Gobierno Petro propinó “golpe” en la Universidad de Antioquia: a un día para que se acabe 2025 tumbó a su rector

En una determinación que abrió el debate sobre una posible violación de la autonomía universitaria, el Ministerio de Educación Nacional formalizó el 30 de diciembre de 2025, a un día del final de 2025, la remoción de John Jairo Arboleda Céspedes como rector de la Universidad de Antioquia (UdeA). A través de la resolución 025421 del 29 de diciembre, el titular del ministerio, Daniel Rojas Medellín, declaró insubsistente al mencionado rector, que tendrá que salir de su cargo.

Tras la decisión, que se conoció a través de las redes sociales del ministerio, también se oficializó la designación de Héctor Iván García como rector encargado, por un término de un año, prorrogable una sola vez. La remoción de Arboleda responde, según el documento oficial, al incumplimiento de la universidad con las obligaciones de mejoramiento ordenadas por el ministerio a mediados de este año; en una decisión que causó fuerte controversia.

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En efecto, en la resolución el ministerio argumentó que la decisión hace parte de “un procedimiento administrativo con el que se buscaría salvaguardar la sostenibilidad de esa institución y garantizar su funcionamiento”. Según el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, la crisis financiera y administrativa de la universidad motivó la intervención por parte de la entidad central: con la que venían librándose fuertes disputas por el poder del claustro.

“Durante el presente año, se han venido evidenciando nuevas condiciones relacionadas con la situación administrativa y financiera de la universidad. La más preocupante de ellas es la relacionada con la fluidez de caja y las condiciones de deterioro financiero de la universidad”, argumentó Moreno, de acuerdo con el video que fue publicado por la dependencia estatal. Siendo esta una decisión que se tomó en pleno receso del periodo académico, y a puertas de 2026.

El viceministro también explicó que la resolución forma parte de una serie de medidas preventivas que se implementarán, según él, en favor de la universidad. “Esta decisión es un paso más a las medidas que se habían adoptado desde hace algunos meses mediante la resolución 16105, que imponía medidas preventivas de vigilancia especial y el nombramiento de un funcionario designado para vigilar de forma presencial la institución”, indicó.

Causas de la intervención del Ministerio de Educación a la UdeA: alegan constantes incumplimientos de Arboleda

El ministerio detalló en la resolución que la Universidad de Antioquia, bajo la administración de Arboleda, habría incumplido un plan de mejoramiento ordenado desde Bogotá para corregir irregularidades administrativas y financieras. Además, se señaló que la institución no cumplió con el plan de saneamiento financiero “orientado a corregir, depurar y ajustar su situación financiera, priorizando la reversión del déficit estructural y del déficit de caja evidenciados”.

Se expresó que la gestión del saliente rector impactó de forma transversal “los procesos de planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y control de las actividades institucionales”. En otro de los motivos, el ministerio aseveró que Arboleda habría dificultado la labor de vigilancia impuesta por la cartera, obstaculizando el trabajo de la inspectora designada para hacer seguimiento a los gastos y manejos administrativos.

“El Ministerio ha determinado una nueva medida de inspección y vigilancia consistente en el reemplazo del rector como representante legal de la universidad”, señaló Moreno en defensa de la decisión. Aunque esta parece ser una determinación que no tiene reversa, la salida de Arboleda no se hará efectiva de inmediato, pues de parte de la cartera de educación se aclaró que tendrá que hacerse la comunicación oficial al exfuncionario de la universidad.

“De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, esta decisión administrativa no produce efectos jurídicos mientras no se surta la notificación personal al interesado. Por tal razón, el procedimiento se encuentra actualmente en etapa de notificación, la cual se adelanta a través de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, conforme a los procedimientos legales establecidos”, se precisó por parte del ministerio, que actuó en la víspera del Año Nuevo.

En la resolución, la entidad estatal dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones. “El Ministerio de Educación Nacional podrá adoptar posteriormente nuevas medidas dentro de las establecidas legalmente, o dar por terminada esta medida, dependiendo del cumplimiento del propósito por ella perseguido y en general de la evolución de la situación en la institución”. Por el momento asumirá García, que es profesor del claustro desde 1995, con vasta experiencia.

Salida de John Jairo Arboleda sería la “hecatombe” de viejas rencillas

De acuerdo con el reporte de El Colombiano, el ambiente en la universidad venía siendo influenciado por tensiones desde agosto de 2025, cuando el ministro Rojas cambió a su representante en el Consejo Superior y designó a Daniel Torres Niño, exfuncionario del Icetex, que fue blanco de críticas por parte de congresistas como la representante a la Cámara Catherine Juvinao: opositora de Petro y que hizo énfasis en cómo estaría inmiscuyéndose el Gobierno nacional.

También se cuestionó la designación de una inspectora in situ, una figura inédita en la UdeA, que fue señalada por presunta falta de notificación oficial a la rectoría. Otra figura involucrada en la controversia fue Wilmar Mejía, director de Inteligencia del Gobierno y que, a la par, es representante del Ejecutivo en el Consejo Superior, y que se vio involucrado en investigaciones por presuntos entramados entre organismos del Estado y las disidencias de las Farc.

Durante el mes en curso, el ministerio emitió un ultimátum a la universidad, al solicitar a la institución la presentación de informes sobre la implementación de sus planes de mejoramiento. Ante esta exigencia, el Consejo Académico expresó su inconformidad, al señalar que “además de perentorio” el requerimiento “dejaría abierta la posibilidad de sanciones y decisiones administrativas que, más que ayudar a resolver la crisis que nos aqueja, generan un clima de zozobra”.