En la noche del 23 de diciembre, durante una alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de la captura de su exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que salió salpicado en un entramado de corrupción junto a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.
La medida de aseguramiento que los afecta fue tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, que, mediante la magistrada Aura Rosero Baquero, ordenó su envío a prisión preventiva mientras se adelanta la investigación por corrupción.
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Los exfuncionarios enfrentan acusaciones por su presunta implicación en un desfalco de recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), organismo encargado de gestionar las emergencias nacionales.

El caso provocó una considerable polémica, sobre todo porque ambos exministros sostuvieron en diversas ocasiones su inocencia, y aseguran que podrán demostrar su integridad a lo largo del proceso judicial. A pesar de estos pronunciamientos, la medida cautelar en su contra resalta la gravedad de las acusaciones y puso en el centro del debate las políticas anticorrupción del Gobierno de Petro.
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Durante su intervención, el presidente Petro no solo discutió la situación económica del país y los progresos de su gobierno, sino que lo hizo en medio del caos político que se desató tras la declaración de emergencia económica, una medida que adoptó después de que el Congreso rechazara su reforma tributaria.
Fue en ese espacio que, en un tono enérgico y directo, Petro acusó que la persecución en su contra no responde a los cargos de corrupción, sino a diferencias políticas e ideológicas: “O sea, que solo estaban enseñando ideología. Y encima nos ponen presos a los profesores que enseñan economía heterodoxa”.
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Fueron las palabras de Petro, al referirse a Bonilla, que antes de su nombramiento como ministro y de la situación que hoy empaña su nombre, fue reconocido como un académico y profesor de economía en varias universidades del país.
El presidente Petro también hizo una crítica al tratamiento judicial que recibieron los exministros: “Es una persecución a la ciencia, diciendo mentiras y cogiéndolos presos en Navidad”. Según el mandatario, las acusaciones contra Bonilla y Velasco no están relacionadas con la apropiación indebida de fondos públicos, sino con una disputa política interna que involucraba proyectos del Congreso.
“Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco, porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos”, añadió el presidente, al reiterar su apoyo a los ex jefes de carteras en su Gobierno.
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El mandatario señaló que la situación de los exfuncionarios tiene que ver con su rol en la tramitación de proyectos de ley, algunos provenientes del gobierno anterior de Iván Duque, y otros de la Comisión Interparlamentaria.
“Yo frené todos esos proyectos. Unos venían del gobierno de Duque —no de nosotros— y otros de la Comisión Interparlamentaria, simplemente nunca estuve de acuerdo y se acabaron; y no los entregó Ricardo Bonilla”, explicó Petro, que reafirmó que su decisión de no aprobar ciertos planes fue uno de los motivos detrás de las acusaciones que enfrentan los exministros.
Para Petro, el fondo de la situación no radica en un presunto acto de corrupción, sino en una disputa política que involucra a varios actores dentro y fuera del Gobierno: “No se robaron un peso, no los están juzgando por eso, ojo, sino porque dicen que estaban tramitando proyectos de congresistas en el Gobierno”.
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Los exministros salieron salpicados en uno de los casos de corrupción más grandes en el Gobierno Petro
Ambos exministros están acusados de corrupción por manipular recursos públicos y asignar contratos de manera indebida. Según la Fiscalía, Luis Fernando Velasco habría coordinado la compra de votos en el Congreso a cambio de contratos y beneficios, además de influir en el direccionamiento de contratos para empresas recomendadas por políticos.
Por su parte, de acuerdo con la investigación, Bonilla habría facilitado la transferencia de grandes sumas de dinero, más de $92.000 millones, a proyectos en municipios específicos, favoreciendo a congresistas aliados del Gobierno; también se le acusa de influir en el crédito público y de liderar una estructura que direccionó contratos a terceros —se le imputa la dirección de una estructura que manejó 79 contratos, de los cuales 7 fueron concretados para beneficio de terceros—.
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Además, el capítulo de Invías, relacionado con la mejora de infraestructura vial, señala el uso de proyectos para desviar fondos hacia regiones de congresistas aliados, saltándose los procesos de selección objetiva.

La captura de los exministros se dio tras la presentación de acusaciones de alto perfil por parte de la Fiscalía General de la Nación, que los señalan de incurrir en tres delitos graves: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
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