En 2025, un total de 18.749 colombianos se habrían declarado en quiebra, lo que representaría un incremento del 79% en las solicitudes de insolvencia de persona natural respecto al 2024, según datos de la firma Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, fintech especializada en consultoría sobre insolvencia personal.
De acuerdo con la mencionada compañía, este aumento constituiría el mayor registrado en los últimos diez años.
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De acuerdo con el informe, que compara cifras del Ministerio de Justicia, notarías y herramientas de inteligencia artificial con información de más de 20.000 clientes de la firma, las principales causas para acogerse a la ley de insolvencia en 2025 fueron desorden financiero, con 38,77%; trabajo informal o desempleo, con 31,54%; mala educación financiera, con 14,4%; y emprendimientos fallidos, con 7,78%. Otros motivos representaron el 7,51%.
Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, afirmó en declaraciones recogidas por la firma que “es el incremento de insolvencias en personas naturales más alto en la última década y representa la urgente necesidad que tienen los colombianos de acceder a educación financiera. Pero también refleja el impacto que tiene el aumento de la informalidad en el bolsillo de las personas”.
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El estudio revela que del total de personas declaradas en quiebra, el 58,1% fueron hombres y el 41,82% mujeres. Por estado civil, un 42,86% se identificó como soltero, mientras que el 57,14% afirmó estar casado o en unión libre.
En relación con los resultados de los procesos, el 32,86% de los casos logró llegar a acuerdos con sus acreedores, mientras que el 67,14% no alcanzó ningún acuerdo.
Benítez agregó que “este es el peor año en cuanto a la cantidad de acuerdos logrados por las personas en la ley de insolvencia, pues hace cuatro años el 60% de los casos llegaban a acuerdos y el año pasado esa cifra se redujo a la mitad, lo cual muestra la grave situación financiera que están viviendo los hogares colombianos”.
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Por regiones, Bogotá lideró el número de solicitudes de insolvencia con 5.425 casos, seguido por Antioquia, con 4.356; Valle del Cauca, con 2.604 y Norte de Santander, con 915 solicitudes.
Sin embargo, Atlántico fue el departamento que reportó el mayor aumento porcentual respecto a 2024, con un alza del 218,73% al pasar de 283 solicitudes en 2024 a 902 en 2025. Antioquia tuvo un incremento del 129,14% y Norte de Santander del 125,93%.
Acopi advirtió que aumento del salario mínimo puede agravar la informalidad y presionar la inflación
El incremento del salario mínimo de $2.000.000 de pesos mensuales, incluyendo auxilio de transporte, definido por decreto tras el fracaso de la concertación tripartita, sigue generando eco y preocupación entre los gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas.
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La principal asociación de este sector, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), advirtió que la decisión podría agravar problemas estructurales como la informalidad laboral, la baja creación de empleo formal y el aumento de presiones inflacionarias en un contexto de fragilidad económica.
María Elena Ospina, presidenta de Acopi, expresó en entrevista con Semana que el impacto del incremento, cercano al 23%, no debe limitarse al análisis de eventuales despidos, sino a la pérdida de oportunidades de empleo formal, especialmente en las empresas de menor tamaño.
Ospina afirmó: “El riesgo principal es la menor creación de empleo formal y mayor informalidad en 2026, sobre todo en micro y pequeñas empresas; y otro importante es la inflación que supera ampliamente la inflación proyectada (3,6% a diciembre de 2026), lo que tensiona costos. Acá el tema no es solo cuántos empleos se pierden; es cuántos dejan de crearse y cuántos se informalizan”.
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Ospina insistió en que incrementos de esta magnitud deben ir acompañados de políticas claras de productividad y formalización. En sus declaraciones al citado medio, señaló: “Como política pública debe ser progresivo y venir acompañado de un paquete serio de productividad y formalización; si no, el costo se traslada a menos empleo formal, más informalidad y más presión sobre precios”.
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