Procuraduría General de la Nación formuló cargos a exfuncionario de Pereira por presunta vulneración de derechos de menores

La Procuraduría General de la Nación el 6 de enero publicó un comunicado en el que informó que abrió un proceso disciplinario contra Jaime Aristóbulo Mena Bueaños, que anteriormente ocupó el cargo de subsecretario de grupos vulnerables y programas especiales en la Alcaldía de Pereira, tras ser señalado por presuntamente afectar los derechos de varios menores al ordenarles salir del refugio donde permanecían.

De acuerdo con lo informado por la entidad, se presume que Jaime Aristóbulo Mena impidió que cinco individuos pudieran presentar argumentos en su favor, lo que habría resultado en la afectación de las garantías del debido proceso.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira indicó que, según las investigaciones, el funcionario habría remitido una comunicación el 22 de mayo de 2024 a cinco personas que recibían asistencia humanitaria y residían en un refugio para víctimas del conflicto armado, y les exigió desalojar el lugar por supuestas infracciones al reglamento interno.

“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira señaló que, al parecer, el disciplinable envió un oficio el 22 de mayo de 2024 a cinco beneficiarios de ayuda humanitaria, quienes estaban en un albergue destinado a víctimas del conflicto armado, y aludiendo un supuesto incumplimiento del manual de convivencia, les ordenó irse”, se lee en el comunicado del Ministerio público.

La entidad de vigilancia sostuvo que el funcionario, quien asumió el puesto el 4 de enero de 2024, habría restringido a cinco individuos la posibilidad de defenderse y responder a los señalamientos, lo que implicaría una transgresión al debido proceso.

El Ministerio Público señaló que, ante una posible actuación fuera de sus competencias, Jaime Mena Buenaños habría infringido el principio de moralidad administrativa, motivo por el cual la conducta fue catalogada provisionalmente como una falta grave atribuida a culpa grave.

“El ente de control indicó que el servidor, que se posesionó en el cargo el 4 de enero de 2024, posiblemente vulneró el debido proceso de las cinco personas al no permitir que los involucrados ejercieran su derecho de defensa y contradicción y desconocimiento. Por la presunta extralimitación de funciones, el Ministerio Público dijo que Mena Buenaños pudo quebrantar el principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó la supuesta conducta como falta grave cometida a título de culpa grave”, comentó el Ministerio Público en su comunicado con respecto a lo ocurrido.

Procuraduría ordenó alcalde ad hoc en Pereira

El 2 de enero de 2026, la Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio del Interior nombrar un alcalde ad hoc en Pereira. Esta medida pretende garantizar la neutralidad y prevenir posibles conflictos de interés en la gestión municipal durante las elecciones legislativas de 2026, después de que el mandatario local, Mauricio Salazar Peláez, expresara su impedimento para participar en temas electorales debido a la candidatura de su esposa al Senado.

El Ministerio Público informó que se mantiene abierta la investigación disciplinaria contra Salazar por presunta participación indebida en política, proceso que fue iniciado en diciembre de 2025. La pesquisa pretende determinar si hubo un comportamiento indebido por parte del mandatario municipal y si este hecho se ajusta a una falta disciplinaria, además de establecer si actuó amparado en alguna causa legal que excluya responsabilidad.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda oficializó la prohibición para que Salazar participe en cualquier actividad, debate o resolución del Comité de Seguimiento Electoral de Pereira. Además, se le vedó intervenir en procedimientos administrativos vinculados, de manera directa o indirecta, con las elecciones al Congreso para el periodo 2026-2030.

Debido a esta disposición, la responsabilidad de seleccionar un funcionario encargado temporalmente de los asuntos electorales recaerá en el Ministerio del Interior.

“La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que el burgomaestre no podrá participar, deliberar o decidir sobre asuntos que sean sometidos a consideración del Comité de Seguimiento Electoral del municipio”, según comunicado.