Las gestiones diplomáticas, los trámites judiciales y las coordinaciones técnicas activadas entre Bogotá y Londres apuntan a agilizar la extradición de Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana capturada en el Reino Unido, acusada de remitir frambuesas adulteradas con talio que provocaron la muerte de dos menores en la capital del país.
Aunque el trámite depende formalmente de las autoridades británicas, la Fiscalía, la Cancillería y el Ministerio de Justicia han intensificado gestiones para que el traslado se concrete en cuestión de semanas, de acuerdo con el informe del medio El Tiempo.
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El caso tomó impulso desde diciembre, cuando la Fiscalía General de la Nación remitió al Reino Unido el paquete completo de pruebas que sustenta la solicitud de extradición.
En comunicaciones oficiales, el ente acusador subrayó la gravedad de los delitos imputados —homicidio y tentativa de homicidio— y la solidez del material probatorio, al tiempo que advirtió sobre el “nivel de peligrosidad” que, a su juicio, representa la procesada.
Esa advertencia derivó en una solicitud de vigilancia reforzada mientras Guzmán permanece internada en una clínica del sur de Londres.
El frente judicial en el Reino Unido también avanza. Guzmán está bajo el amparo de la ley de salud mental británica, un régimen que puede extenderse por 28 días antes de que deba comparecer ante el Tribunal de Westminster, instancia que ya tramitaba una orden de arresto en su contra.
La evaluación de su estado mental se ha convertido en el principal cuello de botella del proceso: solo cuando reciba el alta médica podrá activarse la fase final de la extradición.
Desde Bogotá, el Ministerio de Justicia confirmó que la decisión británica es inminente. El ministro encargado, Andrés Idárraga, explicó que las circunstancias de la detención —ocurrida el 17 de diciembre en el río Támesis— obligaron a considerar una posible afectación de la salud mental de la acusada, dictamen que aún está pendiente.
“Estamos a la espera de la respuesta del Reino Unido a la solicitud de extradición. De aprobarse, será en cuestión de semanas”, indicó.
En paralelo, la Cancillería ha centralizado el trámite en la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, a cargo de Jhon Camargo, con apoyo directo de la embajadora Laura Sarabia en Londres, de acuerdo con el medio citado.
La diplomacia colombiana ha sostenido contactos permanentes con sus pares británicos para despejar dudas procedimentales y garantizar que la solicitud cumpla los estándares exigidos por la justicia del Reino Unido.
La acusación sostiene que el 4 de abril se cometió un envenenamiento premeditado con talio, una sustancia altamente tóxica. Según la Fiscalía, las frambuesas fueron “intencionalmente contaminadas” y enviadas como supuesto regalo a un apartamento del barrio Rosales, en el norte de Bogotá.
Dos de las víctimas eran hijos del economista Juan de Bedout, expareja sentimental de Guzmán. Una adolescente de 14 años murió y su hermano sobrevivió gracias a atención médica especializada.
El expediente incluye otros elementos que refuerzan la urgencia del traslado. Investigadores establecieron que Guzmán habría utilizado diversas empresas y correos electrónicos para ocultar su identidad y contratar el servicio de mensajería que hizo la entrega fatal.
Además, el recorrido internacional previo a su captura —Argentina, Brasil, España y finalmente el Reino Unido— pese a una circular roja de Interpol, es presentado por la Fiscalía como indicio de riesgo de fuga, de acuerdo con Semana.
El caso no se limita a una sola familia. Otras víctimas, identificadas como las familias Forero y Bermúdez, también figuran en la investigación.
Para los abogados de las víctimas, el proceso ha revelado que la acusada probablemente no actuó sola, hipótesis que sigue bajo análisis y que podría ampliar el alcance judicial del caso una vez Guzmán comparezca ante jueces colombianos.
La pena que enfrentaría en Colombia, de ser vencida en juicio, oscila entre 40 y 50 años de prisión, según precisó la Fiscalía en su comunicación a las autoridades británicas. Ese factor, sumado al impacto social del caso y a la presión pública por justicia, explica la intensidad de las gestiones para evitar dilaciones innecesarias.
Mientras Guzmán continúa hospitalizada y bajo custodia en Londres, los hilos que mueven su extradición siguen tensándose: pruebas ya entregadas, coordinación diplomática activa, alertas de seguridad y un tribunal británico a la espera de un dictamen médico.
Si no surgen nuevos obstáculos, el traslado a Colombia —donde deberá responder por el caso de las niñas envenenadas con talio— podría convertirse pronto en un hecho.
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