La Contraloría General de la República advirtió que las intervenciones estatales a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios no han logrado estabilizar el sistema de salud colombiano, tras evaluar los procesos adelantados entre 2019 y 2024.
El análisis, divulgado en un informe reciente y conocido por la Revista Semana, expone dificultades persistentes en la sostenibilidad financiera y en la capacidad operativa de las EPS sometidas a control oficial.
El documento señala que el 75 % de las entidades intervenidas presenta un desempeño calificado como “medio-bajo”, sin evidenciar mejoras sustanciales pese al acompañamiento del Estado durante varios años.
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Según la Contraloría, esta situación refleja problemas estructurales que no han sido corregidos con las medidas aplicadas hasta ahora.
Uno de los aspectos centrales del informe es el impacto sobre los usuarios del sistema. Más de 29 millones de personas, equivalentes al 58 % de la población asegurada, dependen actualmente de EPS que registran dificultades para garantizar la continuidad en la prestación de servicios médicos, la entrega de medicamentos y el acceso a tratamientos especializados. Esta dependencia incrementa la presión sobre hospitales, clínicas y demás actores de la red de atención.
El riesgo sistémico del sistema de salud también muestra una tendencia al alza, de acuerdo con el modelo econométrico utilizado por el ente de control. La probabilidad de una crisis general pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024, y podría alcanzar el 60,4 % en 2026 si no se implementan correctivos estructurales. Para la Contraloría, estas cifras evidencian un escenario de vulnerabilidad que compromete la estabilidad del aseguramiento.
El informe detalla que las deudas acumuladas por las EPS afectan directamente el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas, limitando su capacidad de operación. Según los datos oficiales, las EAPB adeudan $9,3 billones a la red de salud, mientras que en algunos procesos de liquidación los gastos administrativos superan el 50 % de los recursos disponibles, reduciendo el margen para el pago de obligaciones asistenciales.
Otro efecto visible de la crisis es el retiro de actores clave de la cadena farmacéutica. La suspensión del servicio de un gestor farmacéutico para la Nueva EPS, prevista para enero de 2026, fue asociada en el informe a la incapacidad de pago de las entidades intervenidas. Este tipo de decisiones impacta el suministro oportuno de medicamentos y genera tensiones adicionales en la atención de los pacientes.
La Contraloría también evaluó la eficacia de los mecanismos de control aplicados durante los procesos de intervención y liquidación. De las cuentas por cobrar de entidades liquidadas, solo se ha recuperado el 6,07 %, pese a que la mayoría reporta altos niveles de cumplimiento de planes formales. Para el ente de control, esta baja recuperación pone en cuestión la efectividad de las herramientas utilizadas.
Las dificultades financieras se extienden a la red pública hospitalaria, que enfrenta compromisos pendientes por $770 mil millones. Este monto compromete el funcionamiento de hospitales públicos y su capacidad de respuesta, especialmente en regiones con alta demanda de servicios y limitaciones presupuestales.
Desde el sector farmacéutico, las alertas coinciden con los hallazgos del informe. El presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Ignacio Gaitán, afirmó: “La suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no sorprende a quienes hemos estado advirtiendo sobre el deterioro del sistema. Lo que preocupa es que esto es solo el principio”. La declaración fue citada en el análisis como reflejo de la preocupación de los proveedores.
Afidro, gremio que agrupa a laboratorios de investigación, hizo un llamado al Gobierno nacional para adoptar soluciones financieras urgentes, revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación y garantizar transiciones ordenadas entre operadores, con el fin de evitar interrupciones en el suministro de medicamentos y tratamientos.
El informe de la Contraloría expone que las intervenciones no han cumplido el objetivo de recuperar la estabilidad del sistema, mientras persisten las fallas estructurales en el aseguramiento. La evaluación se basa en indicadores financieros, operativos y de gestión, así como en el seguimiento a las entidades bajo control estatal durante el periodo analizado.
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