Uno de los casos más recordados de 2025 es el de Valeria Afanador. Su nombre sigue siendo, a más de cuatro meses de los hechos, un símbolo de dolor, exigencia de justicia y profundos cuestionamientos a la respuesta institucional frente a la desaparición de menores en Colombia.
La niña de apenas diez años, con síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 durante su jornada escolar en Cajicá, Cundinamarca, y desde entonces su historia marcó un antes y un después en la discusión sobre la protección de la infancia en el país.
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Dieciocho días después, su cuerpo fue hallado sin vida en inmediaciones del río Frío, a escasos 200 metros del colegio donde había sido vista por última vez. Más de un año después, su caso continúa rodeado de interrogantes.
El día de la desaparición
La mañana del 12 de agosto transcurrió con aparente normalidad. Valeria llegó a las 7:15 a. m. al Gimnasio Campestre Los Laureles y asistió a sus clases como cualquier otro día.
Las cámaras de seguridad registraron sus recorridos dentro del plantel: se le vio jugando con un balón, desplazándose por diferentes áreas y acercándose a una zona de arbustos cercana al río. A las 10:10 a. m., las imágenes muestran sus últimos movimientos. Después de ingresar varias veces a ese sector, desapareció del registro.
Sin embargo, la alerta no se activó de inmediato. Fue solo después del mediodía cuando las alarmas de evacuación sonaron y se dio aviso a los Bomberos, la Policía y a la familia.
Para entonces, Valeria llevaba ya varias horas desaparecida. Ese retraso marcó desde el inicio uno de los principales reclamos de los padres frente a las autoridades y al colegio, que desde el primer momento quedó bajo cuestionamiento.
La búsqueda de los socorristas
Durante más de dos semanas, organismos de socorro, voluntarios y familiares participaron en intensas jornadas de búsqueda por la zona del río Frío y sus alrededores.
Finalmente, el cuerpo de la niña fue hallado dieciocho días después en un punto que ya había sido inspeccionado previamente, lo que aumentó las dudas sobre lo ocurrido. Medicina Legal determinó como causa de la muerte el ahogamiento, pero desde entonces la familia ha sostenido que existen elementos que apuntan a un posible homicidio.
El padre de la menor, Manuel Afanador, denunció públicamente que la investigación estuvo marcada por negligencias desde el primer momento.
En una de sus declaraciones más recordadas al medio Caracol Radio, afirmó: “Yo dejé a mi hija en el colegio y la recogí en una morgue”. En noviembre reveló que la familia tuvo que interponer una acción de tutela para poder acceder al expediente del caso, en el que aseguraron haber encontrado múltiples fallas en la actuación de las autoridades.
La presunta negligencia de las autoridades
Uno de los puntos más sensibles fue la demora en la revisión de pruebas claves. Más de ochenta días después del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía aún no había accedido a videos que circularon en redes sociales sobre los movimientos de Valeria en los días previos a su desaparición.
Para la familia, esta omisión significó una pérdida irreparable de tiempo en un caso donde cada minuto era determinante.
El caso de Valeria no quedó aislado. Con el pasar de las semanas, sus padres se unieron a otras familias de personas desaparecidas en Colombia. Junto a los familiares de Tatiana Hernández y Ángela Sofía, realizaron plantones y movilizaciones hacia el búnker de la Fiscalía en Bogotá, exigiendo celeridad, verdad y resultados.
Estas manifestaciones, apoyadas por colectivos y fundaciones de víctimas, visibilizaron una crisis estructural: la lentitud en las investigaciones por desaparición en el país.
El colegio también quedó en el centro de la controversia. Mientras la institución retomó sus actividades con normalidad, los padres de Valeria insistieron en que fallaron los protocolos de seguridad. Manuel Afanador aseguró que su hija no salió voluntariamente del plantel y sostuvo siempre la tesis de un rapto.
“Mi hija fue raptada del colegio”, afirmó en múltiples espacios públicos, rechazando la versión oficial según la cual la menor habría salido sola.
Las amenazas contra el colegio y la familia de Valeria
Paralelamente, tanto la familia como el colegio denunciaron haber recibido amenazas. La situación obligó a los padres de Valeria a cambiar de residencia por motivos de seguridad.
Desde la institución también reportaron mensajes intimidatorios en redes sociales y grupos de mensajería, lo que generó preocupación entre estudiantes, docentes y padres de familia.
La Gobernación de Cundinamarca abrió una investigación administrativa para establecer si el colegio cumplía con la distancia reglamentaria frente al río Frío y si hubo omisiones en la vigilancia.
Por su parte, la defensa de la familia solicitó investigar a un nuevo sospechoso y alertó sobre posibles alteraciones en la escena de la desaparición. El colegio, a través de su representación legal, aseguró haber actuado conforme a los protocolos y negó cualquier manipulación de evidencia.
Al cierre de 2025, el proceso judicial sigue abierto. No hay responsables condenados ni una versión definitiva sobre lo que ocurrió con Valeria aquel 12 de agosto. Su caso, sin embargo, dejó una huella profunda en Cajicá y en todo el país.
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