Al asumir el control directo de la autorización de pagos y contratación en la regional Atlántico, la dirección nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) busca fortalecer la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos y descartar irregularidades en la gestión contractual.
Esta centralización, que estará vigente hasta el 31 de enero de 2026, fue formalizada mediante la Resolución 7924 del 22 de diciembre, y asigna a la Subdirección General y la Secretaría General del Icbf la responsabilidad transitoria sobre todas las decisiones financieras en esa región, según informó el propio Instituto.
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El Icbf aclaró que esta intervención no obedece a un caso judicializado específico, sino que responde a una estrategia de control preventivo cuyo propósito es únicamente el de garantizar la total transparencia administrativo, además de una correcta inversión de los recursos destinados a atender a la población infantil y adolescente más vulnerable del departamento del Atlántico.
“En el marco de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y protección de los recursos públicos, el Bienestar Familiar viene adelantando una revisión técnica y preventiva de los procesos contractuales que apoyan la gestión institucional y el funcionamiento administrativo de la dirección regional Atlántico”, señaló el instituto en un comunicado.
El análisis técnico actualmente en curso revisa los procesos contractuales que sustentan tanto la operación administrativa como los programas misionales de la regional Atlántico, que representa una de las cargas operativas más grandes en el ámbito nacional.
La medida, según indicó el Instituto, no implica la suspensión de contratos ni detiene la operación administrativa, sino que modifica la instancia responsable de aprobar pagos, contrataciones y compromisos presupuestales.
Sin embargo, ahora todos los pagos, o cualquier trámite que requiera de recursos del instituto, como contrataciones o compromisos presupuestales, deberán ser avalados directamente por la directiva nacional.
“Para fortalecer este ejercicio y garantizar la correcta aplicación de los procedimientos, el Instituto expidió la Resolución 7924 del 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se reasume la competencia en materia de ordenación del gasto y se asigna, de manera parcial y transitoria hasta el 31 de enero de 2026, a la Subdirección General y a la Secretaría General de la Sede Nacional”, añadió la circular.
Con la centralización temporal de la gestión financiera, la entidad pretende realizar una revisión cruzada de documentos y soportes contractuales, así como fortalecer los procedimientos internos para evitar errores administrativos y cerrar brechas que puedan derivar en hechos de corrupción.
Para dicho proceso, contarán con alrededor de 40 días, en los que la sede nacional definirá si en Atlántico se cumplieron con todos los requisitos presupuestales y levantar la medida o si, por el contrario, necesitarán de nuevas restricción o la prórroga del decreto.
“El plazo fijado hasta el 31 de enero de 2026 permitirá al ICBF evaluar si es necesario adoptar nuevas medidas o restablecer plenamente la competencia en la dirección regional una vez finalizada la revisión técnica”, precisó la institución.
En paralelo, el Instituto hizo un llamado a la ciudadanía y a los veedores sociales para que participen activamente en el control social y denuncien cualquier irregularidad detectada.
Para ello, recordó la disponibilidad de la línea gratuita anticorrupción 01 8000 91 80 80 y el correo electrónico anticorrupcion@icbf.gov.co, canales a través de los cuales pueden recibirse alertas de manera confidencial y oportuna.
“El Instituto invita a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a mantener una participación activa, responsable y preventiva frente a cualquier situación que pudiera poner en riesgo la adecuada gestión administrativa”, puntualizó el Icbf.
Como parte de su mensaje preventivo, la entidad reiteró que todos los trámites y servicios ofrecidos por el Instituto son gratuitos y no requieren de intermediarios.
La instrucción es clara: cualquier cobro, solicitud de dádivas o promesa de agilización de procesos debe denunciarse inmediatamente, ya que constituye una señal de alerta frente a posibles prácticas corruptas.
Este recordatorio reviste especial importancia en periodos de revisión administrativa, cuando pueden surgir rumores o informaciones falsas que generen confusión entre contratistas, beneficiarios y la comunidad.
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