Polémica se volvió violenta por corrida de toros en Santander: alcalde se enfrentó a políticos antitaurinos

El 1 de enero, Barbosa, en el departamento de Santander, fue el escenario de un encendido conflicto entre defensores de la tradición taurina y activistas en contra del maltrato animal, a raíz de la organización de una corrida de toros impulsada por el alcalde Marco Alirio Cortés y su administración.

La realización del evento provocó una fuerte división en la comunidad, desencadenando protestas, denuncias sobre violencia y reclamos por presunta estigmatización de quienes se oponen a la tauromaquia.

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Las autoridades y grupos ciudadanos solicitaron a diferentes organismos de control la investigación de las conductas observadas durante la actividad.

La corrida de toros, que formó parte de las ferias locales, marcó el regreso de este espectáculo luego de varios años sin realizarse en la zona.

Aunque la alcaldía resaltó el carácter cultural y económico del evento, incluyendo la participación del reconocido torero Sebastián Vargas, su ejecución estuvo en suspenso días antes debido a las posturas encontradas entre residentes.

Para algunos habitantes, el retorno de la tauromaquia significó la recuperación de una festividad familiar y una práctica tradicional largamente interrumpida en Barbosa y otras regiones del país.

Otros ciudadanos manifestaron públicamente su rechazo, denunciando que la corrida perpetúa el maltrato y sacrificio de animales, una postura respaldada por colectivos animalistas que exigieron la cancelación del evento.

Durante la jornada, la tensión fue evidente. A pesar de que la Procuraduría General de la Nación había emitido una circular recomendando la regulación de estos espectáculos, la corrida siguió adelante con la presencia de figuras políticas y activistas, entre ellos el representante a la Cámara Cristian Avendaño y el exconcejal Carlos Parra.

Testimonios y videos muestran cómo, en medio de los reclamos de defensores de los animales, asistentes increparon al alcalde Cortés con gritos de “asesino”, mientras el mandatario respondió con insultos homofóbicos y gestos que simularon amenazas con la mano.

En una de las grabaciones, Avendaño intervino al ver a varias personas golpeando a un toro dentro de un vehículo pesado y expresó: “mire, lo están golpeando para que salga”. Otros protestantes gritaban “eso es maltrato animal” y pedían evitar la salida del animal para protegerlo de posibles ataques.

Las actuaciones y declaraciones de las autoridades locales enfrentaron un fuerte escrutinio por parte de sectores sociales y manifestantes.

De acuerdo con Caracol Radio, el alcalde Cortés habría hecho comentarios catalogados por los denunciantes como “burlescos y estigmatizantes”, lo que, según estos, propició episodios de violencia e intimidación dentro y fuera del evento.

Además, se registraron agresiones verbales y físicas hacia quienes protestaban, según reportes difundidos en redes sociales. Como consecuencia, ciudadanos y colectivos formularon denuncias formales ante la Procuraduría, solicitando una investigación disciplinaria contra el mandatario por presunta estigmatización e incumplimiento de funciones, y ante la Fiscalía para que se evalúe la posible existencia de delitos relacionados con instigación a la violencia o amenazas.

La división social resultante en Barbosa quedó reflejada tanto en las calles como en las redes sociales.

Los sectores a favor de la tauromaquia celbraron el regreso del evento, argumentando que representa un valor histórico y un aporte a la convivencia local. Por el contrario, fundaciones de protección animal, grupos ambientalistas y miembros de la comunidad acusaron a la alcaldía de promover prácticas lesivas y desfasadas. Estas posturas opuestas evidenciaron una marcada fractura entre quienes consideran la tauromaquia parte de la identidad cultural y quienes la ven como una vulneración a las leyes de bienestar animal.

Las denuncias surgidas a raíz del evento llegaron a la Procuraduría, la Fiscalía y otras autoridades. Organizaciones ciudadanas extendieron su llamado a la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Gobernación de Santander y la Policía Nacional, solicitando la activación de mecanismos de protección para manifestantes, garantías para el derecho a la protesta y medidas claras para prevenir que se repitan situaciones de violencia en futuras movilizaciones.