Madre recorrió más de 70 kilómetros en moto para recuperar el cuerpo de su hija, que fue secuestrada y torturada en zona rural de Cesar

La muerte violenta de Roxana Álvarez Rojano ha expuesto una vez más la fragilidad de la respuesta institucional frente a los crímenes en regiones rurales de Colombia y el desamparo de las víctimas.

Yaneth Rojano Mendoza, madre de la joven de 26 años, se vio obligada a recoger el cadáver de su hija asesinada y trasladarlo 70 kilómetros en motocicleta, ante la negativa de la Policía de Pelaya de ejecutar el levantamiento del cuerpo por motivos de seguridad.

Este episodio, ocurrido en una zona rural de Pelaya, Cesar, provocó una ola de indignación y tristeza no solo entre los habitantes de la región, sino en las redes sociales, donde la imagen del desplazamiento de la madre capturó la atención por su crudeza y simbolizó la falta de apoyo estatal.

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En su trayecto, la madre recorrió varias poblaciones: La Floresta, El Burro, Palestina y Tamalameque, hasta llegar a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de El Banco, Magdalena, donde se llevaron a cabo los procedimientos judiciales.

El impacto de este caso se amplificó cuando decenas de usuarios en redes sociales compartieron mensajes de indignación, resaltando la negligencia institucional y el sufrimiento de una madre.

El hallazgo del cuerpo de Roxana Álvarez Rojano en el sector de Los Pinos confirmó la crudeza del asesinato: el cadáver presentaba signos de tortura, múltiples heridas por arma blanca y disparos, de acuerdo con la información difundida por el medio El Universal. Junto a ella fue encontrado el cuerpo de un hombre, lo que vincula el hecho a una situación de violencia persistente en la región y refuerza la percepción de inseguridad.

Las primeras pesquisas apuntan a que Roxana Álvarez Rojano, residente en el barrio Las Palmas de El Banco, Magdalena, fue raptada la noche del 7 de enero por individuos que fingieron ser miembros de la fuerza pública.

Trabajaba en una finca en las proximidades de Las Vegas, entre Pailitas y Curumaní, Cesar. Aunque las autoridades han entregado pocos detalles, no se conocen aún responsables por el crimen. La familia y la comunidad exigen una investigación rigurosa para esclarecer los hechos y determinar si terceras personas están implicadas en la muerte de esta madre de dos niños.

La negativa institucional quedó plasmada cuando —según relató Yaneth Rojano Mendoza a El Universal— la Policía de Pelaya, invocando motivos de seguridad, se negó a retirar el cadáver, lo que precipitó el traslado por parte de la familia.

El asesinato y el posterior abandono estatal han detonado un debate sobre el papel de las autoridades en la protección de las víctimas y la atención oportuna ante hechos violentos que, como este, dejan a familias enteras sumidas en el dolor.

Policía del César

Las versiones en torno a la autoría, los antecedentes de las víctimas y las dudas de la comunidad revelan el trasfondo de una zona marcada por la confrontación entre grupos armados ilegales y la desconfianza institucional. Desde el primer momento, el teniente coronel Antonio Londoño, comandante operativo del departamento de policía, Cesar, ofreció a la prensa detalles sobre el procedimiento y las líneas iniciales de investigación.

“La policía halló dos cuerpos sin vida en la zona rural del municipio de Pelaya. Esto fue aproximadamente a las ocho de la mañana en la vereda Santa Ana. Las personas presentaban impactos por arma de fuego”, informó el teniente coronel Antonio Londoño al medio local durante la entrevista. Según sus palabras, los fallecidos fueron identificados como José Trinidad Sánchez Duarte y Rosana Álvarez Rojano.

Ambas víctimas habían sido retenidas, según el oficial, la noche previa en el corregimiento de Las Vegas, cuando “unos sujetos armados, quienes al parecer los subieron a un vehículo, una camioneta”, cometieron el secuestro.

Londoño puntualizó que la respuesta policial se activó en cuanto se supo del hecho. “En el momento que se conoce el hecho, la policía reacciona en el corregimiento de Las Vegas, se traslada hacia el lugar a verificar cómo fue el hecho. También algunos familiares llegan a la subestación de policía y se ponen a disposición las capacidades que se tienen”.

