Petro calificó de “asesinato” la medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla, preso por escándalo en la Ungrd: esto dijo

Con un duro mensaje, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse el lunes 22 de diciembre a la detención del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que fue enviado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), tras la medida de aseguramiento dictada en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Dasastres (Ungrd); en un proceso que también cobija al extitular de la cartera del Interior Luis Fernando Velasco.

Para Petro, que se desahogó en su cuenta en la red social X, que tiene más de 8,1 millones de seguidores, la medida de la magistrada Aura Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, de dictar medida de aseguramiento intramural es mucho más que una decisión procesal. “Es un asesinato meter a Bonilla en una intramural cuando su condición de salud es extremadamente grave”, afirmó Petro en su publicación, en la que citó a Mónica Higuera, conocida como ‘La profe’.

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El mandatario insistió en que la judicialización no obedece a actos de corrupción, sino a la dinámica política entre el Legislativo y el Ejecutivo. “Los dos exministros no están presos por haberse robado un solo peso, sino porque los acusan de llevar proyectos de los congresistas al ejecutivo”, señaló el primer mandatario, al referirse tanto al caso de Bonilla como al de otros antiguos miembros de su gabinete, que también son investigados por este entramado ilegal.

Según se supo en las diligencias judiciales, el estado de salud de Bonilla es delicado, pues registró una isquemia cerebral que, de acuerdo con su equipo médico, podría repetirse. Además, tras legalizarse su captura, se informó que el exjefe de la cartera económica tuvo una descompensación por la que recibió atención; siendo estos los motivos en los que se apegó Petro para cuestionar la determinación de la togada de enviarlo a un centro de reclusión en el fin de año.

Sobre el fondo de las acusaciones, el presidente argumentó que la implicación directa del exministro Bonilla carece de sustento efectivo. “En el caso de Bonilla ninguno de los proyectos que señalan se cumplió porque yo corté de tajo la financiación de esos proyectos al retirar a Olmedo de la Ungrd. Nunca esos proyectos fueron defendidos por Bonilla, sino llevados por la asesora uribista que desde el gobierno de Duque siempre hacía eso”, afirmó el presidente en su mensaje.

Así fue la defensa de Gustavo Petro a Luis Fernando Velasco

Y en relación con la controversia por la destinación de recursos para obras públicas, especificando el proceso que cursa contra su exministro Velasco, el jefe de Estado hizo un paralelo con otros Gobiernos. “En el segundo caso, el de Invías, que según la Fiscalía correspondería a órdenes de Velasco, la inmensa mayoría de los proyectos fueron inscritos en el gobierno Duque, en contravía de lo que ordené“, expresó el gobernante en su publicación en la red social X.

Así, Petro habló de las instrucciones que dio para construir vías en territorios de conflicto y con alta productividad en cultivos de hoja de coca, para según él “transformar económicamente esos territorios y pasar a economías lícitas y las vías campesinas en todo el país”. Con ello quiso establecer una conexión entre las prioridades de inversión en infraestructura y políticas de transformación productiva, sin que hubiera -en su concepto- prácticas leoninas.

Es preciso decir que debido a la vacancia judicial que rige en Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá no podrá revisar las apelaciones presentadas por las defensas de ambos exfuncionarios hasta el 13 de enero de 2026, una vez concluya el receso, como lo comunicó el secretario de la Sala Penal, Javier Fernando Suancha. Con ello, los exfuncionarios pasarán lo que resta del 2025 en prisión, mientras se reactivan las actuaciones que cursan en este proceso.

Las acusaciones contra Velasco y Bonilla incluyen la manipulación de recursos públicos y la asignación irregular de contratos. Según la Fiscalía, Velasco habría coordinado la compra de votos en el Congreso y direccionado contratos hacia empresas sugeridas por políticos, mientras que Bonilla facilitó transferencias de más de $92.000 millones a proyectos que beneficiaron a congresistas aliados, además de intervenir en el otorgamiento de créditos públicos.