El Gobierno nacional eliminaría la prima especial de servicios que reciben los congresistas a partir de 2026, de acuerdo con un borrador de decreto que se encuentra en proceso de formalización y que fue conocido por Blu Radio y Caracol Radio.
La decisión, de concretarse, impactaría de forma directa los ingresos mensuales de los futuros miembros del Congreso y haría parte de una política de reorientación del gasto público.
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Según el documento preliminar, el Ejecutivo consideraría que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y no estaría alineada con la realidad económica.
“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se menciona en el borrador.
Por ello, el borrador señalaría la necesidad de adoptar medidas de austeridad que permitan avanzar en el cierre de brechas socioeconómicas.
La supresión de la prima se aplicaría únicamente a quienes resulten elegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y se posesionen en la nueva legislatura.
De llevarse a cabo, la medida representaría una reducción cercana a $11 millones mensuales en la asignación total de los congresistas, teniendo en cuenta que actualmente este beneficio alcanza alrededor de $15 millones.
El exministro del Interior del Gobierno Petro y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo respaldó la iniciativa y expresó su expectativa de que la medida se concrete. “Ojalá se concrete. Extraordinaria decisión del Gobierno”, señaló a través de su cuenta en la red social X.
Cristo recordó que desde el primer año de la pandemia propuso este camino como una forma efectiva de reducir los altos salarios de los congresistas sin recurrir a reformas constitucionales. “La prima no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que se puede derogar o modificar”, afirmó.
¿Cuál es el salario de los congresistas en Colombia?
El salario de los congresistas colombianos sigue siendo uno de los más altos del sector público y se proyecta que para 2026 superará los $52 millones mensuales, según lo establecido en los recientes ajustes salariales aprobados por el Gobierno nacional.
El aumento, que aplica a senadores y representantes a la Cámara, es resultado de un ajuste del 7% en sus honorarios, acordado en el marco de los incrementos para los servidores públicos y oficializado en el Decreto 1092 de octubre de 2025.
Esta medida elevó la remuneración de los legisladores desde los alrededor de $48,1 millones que ganaban previamente hasta aproximadamente $51,5 millones mensuales, cifra que para 2026 se redondea en más de $52 millones de pesos.
Este nivel salarial sitúa a los congresistas recibiendo cerca de 37 veces el salario mínimo legal vigente en el país, el cual para el 29 de diciembre del 2026 fue fijado en alrededor de $1.750.000 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con un incremento del 22,7% respecto al año anterior.
La alta remuneración de los parlamentarios ha generado polémica pública y debates políticos, especialmente en un contexto donde millones de colombianos enfrentan presiones por el costo de vida y muchos trabajadores formales ganan entre uno y dos salarios mínimos.
Además del salario base, los congresistas cuentan con beneficios adicionales que elevan el costo total para el Estado, como gastos de representación y asignaciones por logística y seguridad, que según algunos análisis pueden hacer que el costo mensual por cada legislador supere significativamente el salario básico.
A pesar de las críticas ciudadanas y propuestas recurrentes para reducir el salario de los congresistas o limitarlo a un múltiplo más bajo del mínimo legal, estas iniciativas no han prosperado en el Congreso, por lo que el sistema actual de indexación automática se mantiene vigente.
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