Sobre el perfil de las víctimas, fue enfático: "Es importante resaltar que una de las víctimas tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y violencia familiar, entre otros delitos“, manifestó Londoño. Precisó al ser consultado que “el masculino registraba los antecedentes” y que en el caso de la mujer, “estamos por establecer”.

El comandante puso de relieve los posibles móviles y los actores involucrados: “Una de las hipótesis es la atribución del hecho a miembros de la red de apoyo al terrorismo del ELN, quienes al parecer tienen una confrontación con integrantes del Clan del Golfo”.

El análisis, aseguró, se basa “en la modalidad delictiva y el modus operandi”. La investigación busca determinar si existía alguna relación de las víctimas “con hechos que se hayan presentado en el corregimiento de Las Vegas o alguna diferencia con estos grupos armados, o si fue un hecho aislado”.

La intervención institucional en el lugar del crimen suscitó interrogantes. En especial, familiares de una de las víctimas denunciaron a través de redes que “en ningún momento se le prestó atención alguna para realizar el levantamiento del cuerpo en el caso de la mujer”.

El oficial explicó: “Las estaciones de policía tienen jurisdicción en los cascos urbanos y sectores aledaños. Cuando los hechos suceden en corregimientos distantes de los cascos urbanos, generalmente los corregidores son quienes adelantan este tipo de inspecciones, ya que tienen la competencia legal para tal fin”. Subrayó que “siempre a las familias o a las víctimas se les asesora para que hagan la coordinación con estas autoridades administrativas”.

Consultado sobre la relación entre las dos víctimas, Londoño admitió lo confuso del caso y negó cualquier participación policial: “Cuando se presentan los hechos empiezan a circular versiones que manifiestan que la policía tiene cierto grado de responsabilidad, lo cual es totalmente falso”, afirmó de modo tajante.

Detalló que acudió personalmente al sitio, se reunió con el único testigo presencial y otros vecinos, quienes “manifestaron que fue una camioneta” la que llegó al lugar y que “los delincuentes se identificaron como miembros de la policía”. Londoño fue enfático: "No tenemos presencia de funcionarios de policía judicial ni vehículos de esa categoría en ese corregimiento, y los policías al contrario, lo que hicieron fue brindar apoyo en el momento que se presentó el hecho“.

A pesar de que la policía propuso tomar denuncias, mostrar fotografías y facilitar identificación de autores, “se negaron rotundamente a brindar cualquier tipo de información y a colocar algún tipo de denuncia”, indicó. El jefe policial añadió que incluso el testigo mencionó que las víctimas, recién llegadas a su casa hacía cuatro días, iban a trabajar allí, aunque “no supo aclarar cómo las conocía, hace cuánto, ni por qué les iba a dar trabajo”.

En cuanto a los detalles forenses, Londoño señaló que corresponde a medicina legal precisar lesiones y posibles signos de tortura: “Son quienes determinan el tipo de lesión y las marcas que llegase a presentar el cuerpo por otras circunstancias. Nosotros realmente no tenemos esa información”, dijo el teniente coronel.

El trasfondo criminal de la zona fue delimitado por el propio comandante: "Tenemos un fortalecimiento en las capacidades a nivel departamental. En el año 2025, que ya terminó, tuvimos un incremento en las acciones operativas. Hace dos días se realizaron unos allanamientos contra el ELN, donde se capturó a alias Ismael, miembro de la red de apoyo al ELN, quien al parecer tiene relación con el atentado que hubo en el Ejército en Juncal“, indicó. Detalló que el ELN, el Clan del Golfo, Los Pachenca y Los conquistadores de la sierra mantienen una confrontación permanente en la zona, y que, hasta la fecha, “no se ha registrado ningún homicidio en los cascos urbanos”, pero que en 2026 “los homicidios han sido en el sector rural”.

El oficial afirmó que la coordinación con el Ejército y el refuerzo de controles sobre las vías nacionales y rurales buscan contener la violencia, mientras la investigación del caso trata de determinar si esta nueva tragedia responde a la disputa entre los grupos armados ilegales o corresponde a un caso desconectado de esa dinámica.