En un urgente llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui exigió la “liberación inmediata” de los colombianos secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al igual que instó al Ejecutivo a que pida que se liberen todos los presos políticos en Venezuela: que se encuentran privados de la libertad luego de las elecciones efectuadas el 28 de julio, en las que se desconoció la victoria de Edmundo González.
La petición, que está inmersa en las crecientes tensiones por la gestión de la política de Paz Total, pero que tiene de precedente la llamada telefónica entre el jefe de Estado colombiano y su par norteamericano, Donald Trump, busca que con las gestiones que se adelanten desde el Gobierno nacional se le pueda dar tranquilidad a las familias de los detenidos. Y que se deje sentada una postura frente a estos flagelos, cometidos por el grupo ilegal y la dictadura.
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De acuerdo con Uscátegui, resulta fundamental que “Gustavo Petro baje la cabeza, deje la soberbia, hable en nombre de todo el pueblo colombiano, que necesita ese canal de comunicación fluido entre los dos países, e importante también, que se abogue por los secuestrados colombianos del ELN en territorio venezolano y también de los presos políticos colombianos que hoy están en cárceles venezolanas”. Un mensaje que caló fuerte entre sus simpatizantes.
El reclamo de Uscátegui se fundamenta en una disputa de cifras y responsabilidades en torno al fenómeno del secuestro. El congresista sostuvo que el número real de personas retenidas por el ELN “supera los 20 casos”, cifra que contrasta con la ausencia de datos exactos por parte de organismos estatales, pues según él la Defensoría del Pueblo ha expresado no tener datos exactos sobre el total de privados de la libertad por este grupo armado ilegal.
Los datos que reflejan la magnitud del secuestro en Colombia
Las estadísticas divulgadas por el propio Uscátegu hacen énfasis en la crisis en este tema. Según datos presentados previamente, entre agosto de 2022 y finales de 2024 se registraron más de 616 secuestros en Colombia por diversos grupos armados, incluyendo al ELN, replicando las cifras de la Policía Nacional. Este repunte, aseguró, se produjo bajo la estrategia de diálogo con actores armados y ha provocado inquietud respecto a su eficacia real.
La situación de la fuerza pública también se ha convertido en un aspecto fundamental de sus denuncias y peticiones al Gobierno nacional. En sus registros, a finales de 2025, aún permanecían secuestrados 11 uniformados y 2 agentes del CTI, a pesar de los operativos desarrollados en regiones como Arauca. Frente a estos hechos, el congresista de oposición exigió la liberación inmediata y completa de los retenidos, al tiempo que pidió mayor diligencia institucional.
En ese orden de ideas, Uscátegui también ha recordado en sus peticiones el caso de los exmilitares Alexander Ante y José Aron Medina, que, tras ser detenidos en Venezuela, “terminaron en prisiones rusas”. Y vinculó esta situación con la “falta de acción de la Cancillería” y planteó sus consecuencias sobre la seguridad regional, frente a lo que sería la connivencia del actual Gobierno con el régimen, que se mantiene pese a la captura del dictador Nicolás Maduro.
Sus esfuerzos de verificación lo llevaron a actuar como veedor internacional. En febrero y abril de 2024 viajó a La Habana (Cuba) y Caracas (Venezuela) para seguir el fracasado proceso de paz con el ELN y exigir pruebas de supervivencia y la liberación de los secuestrados en las mesas de diálogo. En esos intentos, el propio Uscátegui fue retenido e incomunicado por autoridades venezolanas “en varias ocasiones, entre abril y julio de 2024, siendo deportado.
El representante concluyó en que la transparencia es la base de cualquier avance en la negociación. “El ELN debe entregar una lista completa de las personas en su poder como requisito indispensable para avanzar en cualquier proceso de paz”, puntualizó el congresista de oposición, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, y que quiere revalidar su curul en la legislatura 2026-2030, como una de las fórmulas de la Cámara en Bogotá.
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