Que los colombianos no paguen los impuestos que decretaría el Gobierno Petro, pidió Paloma Valencia: “No hay fundamento”

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia hizo referencia al polémico decreto de emergencia económica establecido por el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, luego de que se archivara la ley de financiamiento que buscaba recaudar más de 16 billones de pesos.

En su cuenta de X, la congresista de oposición hizo un llamado a la Corte Constitucional para que declare la nulidad del documento oficial, al considerar que no tiene fundamento y carece de consideraciones explícitas para su efectividad en el país.

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“Que nadie pague los ilegales impuestos de Petro y que la Corte Constitucional decrete la suspensión provisional”, escribió la aspirante presidencial en las redes sociales.

A su vez, Valencia calificó el decreto como ‘ilegal’ y explicó que la normativa perjudicaría el bolsillo de los colombianos.

Del mismo modo, la senadora rechazó que el decreto se conozca cuando las altas cortes se encuentran en vacancia.

“Los colombianos no podemos pagar impuestos que el presidente saca con un decreto abiertamente ilegal. No hay fundamento para una emergencia económica, y lo saben y por eso lo emiten en vacancia Judicial”, añadió Paloma Valencia.

Otras críticas contra el decreto de emergencia económica

Además de Paloma Valencia, otros congresistas independientes y de oposición también reaccionaron al decreto de emergencia económica promovido por el Gobierno de Gustavo Petro.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, calificó la propuesta como inconstitucional y sugirió que el Gobierno debería enfocarse en el ahorro y la reducción del presupuesto.

“¿Otro decreto inconstitucional? No existe hechos sobrevinientes que respalden esa declaratoria. Aquí si el gobierno Petro no robara, alcanzaría la plata”, comentó.

Por su parte, el representante a la Cámara Andrés Forero sostuvo que el presidente Gustavo Petro y su gabinete habrían esperado el inicio de la vacancia judicial para emitir el decreto.

“Todo parece indicar que el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda estaban esperando que empezara la vacancia judicial para sacar un decreto abiertamente inconstitucional”, expresó.

A su vez, a representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, también se sumó a las críticas, calificando la medida presidencial como un ‘abuso’ con los colombianos.

“Por donde se le mire, esta emergencia económica es inconstitucional, es un abuso… meterle al país una reforma tributaria por decreto, es un abuso”, recalcó.

Igualmente, sectores empresariales también cuestionaron la normativa económica. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó su rechazo a la declaratoria de emergencia económica, argumentando que no existen razones que la justifiquen.

“En este momento es una medida altamente desleal con la sociedad colombiana, ya que el gobierno sabe que en este momento entramos en vacancia judicial. No se le está jugando limpio a la sociedad colombiana. No hay razones para decretar una emergencia económica”, mencionó el directivo en su cuenta de X.

Así mismo, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), cuestionó la legalidad y pertinencia del documento expedido por el Ejecutivo, advirtiendo sobre el impacto negativo que estas medidas podrían tener en la inversión privada y en sectores estratégicos como el energético.

“Es una fragilidad autoinfligida, producto de un manejo presupuestal irresponsable, con gastos mal focalizados, presupuestos irreales y una deuda pública cada vez más costosa (...) El sector energético vuelve a ser el trompo de poner. Está de capa caída y esta sería la estocada final”, manifestó.

Lo que dice el decreto de emergencia económica

Entre las disposiciones más polémicas se encuentra el aumento del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000, que pasaría a ser 5x1.000 durante el año gravable 2026, así como la introducción de nuevos impuestos al patrimonio de las personas jurídicas y ajustes en los tributos al consumo de licores, vinos y cigarrillos.

Frente a los últimos mencionados, el decreto contempla que el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y productos similares para 2026 tendrá un componente específico de $750 por cada grado alcoholimétrico (calculado sobre unidades de 750 centímetros cúbicos o su equivalente) y un componente ad valorem del 30%, lo que incrementará la carga tributaria total sobre estos productos.

En cuanto al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, el borrador establece que para el año gravable 2026 el tributo se aplicará al consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos o imitadores dentro de los departamentos, excluyendo únicamente los chicotes de producción artesanal. Estas disposiciones aún podrían ser modificadas antes de su expedición oficial.