
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que este viernes a las 2:00 de la tarde se realizará la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con W Radio.
Este trámite representa un paso clave dentro de la estrategia política del Gobierno del presidente Gustavo Petro para impulsar este mecanismo, que el mandatario plantea como respuesta a lo que ha denominado un bloqueo institucional contra su administración.
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Quienes inscribirán el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente son: Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad; Lían Ghelly Herrera Montealegre, líder del Valle del Cauca; Armando Custodio Wouriyu, representante indígena; y Javier Eduardo García, periodista y comunicador.
La inscripción del Comité Promotor se da en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y otras ramas del poder público, particularmente el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Desde la Casa de Nariño, la Asamblea Constituyente ha sido presentada como una alternativa para destrabar reformas estructurales que, según el presidente, han sido sistemáticamente frenadas por decisiones legislativas y judiciales.
En su más reciente intervención pública, Petro dejó claro que la iniciativa no está pensada para ser debatida por el Congreso actual, sino por el que resulte de las próximas elecciones legislativas. En ese sentido, el mandatario trasladó el peso de la decisión a la ciudadanía, al afirmar que serán los votantes quienes definan si el nuevo Congreso permitirá que se consulte al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo, de la asamblea constituyente, o la vota”, expresó el jefe de Estado, al tiempo que confirmó que el Gobierno ya tiene preparado el proyecto de ley que deberá ser presentado ante el Legislativo. Según Petro, la decisión final quedará en manos de los congresistas que sean elegidos en los próximos comicios.
El presidente insistió en que la conformación del próximo Congreso será determinante para el rumbo de su agenda política y llamó a emitir un “voto inteligente”. De acuerdo con su diagnóstico, el actual Legislativo ha frenado la mayoría de las reformas impulsadas por el Gobierno, lo que, a su juicio, ha impedido avanzar en cambios fiscales y sociales que considera prioritarios.
Uno de los principales argumentos del mandatario para justificar la propuesta de una Asamblea Constituyente ha sido la dificultad para alcanzar el superávit fiscal. Petro señaló que ni el Congreso ni la Corte Constitucional han facilitado las condiciones necesarias para lograr ese objetivo, que considera fundamental para la sostenibilidad de la deuda pública del país.

Recordó que las comisiones económicas del Congreso han hundido en dos oportunidades la ley fiscal presentada por el Gobierno.
“No nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, afirmó el presidente, al responsabilizar directamente al Legislativo de bloquear esa iniciativa. A la par, cuestionó a la Corte Constitucional por haber tumbado buena parte de la reforma tributaria impulsada durante la gestión de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda.
Petro también sostuvo que tanto el Congreso como la Corte han frenado reformas orientadas a aumentar la carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos. Según el mandatario, estas decisiones han impedido avanzar en una política fiscal que grave a quienes más tienen y alivie a los sectores populares. “El Congreso se negó a subir los tributos en los más ricos de la población, no del pueblo”, aseguró en su intervención.
En octubre de 2025, el debate sobre la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente generó críticas desde distintos sectores del Congreso.

Angélica Lozano, de la Alianza Verde, cuestionó la intención del Gobierno, señalando que buscaba reformar por completo la Constitución de 1991 con fines políticos, persiguiendo la reelección de Petro en 2030, y advirtió sobre la incertidumbre que esto podría generar.
Mauricio Giraldo, del Partido Conservador, alertó que una Constituyente controlada por el Ejecutivo sería un abuso y no un ejercicio democrático, mientras Efraín Cepeda destacó la dificultad de lograr consensos en la actual coyuntura política.
Paloma Valencia, del Centro Democrático, llamó al presidente a actuar con liderazgo integrador, subrayando que la construcción de una nueva Constitución requiere amplio consenso, algo que el Gobierno no ha alcanzado ni en reformas parciales.
El presidente del Congreso, Lidio García, insistió en apego a los mecanismos democráticos y en que forzar una Constituyente en este contexto pondría en riesgo la confianza ciudadana y la seguridad jurídica.
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