Retractaciones, acusaciones y desobediencia: 2025, el año en que Gustavo Petro acusó y desafió a empresarios, jueces y figuras políticas

En un fenómeno sin precedentes en la historia del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, enfrentó en 2025 un número inédito de órdenes judiciales de retractación y rectificación por declaraciones públicas dirigidas a empresarios, exfuncionarios, jueces, líderes sociales y figuras políticas; lo que expuso la necesidad de un fuerte debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad política del primer mandatario.

Amparado en su derecho de expresar sus opiniones políticas, tal y como lo ha expresado en diferentes oportunidades Alejandro Carranza, su abogado defensor, el jefe de Estado ha apuntado hacia varios de sus contradictores con una serie de señalamientos que, en contraste, lo han llevado a afrontar duras denuncias en los estrados judiciales. Y, en casi todos los casos, verse obligado a desdecirse de los mismos, por sus efectos.

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Con todo y ello, en algunos episodios Petro reculó a su modo: pues en vez de retirar sus acusaciones sobre algunos de sus blancos, lo que hizo fue adicionar más ‘leña al fuego’, lo que hizo que los afectados tuvieran que interponer incidentes de desacato frente a lo expresado por el gobernante. Una tensa relación del poder con la que se ha configurado una especie de escenario adverso, al menos en lo reputacional, para el líder de izquierda.

Un 2025 plagado de retractaciones para Petro: los Vargas Lleras tuvieron que acudir a la justicia

El 2 de enero, Petro acusó en la red social X a los hermanos Enrique y Germán Vargas Lleras de beneficiarse de contratos de la Nueva EPS y de estar implicados en uno de los mayores desfalcos del sector salud, por $5,5 billones. Sin embargo, el Consejo de Estado, que se ha convertido en una especie de talanquera a sus expresiones, con diferentes determinaciones, ordenó el 15 de mayo la retractación y disculpas públicas a Enrique Vargas Lleras.

El presidente, en ese entonces, reconoció que sus afirmaciones carecían de pruebas y que no podía atribuir responsabilidad penal a Enrique Vargas Lleras; no obstante, la familia consideró insuficiente la retractación, lo que llevó al tribunal a insistir en octubre en el cumplimiento estricto de la orden, sin que hasta ese momento se hubiera dado una satisfacción plena de esta determinación del presidente, que se aferra a sus postulados.

“Aclaro que dicha publicación fue una réplica a otro actor político y no pretendió atribuir responsabilidad penal al señor Vargas Lleras. El mensaje señalaba que los problemas del sistema de salud obedecen, en gran parte, a la gestión de algunas EPS, no a las decisiones sobre la UPC adoptadas por el Ministerio de Salud”, dijo el presidente en su publicación; del cual el accionante expresó que no se había cumplido con la retractación exigida.

Así lo indicó el Consejo de Estado. En efecto, ante la negativa del Gobierno a rectificar, Vargas Lleras presentó una acción de tutela para defender su honra y buen nombre: el proceso judicial avanzó con rapidez y, el 11 de abril, la Sección Tercera del Consejo de Estado falló en primera instancia a favor de Vargas Lleras, ordenando al presidente retractarse y publicar excusas en sus redes oficiales. Una decisión que quedó en firme en septiembre de 2025.

Por su parte, Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder de Cambio Radical, también demandó a Petro por publicaciones ofensivas. En marzo, el jefe de Estado sostuvo que no podía retractarse de sus denuncias, incluso si un juez se lo ordenaba, y negó haber cometido error alguno; pese a ello, el Consejo de Estado, el 1 de septiembre, exigió una retractación “total y clara”, al remarcar la gravedad de las acusaciones contra el político bogotano.

En febrero, un incidente en redes sociales derivó en una nueva orden judicial. Petro calificó de “nazi” a la influencer Hannah Escobar, lo que motivó una acción legal respaldada por el Consejo de Estado. El abogado de la afectada denunció que, tras las declaraciones del presidente, su clienta fue objeto de amenazas e insultos, y que la retractación no fue plena ni suficiente para reparar el daño causado; otro incidente más en su extenso historial.

Gustavo Petro se ensañó contra la Andi y Bruce Mac Master: los calificó de ‘Nazis’

A su vez, el 26 de marzo, el mandatario publicó en X que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y su presidente, Bruce Mac Master, buscaban destruir al gobierno por “odio étnico” y los calificó de “defensores del esclavismo moderno”. Frente a esto, el Consejo de Estado ordenó eliminar el mensaje y publicar una retractación, como parte de la reparación a la organización gremial y su titular, afectados con la afirmación.

“(…) Estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio en Colombia. Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores”, fue uno de los apartes en los que el mandatario se despachó contra la agremiación.

