Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, asumió la autocrítica por ritmo de decisiones: “Quizá hubiéramos podido ser un poco más ágiles”

Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), admitió que el tribunal pudo haber tomado decisiones con mayor rapidez durante 2025. Al detallar los avances en justicia transicional, el togado destacó la expedición de las primeras sentencias restaurativas y señaló que la Oficina de ONU Derechos Humanos asumirá el monitoreo internacional del cumplimiento de estas decisiones, aunque tuvo oportunidad para hacer a la autocrítica.

En Caracol Radio, el magistrado entregó el balance de su gestión. “Por una parte, están las dos primeras sentencias restaurativas; por el otro, más de 400 no máximos responsables ya tienen resuelta igual su situación jurídica. Hemos avanzado igualmente en el tema de los juicios adversariales y en todos los macrocasos, por lo menos los de la primera ronda de priorización; en todos ya hoy por hoy tienen una autodeterminación de hechos y conductas”, afirmó.

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Autocrítica por el avance de las decisiones de la JEP

El propio magistrado fue autocrítico sobre la velocidad de las actuaciones del tribunal. “Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, quizá hubiéramos podido ser un poco más ágiles, me parece, hay que decirlo. Pero también hay que entender que son procesos complejos; tal vez, siendo autocrítico, podríamos decir que hubiéramos podido tomarnos menos tiempo”, expresó Ramelli en diálogo con el mencionado medio de comunicación, haciendo una especie de mea culpa.

De cara a 2026, el presidente de la JEP prevé un aumento en el número de sentencias y un avance hacia el cierre definitivo de los macrocasos. “Que tengamos muchas más sentencias que las tres que ya tuvimos este año. Que, al mismo tiempo, se avance ya para el cierre definitivo de los macro casos. Mi proyección es que efectivamente todo lo que está tanto en la sección con reconocimiento como la sección sin reconocimiento, pues, sea ya resuelto en sentencia”, dijo.

Y, al hacer énfasis en la labor de la justicia transicional, Ramelli recalcó que el centro de trabajo de la JEP sigue siendo las víctimas, con la meta de facilitar mayor acceso a la verdad y a la justicia.

Del mismo modo, Ramelli indicó que la JEP atraviesa una fase de consolidación respecto al juzgamiento de casos emblemáticos, incluidos los relacionados con secuestros y falsos positivos. En el balance presupuestal, el presidente de la JEP reconoció los desafíos derivados de la insuficiencia de recursos para ejecutar plenamente las sentencias. En primer lugar, indicó que existen $20.000 millones de pesos que están en el Fondo Colombia en Paz para tal propósito.

Este monto será administrado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. “De igual manera, el Ministerio de Hacienda nos informó que existía la posibilidad de otros $430.000 millones para todo el tema restaurativo. Ya realizamos un órgano de gobierno, eso se aprobó y lo va a administrar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y con eso ya llegamos más o menos a la mitad de la financiación de las primeras sentencias”, explicó.

Preocupación por el costo de las sentencias en la JEP y la falta de recursos

No obstante, el titular del órgano transicional afirmó que el costo estimado de las dos primeras sentencias supera los 121.000 millones, lo que significa que, una vez estén en firme las resoluciones, el Estado deberá asegurar los fondos restantes. “Lo que pasaría allí es que, como las sentencias todavía no están en firme, van a estar en firme cuando se decida la segunda instancia“, expresó el togado en sus afirmaciones al medio citado.

Entre las órdenes de la sentencia del caso 01, relacionado con toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, que el Gobierno debe financiar. “Ellos podrían con los rubros que están destinados al pago de sentencias, porque ya las sentencias estarían firmes, pues hacer las destinaciones específicas. Entonces ahí ya la cosa cambia jurídicamente, porque entonces ya es una obligación de cumplimiento de una sentencia”, expresó Ramelli sobre el particular.

Sobre la transición en el monitoreo internacional de las sentencias, Ramelli aclaró que la responsabilidad primaria continuará en manos de la JEP, aunque la Oficina de ONU Derechos Humanos asuma un papel estratégico. “Siempre he aclarado que nosotros somos los responsables directos del monitoreo, para lo cual ya también estamos preparados. Ese monitoreo internacional o ese seguimiento es un acompañamiento, no es que reemplacen nuestras funciones”, remarcó.

Y añadió cuál es la labor de la jurisdicción en este sentido. “Tenemos que hacer el monitoreo 24-7. Ellos lo que harían es como una verificación estratégica de que se estén cumpliendo las sentencias, pero no tienen que estar con el tema de las coordenadas y los TOARs y todo el día como vamos a tener que estar nosotros. Entonces hay que aclarar que ese acompañamiento es muy importante, pero que de ninguna manera reemplaza las competencias nuestras", declaró.