La Procuraduría General de la Nación inició el 8 de enero de 2026 una investigación disciplinaria contra César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, por presuntamente incumplir una sentencia judicial que le ordenó culminar el Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Ranchería.
Esta obra es esencial para el suministro de agua potable y sistemas de riego en varios municipios del departamento de La Guajira, según informó la Procuraduría.
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De acuerdo con la Procuraduría, la apertura del proceso disciplinario se produjo después de verificar el posible incumplimiento de la sentencia que respaldó una acción popular dirigida a finalizar la represa.
El Consejo de Estado, mediante su Sección Primera, ratificó el 11 de mayo de 2023 la orden del Tribunal Administrativo de La Guajira, exigiendo a la Agencia de Desarrollo Rural concluir la obra.
El proyecto busca abastecer los acueductos y sistemas de riego de municipios como Ranchería, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.
El fallo judicial trazó una hoja de ruta clara para terminar el proyecto, estancado por más de quince años. Sin embargo, indicó la Procuraduría, hasta la fecha la Agencia de Desarrollo Rural no habría gestionado los trámites administrativos requeridos y continuarían los retrasos bajo la gestión de Pachón.
El impacto social de esta demora es considerable en La Guajira. Ante el riesgo de colapso del embalse por lluvias recientes, la gobernación departamental y los organismos de socorro activaron planes de contingencia para evitar mayores emergencias.
Las autoridades y los habitantes locales siguen esperando la finalización de la represa, considerada fundamental para superar la persistente crisis de agua en la región.
Semana señaló también que el control institucional y la supervisión sobre las decisiones judiciales han sido puestos en duda ante la gestión de la Agencia de Desarrollo Rural. El caso se suma a otras denuncias sobre política interna y controversias en la dirección de la entidad bajo el liderazgo de Pachón.
Aunque el fallo del Consejo de Estado estableció soluciones concretas a las demandas históricas de La Guajira, hasta ahora la Agencia no ha avanzado en la gestión administrativa necesaria, dejando sin respuesta los problemas que afectan a la región desde hace más de quince años.
y es que es en 2023, se denunciaban la demora de 15 años después del inicio de la construcción (hoy en día 18 años), el Consejo de Estado había ordenado al Gobierno nacional concluir la represa del río Ranchería en La Guajira.
La decisión confirma el fallo del Tribunal Administrativo de La Guajira, que respondió a una acción popular de la Procuraduría General de la Nación por el incumplimiento de la licencia ambiental y la vulneración del acceso a agua potable para habitantes de nueve municipios.
La sentencia contempla la creación de una mesa técnica interinstitucional integrada por entidades como el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de La Guajira, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y los ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente, Vivienda, Minas y del Interior, bajo la coordinación de la Agencia De Desarrollo Rural. Estas deberán ejecutar la hoja de ruta establecida para finalizar el denominado “elefante blanco” del país.
El proyecto, que inició contratos en 2001 y obras en 2005, quedó inconcluso desde 2010 tras invertir más de $650.000 millones. Solo la presa El Cercado se finalizó en la primera fase, entre enero de 2006 y noviembre de 2010.
Hasta la fecha, su única función ha sido regular el caudal del río, sin suministrar agua potable ni operar distritos de riego o una central hidroeléctrica.
La represa ha estado marcada por emergencias ambientales, incluida una contaminación química que provocó la muerte de miles de peces, a la Unión Temporal La Guajira por no acatar el Plan de Manejo Ambiental. En 2010, el fenómeno de La Niña aceleró el llenado del embalse en cuatro meses, ocasionando inundaciones y afectando a comunidades indígenas de Caracolí, Piñón y Piñoncito.
En 2017, la Contraloría General de la República detectó 43 irregularidades administrativas, de las cuales 18 podrían ser disciplinarias y cuatro tendrían alcance fiscal por $934,5 millones, según Semana.
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