27 motores empleados para la extracción clandestina de oro. Estos equipos son considerados esenciales para las bandas criminales que sostienen su actividad en la minería ilegal de la región.
La operación también tiene un alcance ambiental destacado, ya que frena el uso intensivo de maquinaria pesada y productos contaminantes capaces de causar daños a los ecosistemas, afectar el caudal de los ríos y comprometer la vegetación de amplias zonas rurales.
“Seguiremos realizando con nuestra Policía Nacional operaciones que ataquen todas las actividades ilícitas de estas estructuras en el departamento del Chocó”, resaltó el brigadier general Caicedo.
Estas medidas buscan no solo debilitar el poder económico de las bandas, sino mitigar los daños ambientales generados por prácticas como la extracción ilegal y el vertido de agentes contaminantes en los cursos fluviales.
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