Colombia canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros: las habían conseguido de forma ilegal

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros por falsa identidad durante 2025.

La mayoría de los documentos anulados correspondía a ciudadanos de nacionalidad dominicana, quienes lograron obtenerlos de manera fraudulenta para gestionar pasaportes, salir del país o verse implicados en posibles hechos delictivos.

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Según la Registraduría, también se invalidaron 287 registros civiles de nacimiento tras identificarse anomalías en los procesos de inscripción.

El registrador nacional, Hernán Penagos, advirtió a los colombianos sobre la gravedad de prestar su testimonio para la inscripción de nacimientos de extranjeros, acción que constituye una conducta penalizada.

“Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, haciéndolos pasar como colombianos. Es importante decirles con claridad que están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”, afirmó Penagos.

La entidad atribuyó estos resultados a un trabajo coordinado con Migración Colombia, la Cancillería, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Este esfuerzo permitió identificar casos de suplantación y falsedad documental, así como el desmantelamiento de redes dedicadas a la falsificación de documentos y el tráfico de migrantes.

Durante el año, la Registraduría detectó 86 intentos de suplantación de identidad, frustrados gracias a controles de biometría dactilar y facial. Estos hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, que mantiene acciones para contener las estructuras criminales vinculadas a estas prácticas.

El comunicado recalca que la cancelación de cédulas y registros obedece a irregularidades comprobadas en los trámites, y que las investigaciones continúan para evitar nuevos casos. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para abstenerse de participar en conductas que faciliten fraudes documentales y advierten sobre las consecuencias legales.

Implicaciones legales

En Colombia, la legislación contempla sanciones estrictas para quienes intervienen en la obtención o expedición fraudulenta de documentos de identidad, como la cédula de ciudadanía y los registros civiles de nacimiento.

El Código Penal tipifica como delito la falsedad en documento público, aplicación que incluye toda alteración, fabricación o uso de documentos oficiales con el fin de obtener beneficios indebidos o facilitar la comisión de conductas ilícitas.

La falsedad en documento público, según el artículo 287 del Código Penal, puede acarrear penas de prisión que oscilan entre cuatro y nueve años, además de multas económicas. Esta figura penal abarca tanto a quienes elaboran o adulteran los documentos como a quienes los utilizan a sabiendas de su carácter fraudulento.

El fraude procesal, previsto en el artículo 453, también sanciona a quienes induzcan a error a una autoridad mediante la presentación de documentos falsos, con penas que pueden superar los ocho años de cárcel.

La suplantación de identidad constituye otra conducta penalizada. El uso de información personal ajena para acceder a derechos, servicios o beneficios, o para desarrollar actividades delictivas, puede ser procesado como suplantación o fraude, con consecuencias penales y administrativas.

La colaboración de ciudadanos colombianos en la inscripción irregular de registros civiles, como testigos o declarantes falsos, también se considera un delito y puede derivar en privación de la libertad.

Las autoridades responsables de la investigación y judicialización de estos hechos incluyen la Fiscalía General de la Nación, que puede abrir procesos penales contra quienes resulten involucrados. Entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, Migración Colombia y la Dijín de la Policía Nacional participan en la detección y denuncia de estos actos.

El trabajo coordinado entre estas instituciones permite identificar redes de falsificación y tráfico de documentos, así como prevenir la vulneración de los sistemas de identificación nacional.

La ley colombiana, además, prevé la cancelación e invalidación de documentos obtenidos de manera fraudulenta y la imposición de sanciones penales y administrativas a los responsables, con el objetivo de preservar la integridad de la identificación ciudadana y la seguridad jurídica.