Y aunque cumplió el 24 de septiembre, al aclarar que su mensaje era un recurso del debate político y no una acusación criminal, Mac Master consideró que la retractación solo cumplía con la letra, pero no con el espíritu de la justicia. El presidente defendió la confrontación de ideas y criticó la judicialización del debate político. De hecho, tal parece que el texto no fue autoría del mandatario, pues pegó -incluso- las instrucciones que le enviaron.

“Valoro la intención del presidente de cumplir la orden del Consejo de Estado respecto de la tutela presentada por la Andi. Sin embargo parece no haber considerado la orden del tribunal de retractarse de lo dicho”, comentó el dirigente ese mismo día, lo que, por lo visto, ratificó el gobernante el 2 de ocrubre, cuando dijo no compartir la decisión del organismo de justicia, al señalar a Mac Master como uno de los opositores de las “reformas sociales”.

De denunciar una “red criminal” contra el progresismo, a dar marcha atrás

El 20 de abril, el presidente afirmó en X la existencia de una “red criminal dedicada a sabotear el avance del progresismo en Colombia”, al sugerir que los jueces debían investigar el asunto. Pese a ello, el alto tribunal determinó que debía retractarse; por lo que el 27 de junio, el presidente reconoció que no contaba con evidencia ni decisión judicial que respaldara la existencia de la red, y que su mensaje se basó en apreciaciones políticas.

“Considere de suma importancia que las autoridades competentes investigarán el hecho, no solo por ser simpatizantes o afines a mis ideas, lo hice porque nadie debe ser amenazado por pensar distinto, en la diferencia está el pluralismo, en la diversidad reside y vive la democracia.No conozco decisión penal en contra del accionante donde se le haya condenado por pertenecer a una red criminal”, afirmó el 27 de junio el presidente.

Petro acusó a familiares de Gloria Lara de su crimen; y lo obligaron a retractarse

La familia de Gloria Lara de Echeverri interpuso una tutela tras declaraciones de Petro sobre su asesinato en 1982. En ese caso, el gobernante, en junio de 2024, afirmó que la muerte no fue obra de un grupo armado, sino de un familiar; sin embargo, el Consejo de Estado consideró que esto vulneraba la presunción de inocencia de personas vinculadas al caso y ordenó al presidente excusarse públicamente en fallo del 19 de junio de 2025.

“El secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri en 1982 representa la impunidad judicial en Colombia, al no existir aún condenados y habiéndose declarado la prescripción de la acción penal, porque para la Corte Suprema de Justicia de entones no se trató de un caso de lesa humanidad”, había expresado el primer mandatario en un extenso mensaje en la red social X, el 9 de abril, que fue considerado insuficiente para el alto tribunal.

Y es que en su post, Petro mencionó a Enán Lora Mendoza y Jaime Gómez, exmiembros del M-19 y el DAS, y ambos víctimas de un sistema judicial -a su juicio- corrupto, que dificultó la resolución del caso de Lara. Para él, Lora Mendoza fue acusado y asesinado de forma injusta; mientras que Gómez, quien dedicó su vida a investigar el caso, fue desaparecido y su cuerpo encontrado sin vida, en una nueva polémica que lo puso en la palestra pública.

Petro y la “guerra” con el dueño del Grupo Keralty, por sus acusaciones a Sanitas

El 25 de julio, Petro calificó de “criminales” a los directivos de Keralty, grupo propietario de la EPS Sanitas, y afirmó que “las mafias de las EPS se orquestan desde la sombra de Keralty”. Tras una tutela presentada por la empresa, el tribunal ordenó el 29 de septiembre la retractación y solicitó a la Fiscalía investigar una posible campaña estatal de desprestigio; y pese a que parecía haber retirado los señalamientos, el

“Entonces nos quitaron ahí Sanitas y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea la intervención fue favorable y si sumó todas nosotros hemos disminuido en 707.000 millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían”, aseguró Petro en esa ocasión, lo que ameritó una dura decisión de la justicia en su contra, por Joseba Grajales, empresario español y propietario la citada EPS.

Y continuó en su andanada mediática, ante los ojos de todo el país. “Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad”, dijo el presidente, que cuestionó además la falta de investigaciones penales y sugiriendo que el poder económico estaría influyendo en la ausencia de sanciones contra los directivos de la entidad de salud.

Y es que ante esto, Grajales presentó una acción de tutela al considerar que el presidente vulneró su buen nombre, honra, igualdad, libertad de circulación y presunción de inocencia al señalarlo directamente de cometer delitos relacionados con la operación de Sanitas. Tras analizar el caso, el Consejo de Estado concluyó que las expresiones del mandatario excedieron los límites del discurso político y vulneraron de derechos fundamentales.

En su fallo, la alta corte ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar sus declaraciones en condiciones de equivalente difusión, lo que implica utilizar un medio y un alcance similar al de la intervención original, con el que se garantice el respeto al buen nombre y a la presunción de inocencia del empresario. La decisión se interpreta como un precedente en torno a los límites del discurso oficial y su responsabilidad al referirse a particulares.

