2025 alcanzó cifra histórica de colombianos que se declararon en quiebra: la más alta de la última década

En 2025, un total de 18.749 colombianos se habrían declarado en quiebra, lo que representaría un incremento del 79% en las solicitudes de insolvencia de persona natural respecto al 2024, según datos de la firma Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, fintech especializada en consultoría sobre insolvencia personal.

De acuerdo con la mencionada compañía, este aumento constituiría el mayor registrado en los últimos diez años.

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De acuerdo con el informe, que compara cifras del Ministerio de Justicia, notarías y herramientas de inteligencia artificial con información de más de 20.000 clientes de la firma, las principales causas para acogerse a la ley de insolvencia en 2025 fueron desorden financiero, con 38,77%; trabajo informal o desempleo, con 31,54%; mala educación financiera, con 14,4%; y emprendimientos fallidos, con 7,78%. Otros motivos representaron el 7,51%.

Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, afirmó en declaraciones recogidas por la firma que “es el incremento de insolvencias en personas naturales más alto en la última década y representa la urgente necesidad que tienen los colombianos de acceder a educación financiera. Pero también refleja el impacto que tiene el aumento de la informalidad en el bolsillo de las personas”.

El estudio revela que del total de personas declaradas en quiebra, el 58,1% fueron hombres y el 41,82% mujeres. Por estado civil, un 42,86% se identificó como soltero, mientras que el 57,14% afirmó estar casado o en unión libre.

En relación con los resultados de los procesos, el 32,86% de los casos logró llegar a acuerdos con sus acreedores, mientras que el 67,14% no alcanzó ningún acuerdo.

Benítez agregó que “este es el peor año en cuanto a la cantidad de acuerdos logrados por las personas en la ley de insolvencia, pues hace cuatro años el 60% de los casos llegaban a acuerdos y el año pasado esa cifra se redujo a la mitad, lo cual muestra la grave situación financiera que están viviendo los hogares colombianos”.

Por regiones, Bogotá lideró el número de solicitudes de insolvencia con 5.425 casos, seguido por Antioquia, con 4.356; Valle del Cauca, con 2.604 y Norte de Santander, con 915 solicitudes.

Sin embargo, Atlántico fue el departamento que reportó el mayor aumento porcentual respecto a 2024, con un alza del 218,73% al pasar de 283 solicitudes en 2024 a 902 en 2025. Antioquia tuvo un incremento del 129,14% y Norte de Santander del 125,93%.

Acopi advirtió que aumento del salario mínimo puede agravar la informalidad y presionar la inflación

El incremento del salario mínimo de $2.000.000 de pesos mensuales, incluyendo auxilio de transporte, definido por decreto tras el fracaso de la concertación tripartita, sigue generando eco y preocupación entre los gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La principal asociación de este sector, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), advirtió que la decisión podría agravar problemas estructurales como la informalidad laboral, la baja creación de empleo formal y el aumento de presiones inflacionarias en un contexto de fragilidad económica.

María Elena Ospina, presidenta de Acopi, expresó en entrevista con Semana que el impacto del incremento, cercano al 23%, no debe limitarse al análisis de eventuales despidos, sino a la pérdida de oportunidades de empleo formal, especialmente en las empresas de menor tamaño.

Ospina afirmó: “El riesgo principal es la menor creación de empleo formal y mayor informalidad en 2026, sobre todo en micro y pequeñas empresas; y otro importante es la inflación que supera ampliamente la inflación proyectada (3,6% a diciembre de 2026), lo que tensiona costos. Acá el tema no es solo cuántos empleos se pierden; es cuántos dejan de crearse y cuántos se informalizan”.

Ospina insistió en que incrementos de esta magnitud deben ir acompañados de políticas claras de productividad y formalización. En sus declaraciones al citado medio, señaló: “Como política pública debe ser progresivo y venir acompañado de un paquete serio de productividad y formalización; si no, el costo se traslada a menos empleo formal, más informalidad y más presión sobre precios”.