Los ‘dardos’ de Gustavo Petro al exfiscal del caso de su hijo, Nicolás Petro

En agosto, Petro acusó públicamente al fiscal Mario Burgos, que fue el que acusó a su hijo, Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, de ser un “narcofiscal” y de pertenecer a una “junta del narcotráfico”, lo que llevó al agredido a presentar una tutela. Acusaciones que tienen su origen en las investigaciones del funcionario judicial en el proceso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en 2022.

“Lo único que me da orden el tribunal es decir que el señor Burgos no está condenado, punto. Por tanto hoy se sunoresunción de inocencia pero sigue vigente mís interrogantes y no obvia que Burgos no haya, de manera muy extraña, investigado al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci: el señor Marset (sic)“, expresó Petro, en el mensaje que motivó a Burgos a denunciar al mandatario por injuria en su contra.

Frente al caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que las afirmaciones vulneraban la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre, y el 16 de octubre, Petro publicó en X un reconocimiento de la presunción de inocencia de Burgos, aunque en mensajes posteriores reiteró sus dudas y críticas sobre la actuación del fiscal en el caso Pecci, dejando abierta un incidente de desacato en perjuicio del gobernante.

El Juzgado 54 de Bogotá falló a favor de Mario Burgos y ordenó al jefe de Estado retractarse de declaraciones en las que vinculó al fiscal con actividades relacionadas con el narcotráfico. "Fueron juicios de valor y opiniones críticas expresadas en el marco del debate público y del ejercicio del control político", afirmó en su defensa el presidente, frente a la inconformidad del fiscal, que fue en su momento apartado de los referidos procesos.

Petro vs. Paloma Valencia: la vez en que intentó vincularla a los ‘falsos positivos’

En este historial, el 24 de octubre, el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá ordenó a Petro rectificar sus afirmaciones en las que vinculaba a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia con ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’. Aunque aclaró en noviembre que no atribuía responsabilidad penal ni ejecución extrajudicial directa a Valencia, sino que su crítica se dirigía a la “responsabilidad política”.

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad.Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, fue la publicación que desató la dura respuesta judicial de la perjudicada con estos señalamientos, que se sumaron a una serie de imprecisiones sobre su carrera política, en lo que sería su afán de culparla de este grave hecho.

Aunque el 21 de noviembre el jefe de Estado rectificó frente a estas aseversaciones, que surgieron en respuesta a una crítica que hizo la congresista del Centro Democrático, Valencia, insistió por otro lado que la caucana tiene una responsabilidad política: por su respaldo a la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al que ha endilgado en diferentes ocasiones el asesinato de jóvenes por parte de la fuerza pública.

Por ello, como ocurrió en otros casos, la senadora radicó un incidente de desacato. “Si bien el mandatario emitió un texto extenso en el que hizo referencia a los señalamientos del pasado 29 de septiembre, cuando la acusó de ser cómplice de los asesinatos,la rectificación no se ajustó al contenido ni a los términos solicitados por el juez“, expresó Valencia, en afirmaciones que fueron rechazadas por el abogado de Petro, el letrado Carranza.

El duro revés de Petro frente a Bernie Moreno y su familia

El más reciente incidente en los estrados se registró el 14 de diciembre, cuando el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá lo ordenó retractarse de las acusaciones contra los hermanos Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarilo: a los que vinculó con actos de corrupción y delitos relacionados con el sector financiero y el “volteo de tierras”.

El fallo determinó que Petro emitió acusaciones sin pruebas ni respaldo judicial, y le exigió una rectificación pública y el cese de cualquier actividad difamatoria. Pese a ello, y diferencia de episodios anteriores, el presidente desafió la orden, al argumentar que sus denuncias estaban documentadas desde hace 25 años y que la historia no se borra por esta decisión, basándose en sus debates en el Congreso y en las investigaciones que plasmó en papel.

En su decisión, el juzgado fue claro al señalar que las imputaciones formuladas por el jefe de Estado excedieron los límites constitucionales de la libertad de expresión y puntualizó que las declaraciones no están amparadas por este derecho fundamental, “pues esta no protege la imputación de delitos sin sustento probatorio ni decisiones judiciales previas”. Con ello, se conminó a que Petro deba retractarse de sus afirmaciones.

El caso adquirió una relevancia adicional por la relación de los demandantes con el senador estadounidense Bernie Moreno, que es hermano de los afectados aliado del presidente Donald Trump, al que el mandatario acusó de liderar una campaña internacional en su contra. La reacción del jefe de Estado ante esta última orden evidenció su resistencia a aceptar que los fallos puedan modificar el relato histórico de sus reiteradas denuncias.

“Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realice debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga, así, haciéndome pasar como narcotraficante. Esto se volvió un problema de seguridad nacional", expresó el 9 de noviembre, cuando señaló una alianza entre la extrema derecha colombiana y norteamericana para derrocarlo.